Advirtió primero Ciudadanos, a través de su portavoz parlamentario Carlos Carrizosa. "Puede haber delito de prevaricación si se gasta dinero público para interponerla". El partido naranja considera que es sumamente 'grave' qie el presidente de una institución del Lisgislativo le diga a un juez lo que tiene que hacer".
La aprobación de la querella contra el magistrado del Supremo, a instancias de JxCat y de ERC, impulsada por Roger Torrent, abre otro episodio de conflicto en torno a la Cámara catalana. Torrent es el padre de la idea, contra la que se pronunciaron los propios letrados de la institución, que advirtieron que esta iniciativa debería corresponder a los partidos o la las personas, y no al Parlamento en pleno. Los Comunes también se han mostrado refractarios a seguir esta vía contra el Supremo.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, señaló en Onda Cero que la interposición de esta querella "esconde un cierto ánimo de amenaza, y sugirió que no es precisamente la mejor vía el intentar amedrentar a un juez mediante escraches, pintadas en su vivienda o querellarse por su trabajo".
El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, advirtió que este paso puede acarrear 'consecuencias', ya que incluso roza la posibilidad de incurrir en el delito de malversación. Torrent debe escuchar a los constatado por los letrados del Parlament, 'que para eso son los técnicos y para eso están", apuntó, y tambié lanzó una advertencia: "Que luego no digan que no estaban advertidos, como han hecho en otras ocasiones.
