"La justificación política para sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos ya la tenemos", recuerdan en el Gobierno para desmentir todas las informaciones -muchas, simples bulos- que están circulando respecto al cómo y al cuándo: lo ampara, dicen las fuentes consultadas, la proposición no de ley que aprobó el Congreso el 11 de mayo de 2017, con la abstención del PP y ERC, donde se pedía la exhumación del dictador y convertir el Valle de los Caídos en un lugar para la reconciliación.
Ni hace falta un juez -a partir del quinto año de defunción se considera traslado de restos cadavéricos, sujeto solo a autorización municipal-, ni la Iglesia católica se va a oponer -el portavoz de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, dijo este lunes que "corresponde" esa decisión a las autoridades y a la familia Franco-, ni se requiere un acto de gobierno concreto.
Podría empezar, si así lo quisiera Pedro Sánchez, con una simple orden de la vicepresidenta, Carmen Calvo, al organismo Patrimonio Nacional -propietario del recinto-, aunque las fuentes consultadas admiten que buena parte del Gobierno y del PSOE se inclina por aprobarlo mediante un Real Decreto del Consejo de Ministros que dé "solemnidad" histórica a la decisión.
Por si fuera poco, en las últimas horas, hasta el principal partido de la oposición ha venido a sumarse a ese pasar cuanto antes el trámite, por boca de su coordinador general, Fernando Martínez-Maíllo, quien ha señalado en La Sexta: "Si lo quieren hacer (la exhumación de Franco) que lo hagan, pero no hay que hacer un debate político de esto".
Las otras medidas que incluía la proposición no de ley del PSOE costaban 200 millones e incluían desde exhumaciones en fosas comunes hasta la creación de una 'Comisión de la Verdad'
Sí parece claro ya que la conversión de la Basílica del Valle de los Caídos en un "memorial de reconciliación", lo cual incluirá remover a un lugar menos "preeminente" los restos de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange asesinado por los republicanos al inicio de la Guerra Civil (1936), quedará para más adelante.
Entre otras razones porque la proposición no de ley de mayo de 2017 que da justificación política al Ejecutivo de Pedro Sánchez incluía medidas que tenían coste económico: 200 millones; por esa, entre otras razones, el Gobierno Rajoy que la rechazó.
Se pedía "excluir todo tipo de subvención o ayuda pública a cualquier organización o entidad que ensalce o defienda a Franco, su dictadura, el nazismo, la xenofobia o cualquier expresión vejatoria para las víctimas", algo que lleva en la práctica a la ilegalización de la Fundación Francisco Franco. Y se urgía también a crear una Comisión de la Verdad, como recomendó la ONU, para investigar las violaciones de los derechos humanos durante la Guerra Civil y la dictadura; sobre todo las desapariciones porque las asociaciones de memoria hablan de 100.000 enterrados en cunetas de caminos todavía.
Se crearán 'bancos de ADN' para que los familiares de desaparecidos, muchos ya ancianos, dejen muestras y así los cadáveres que se vayan encontrando en fosas comunes puedan ser identificados
Para ello, habría que crear Bancos de ADN donde los descendientes directos de los represaliados por el franquismo, muchos de ellos ya ancianos, dejen antes de morir sus muestras para cotejar con los restos que se vayan encontrando y poder así identificar cadáveres en fosas comunes.
El Congreso también solicitó estudiar la nulidad de las condenas dictadas por los tribunales penales franquistas contra quienes defendieron la legalidad republicana, y reclamó establecer el 11 de noviembre, Día Europeo de las Víctimas del Fascismo, como día de recuerdo y homenaje a las del franquismo, así como fomentar incluir la memoria histórica en los contenidos educativos.
