A Carles Puigdemont no le va a quedar más remedio que regresar a España si quiere volver a presidir la Generalitat. Ni el Grupo Popular del Congreso -le basta la firma de 50 de sus diputados- ni el Gobierno están dispuestos a consentir la "mascarada", en palabras de un alto responsable popular, de investir a un prófugo de la Justicia en Bruselas ates de que se entregue a las autoridades.
La Moncloa sabe que, para salirse con la suya, el independentismo necesita reformar el artículo 146 del Reglamento del Parlament de Cataluña, donde se dice expresamente en el apartado uno que "el candidato presenta, sin límite de tiempo, el programa de gobierno"; y se añade en el dos: "Puede hacer uso de la palabra tantas veces como lo solicite. Cuando responde individualmente a uno de los diputados que han intervenido, este tiene derecho a una réplica de un tiempo igual al utilizado por el candidato (...).
Es decir, que los autores del mismo dejaron muy claro que estaban pensando en una investidura "presencial", resaltan las fuentes consultadas, no en juegos parlamentarios. Por tanto, en caso de que se decidan por cambiar el reglamento, habrá recurso inmediato ante el Tribunal Constitucional de esa reforma exprés, que sería la segunda por parte del independentismo.
El Tribunal Constitucional ya dio la razón a los independentistas cuando modificaron el Reglamento del Parlament para aprobar las leyes de desconexión en lectura única
Siendo presidenta del Parlament Carme Forcadell, en la pasada legislatura, JxSí y la CUP modificaron el reglamento para introducir la llamada "vía exprés", con el objetivo de aprobar la Ley del Referéndum y la Ley de desconexión. Y el Tribunal Constitucional acabó dándoles la razón pero mantuvo en suspenso el trámite hasta que dictaminó.
Esto último es lo que buscaría Mariano Rajoy in extremis para bloquear una investidura que no solo el Gobierno, también el resto de partidos constitucionalistas consideran un "imposible". Aún cuando en las últimas horas ha corrido como la pólvora el rumor de que la llegada de Puigdemont a España se producirá antes de la sesión constitutiva del Parlament el 17 de enero -en parte porque él mismo publicó anoche una foto enigmática dando a entender que podría estar ya en territorio español-, lo cierto es que el escenario que estaría negociando con ERC es su investidura manteniéndose en Bruselas.
Fuentes del entorno de Puigdemont han aseverado que está dispuesto a regresar, como prometió durante la campaña electoral, pero querría hacerlo tras investidura para que su detención tenga mayor repercusión internacional y favorezca la causa independentista.
Los partidos constitucionalistas rechazan en bloque que Puigdemont siga en Bruselas y pueda ser investido presidente de la Generalitat de nuevo. "Vive en Matrix", asegura Rivera
Desde ERC, el dirigente Roger Torrent ha dicho que son los letrados del Parlament los que deben definir, tras el 17 de enero, si una eventual investidura de Puigdemont a distancia se ajusta al reglamento de la Cámara. Sin perjuicio de que pueda pedirse un informe a los letrados, JxCat, el partido del prófugo, considera que la decisión última debe recaer en al Mesa del Parlament que se elegirá el próximo día 17 de enero.
Sin embargo, el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, considera "surrealista" que los independentistas sugieran la posibilidad de una investidura "telemática" de Puigdemont. Maillo ha afirmado que el reglamento de la Cámara no lo permite y ha advertido de que si se pretende interpretar al "antojo" de quienes defienden esta posibilidad, para "contentar" al independentismo, el PP estará atento para recurrir donde sea necesario, incluido al Tribunal Constitucional.
Y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, señaló que el expresident "vive en Matrix" y pretende gobernar Cataluña "a través de Whasapp". También el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, rechaza tajantemente una investidura "telemática u holográfica", ya que el próximo presidente de la Generalitat debe estar en Cataluña.
