El Gobierno no comparte "las prisas" manifestadas por el PSOE en Murcia para desalojar del poder a Pedro Antonio Sánchez, investigado en el caso Auditorio, y cree que lo más conveniente es "esperar" a que la Justicia decida sobre él antes de emprender iniciativas para tumbarle. "Ha acudido ante el juez, ha declarado ante el juez, lo que tenemos que hacer todos es esperar a ver cuál es la posición del Tribunal Superior de Justicia", ha enfatizado el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, este viernes desde Moncloa.
Al término de la reunión semanal del Consejo de Ministros, Méndez de Vigo ha valorado el movimiento de los socialistas murcianos -esta mañana han registrado una moción de censura contra Sánchez- y ha apuntado que el Ejecutivo tiene una "posición clara y continuada" respecto a este caso: "cautela, prudencia, dejar la precipitación o las prisas fuera del debate". Al barón murciano, ha explicado, se le investiga por hechos ocurridos "hace diez años" que constituyen un "caso administrativo", "no corrupción".
El ministro ha dado más argumentos en el mismo sentido -"las precipitaciones nunca son buenas", hay que hacer "gala de cierta cautela" en estos asuntos- y ha subrayado que el propio Pedro Antonio Sánchez se ha comprometido a retirarse "si es imputado formalmente": "Lo bueno es esperar, lo correcto es esperar". También ha destacado la fragmentación de la división en este tema -"unos quieren gobernar, otros quieren disolver para que haya elecciones..."- y ha restado importancia al hecho de que el juez que lleva el caso, Pérez-Templado, fuera fotografiado junto a un dirigente del PP al día siguiente de tomar declaración al presidente regional. "No conozco ni la imagen ni las circunstancias, en Murcia todo el mundo se conoce", "no hay que sacar ninguna conclusión extraña de la misma", ha indicado.
Además, Méndez de Vigo ha dado a conocer el nombre del nuevo JEMAD -Fernando Alejandre- y ha informado de que el Gobierno llevará al Tribunal Constitucional los Presupuestos catalanes en cuanto estos se publiquen. Lo hará con independencia de que el Parlamento vaya hacer lo mismo -a través del PSOE, por un lado, y de PP y Ciudadanos, por el otro-. Esas cuentas incluyen una partida para financiar el referéndum independentista, cosa que los tres partidos citados y el Ejecutivo consideran contraria a la Carta Magna, algo que ya resolvió el Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña.
