El Gobierno socialista ya ha presentado ante la Junta Electoral Central (JEC) sus alegaciones a las quejas del PP por la intención de aprobar reales decretos de contenido social en plena precampaña. El Ejecutivo de Pedro Sánchez advierte de que el órgano no puede controlar su "potestad" constitucional de aprobar normas en el ejercicio de sus funciones. "La acción del Gobierno no queda suspendida durante el periodo electoral", resume. Y, en su caso, el control sobre la misma lo ostenta el Tribunal Constitucional.
El gabinete del presidente tacha de "inaceptable el relato de hechos que hace el PP" porque su reclamación ante la JEC se fundamenta "en la presunción". Se refiere a que los tres decretos aprobados el pasado viernes (alquileres, brexit e igualdad laboral) fueron firmados antes de la disolución de las Cortes que tuvo lugar el martes. "El control que reclama el PP excede manifiestamente del ámbito de actuación de la JEC", concluye Moncloa.
Asimismo, la secretaría de Estado de Comunicación se defiende asimismo de la pretensión de los populares de suspender durante el período electoral las ruedas de prensa posteriores a los Consejos de Ministros de los viernes. A este respecto, Moncloa dice en cuarenta años de democracia "nunca se ha puesto en cuestión el carácter político-informativo" de las mismas "ni se han lanzado sospechas de contaminar el proceso electoral". Y añade: no "atender a las preguntas de los medios de comunicación" produce "una quiebra del derecho a comunicar y recibir libremente información veraz".
El Gobierno de Sánche prosigue sus alegaciones argumentando que si se aplicase el criterio del PP en 2019 a los acuerdos de los Consejos de Ministros de las doce legislaturas, algunos podrían ser tildados de "electoralistas" porque "tenían un contenido político". Sin embargo, gran parte de los mismos estaban destinados a aprobar ayudas por catástrofes naturales o a tomar medidas que no podían esperar.
Asimismo, Moncloa acompaña sus alegaciones con fragmentos de ruedas de prensa de varias legislaturas en las que las medidas adoptadas en Consejo de Ministros en periodo electoral "se explicaban no en sus rasgos fundamentales, sino que se enmarcaban en la acción de gobierno y se destacaban los avances realizados en el cumplimiento de determinados objetivos". Y va más allá: "el recurso presentado por el PP puede afectar, además, al artículo 20 de la Constitución, porque pide la suspensión de “cualquier clase de publicidad y divulgación, por los medios que sean", concluye.
En este sentido, cree que "esa intención del PP puede llevar a que, por ejemplo, no se puedan publicar en el BOE (información pública) los RDL aprobados, ni siquiera atender las peticiones que le fueran formuladas sobre ellos al amparo de la normativa sobre transparencia y buen gobierno".
