El Gobierno del socialista Javier Lambán en Aragón gastó 423 millones de euros en contratos y sueldos irregulares, según explican a Vozpópuli desde la Cámara de Cuentas autonómica tras hacer una auditoría general de las Cuentas de la Comunidad en virtud de los datos correspondientes al ejercicio 2017.
De acuerdo al órgano fiscalizador, el Ejecutivo socialista dedicó en ese año un "volumen significativo" de gastos a cuestiones que "se han ejecutado sin haber tramitado el correspondiente expediente de contratación y sin formalización de contrato, resultando ello preceptivo"; esto es, lo que coloquialmente se conoce como 'contratos a dedo', que no se han ajustado en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Ese dinero comprometido en 2017 sin tramitar expediente y ni formalizar contrato suma un total de 211 millones de euros, de los que la mayoría ha ido a parar a cuestiones de Salud (198 millones, de los que 182 corresponden a suministros de farmacia hospitalaria y 16 a gasto en implantes), ocho millones a servicios de rutas escolares convalidados por el Gobierno de Aragón, y cinco millones por diversos servicios de atención a menores, de ocupación de plazas residenciales y otros, sin contrato en vigor.
Incumplimientos repetidos
Paralelamente, "se mantuvieron los siguientes incumplimientos ya señalados en los informes de fiscalización de la Cuenta General de los Ejercicios 2015 y 2016", relativos a "disposiciones en materia de personal con trascendencia económica (que) no estuvieron amparadas en normas de rango legal o reglamentario, sino que se regulaban a través de Acuerdos de Mesas Sectoriales, Convenios, Acuerdos del Gobierno de Aragón y Resoluciones o Instrucciones de los órganos directivos de la Administración o de los organismos autónomos".
El Gobierno autonómico gastó así 212 millones de euros en "complementos autonómicos transitorios" sin respaldo en norma legal o reglamentaria alguna.
Se trata de gastos sin el correspondiente expediente o normal legal que los respalde
De esos "complementos autonómicos transitorios", 13 millones fueron para funcionario de carrera y estatutario en el ámbito de la Administración General; siete millones para los de la Administración de Justicia; 34 millones para el personal docente no universitario; 49 millones para Salud y otros cinco millones también para esta última partida última por prolongación y exceso de jornada aún pese a carecer de mecanismos de control horario.
Otros 104 millones, en suma, fueron para el sector Salud como complemento de productividad sujetos en principio a rendimiento pero que se acabaron "percibiendo con carácter fijo", según reprocha la Cámara.
A todo lo anterior cabe sumar, además, otros 448 millones de euros en contratos que "no fueron comunicados a la Cámara de Cuentas y de los que tampoco consta su anotación en el registro público de contratos ni su publicación en el portal de transparencia", esto es, según explican fuentes de la Cámara a este medio, contratos que el órgano fiscalizador no ha podido auditar.
Endeble situación financiera
Según los datos de la Cámara de Cuentas, la comunidad destina 2.146 millones a gasto de personal, compuesto por 56.411 trabajadores (el 10% del empleo total de Aragón).
La Cámara critica que la Comunidad, con una deuda de 8.553 millones, incumpliera la regla de gasto en 2017, habiendo alcanzado un déficit de 332 millones (0,92% del PIB regional) que supone una desviación de 116 millones respecto al objetivo inicial fijado en el 0,6% (216 millones).
De acuerdo al órgano auditor, "si los ingresos no aumentan, la Comunidad necesitará seguir endeudándose para financiar el gasto corriente o bien reducir sus gastos en, al menos, 349 millones de euros".
