En la agenda del Gobierno estaba desde hacía tiempo el agravamiento del desafío soberanista en Cataluña, del que Mariano Rajoy y algunos de sus ministros mantienen puntualmente informado al núcleo duro de la UE. En las últimas semanas, se han reforzado los contactos a niveles de gobierno y de embajadas para conseguir algo que en La Moncloa ya se da por hecho y es el contundente rechazo del conjunto de los socios comunitarios, especialmente de Alemania, Francia e Italia, a los planes secesionistas que emanan de la Generalitat, en un momento en el que esta ha pisado el acelerador para conseguir sus objetivos y parece que acerca el proceso a su recta decisiva.
Merkel, Hollande y Gentiloni garantizan que el conjunto de la UE dará la espalda al proceso soberanista cuando llegue su momento decisivo
Esta ofensiva del Ejecutivo español coincide con una etapa dulce para su diplomacia y su peso en las instituciones europeas, como lo demuestra la invitación a Rajoy a participar el próximo lunes en la reunión que Angela Merkel, François Hollande y Paolo Gentiloni mantendrán en Versalles.
Fuentes gubernamentales explican que el compromiso del núcleo duro de la UE en contra del proyecto separatista “es firme” y supondrá, en su momento, un importante dique de contención en el caso de que el bloque soberanista catalán intente de nuevo hacerse oír en Europa a medida que el recorrido del desafío avance.
La actividad diplomática desplegada por el Gobierno para conseguir este compromiso comunitario no solo se ha limitado a explicar a los principales socios lo que se juega España y algunos Gabinetes europeos, los más amenazados por movimientos secesionistas, en este envite, sino a contactar también con los países bálticos para evitar que la presencia cada vez más frecuente de la Generalitat y de su consejero de Exteriores, Raul Romeva, en ellos, acabe ganando eco a pesar de las declaraciones contradictorias que sobre el posible derecho de Cataluña a la autodeterminación han salido en ocasiones de gobiernos como los de Estonia, Lituania y Letonia, los más permeables, como es lógico, a apoyar procesos independentistas de esta naturaleza.
Por circuitos marginales
“Podemos confirmar con satisfacción que el núcleo duro de la UE le ha cerrado la puerta a la Generalitat, condenándola a pasearse en algunos países por circuitos marginales. Es obvio que la inmensa mayoría de nuestros socios le dan la espalda al independentismo”, explican fuentes gubernamentales. Esto es algo que demuestra no solo la actitud del presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, gran amigo de España, sino también la del presidente del Consejo Europeo, el polaco Donald Tusk. Ambos le han dado un sonoro portazo al separatismo catalán, algo que no es nuevo para Artur Mas. Cuando viajó a Moscú en el arranque de su periplo soberanista siendo todavía jefe del Gobierno catalán, acabó su visita sin entrevistarse con ningún dirigente de primer nivel. Todos los intentos posteriores de internacionalizar la ofensiva secesionista a través de los comisarios europeos se han cerrado también con un claro fracaso y nula audiencia, pues la contestación ha sido la misma: la comunicación oficial con la UE solo discurre a través de la representación española en Bruselas.
En estos circuitos secundarios colocan estas fuentes, por ejemplo, la reciente presencia de Mas en el Kursaal donostierra, junto a Juan José Ibarretxe, o el trayecto que ahora le conduce a Oxford y a Harvard para explicar a los universitarios el anhelo independentista de un sector de la población catalana y lo que está haciendo la Generalitat para darle respuesta. Es lo que intentará también en estas plazas a final de mes el propio Carles Puigdemont.
En el Gobierno se consideran marginales los circuitos por los que Mas y Puigdemont encarrilan su ofensiva internacional para vender el proceso
El último paso del Gobierno autonómico ha consistido en intentar que el Parlamento catalán cargue con la responsabilidad de tramitar la ley que permitiría la convocatoria de un referéndum, con el fin de exonerar a la Generalitat de ella, evitar que Puigdemont acabe sentado en el banquillo del Supremo como ahora acaba de hacer Mas y, de paso, estrechar los tiempos de que dispondría el Gobierno para recurrir al Tribunal Constitucional.
