El Gobierno confía en que la demora del informe de la Abogacía del Estado sobre la situación judicial del líder de ERC, Oriol Junqueras, no afecte a las negociaciones con los republicanos para la investidura de Pedro Sánchez que, salvo sorpresa mayúscula, no podrá ser antes de fin de año.
En círculos políticos se esperaba que el escrito de la Abogacía se conociera a principios de esta semana, pero lo cierto es que los servicios jurídicos del Estado tienen de plazo hasta el 2 de enero para presentar sus alegaciones a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TSJE) que dictaminó que Junqueras gozaba de inmunidad cuando fue elegido eurodiputado.
En el actual momento de incertidumbre política, Pedro Sánchez no tiene previsto comparecer este viernes en el Palacio de la Moncloa para hacer el tradicional balance del año que hacen habitualmente los presidentes del Gobierno tras el último Consejo de Ministros de cada ejercicio.
La única voz del Gobierno que se ha escuchado este jueves ha sido la de la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, que ha desvinculado el supuesto retraso en conocerse el informe de la Abogacía de cuestiones de carácter político.
"Los procedimientos judiciales no tienen nada que ver con los procedimientos políticos", ha garantizado.
Además, Robles se ha mostrado convencida de que los dirigentes de ERC, que han pedido un gesto a la Abogacía en favor de Junqueras para facilitar la investidura de Sánchez, entenderán que la Justicia tiene "sus propios ritmos".
El Gobierno culpa a la derecha
En cualquier caso, la ministra ha remachado que la responsabilidad de que todavía no haya Gobierno no solo es del Gobierno sino también "de toda la oposición" y, en especial, de los partidos de la derecha que, ha denunciado, dicen estar preocupados por España pero solo están preocupados en criticar a Sánchez.
"Lo importante es que todo el mundo tenga la seguridad y la tranquilidad de que el presidente Sánchez y el PSOE sí estamos pensando en España", ha destacado.
Al margen de la negociación con ERC, que se mantiene de forma discreta, la dirección del grupo socialista ha mantenido durante estos últimos días una interlocución constante con los grupos minoritarios del Congreso.
Fuentes parlamentarias han confirmado la existencia de estos contactos permanentes, que se producen por teléfono y por correo electrónico con intercambio de documentación sobre reivindicaciones autonómicas, regionales o locales.
Y es que con independencia de que el debate de investidura arranque la semana que viene o ya después del día de Reyes, el PSOE pretende garantizarse una horquilla de síes a Sánchez que evite sorpresas en la votación.
PNV y Compromís
Una de las prioridades se ha orientado al PNV, que aún no ha decidido su voto, y también con Compromís, que ya ha avanzado que su "sí" a Sánchez se encuentra más cerca que hace unos días.
El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, espera que se constituya "cuanto antes" el próximo Gobierno central para poder hacer frente a los desafíos pendientes, entre los que ha citado el calendario de transferencias a Euskadi.
Del otro lado, el líder del PP, Pablo Casado, ha calificado de "intolerable" que la investidura de Pedro Sánchez esté pendiente de informe de la Abogacía "sobre un delincuente", en referencia a Oriol Junqueras.
También desde el PP, la vicesecretaria de Política Social, Cuca Gamarra, ha advertido que cuanto más se debilita el presidente en funciones más se "envalentonan quienes quieren romper España".
Ni una referencia al discurso del Rey
La dirigente popular ha criticado que Sánchez no haya salido a "reconvenir" a los independentistas ni haya comentado siquiera con un tuit el discurso del rey en Nochebuena, que ha tildado de "brillante, contundente y con rigor".
"Nos parece indecente que se ponga de rodillas a un país para conseguir un gobierno a cualquier precio y a toda costa", ha lamentado.
También, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado que si Pedro Sánchez se apartase como líder del PSOE, el PP, los socialistas "y el resto de partidos" podrían entenderse para "buscar opciones" para formar Gobierno.
Críticas también del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, de Ciudadanos, que ha calificado de "tremendo" que un candidato "irresponsable" a presidir el Gobierno "ponga la gobernabilidad" de España "en manos de unos delincuentes" y de personas que "están en prisión por delitos tan graves".
