El Gobierno se empeña en diferenciar la crisis del coronavirus de la financiera de 2008-2012. Confía en la compra masiva de la deuda por parte del Banco Central Europeo después de la doctrina Draghi, pero el equipo de Pedro Sánchez sabe que esto no será suficiente para salir de la tormenta y que hará falta más dinero europeo. El déficit se disparará por gastos como el sanitario y los ERTEs, y eso conllevará un análisis pormenorizado de la ayuda europea por parte de los países acreedores del norte.
Es decir, que si de rescate quizás no se hable (al menos no en los términos de la crisis financiera de 2008), la Comisión Europea, liderada por Ursula Von der Leyen, no renunciará a fiscalizar el trabajo del Ejecutivo. Y en pedir ajustes en las cuentas. Lo que derivará, según las primeras estimaciones, en recortes en la administración pública y caída de las inversiones del Estado en infraestructuras. Todo ello acompañado con un aumento de los impuestos.
De momento el mercado de los bonos del Estado procede bien. Pero todos saben que la deuda se disparará en el corto plazo. Con el grifo abierto del gasto público en la sanidad y sobre todo en los ERTEs, el Estado se encontrará a partir de 2021 a tener que hacer frente a una balanza interna muy preocupante. Por ello, Sánchez está empeñado en mutualizar esa deuda con otros países de la UE. Y en pedir el respaldo del Partido Popular, que se lo dará pero a cambio de que todo se vote en el Congreso. "Con luz y taquígrafos", aseguran los de Pablo Casado.
Control de los países acreedores
Esta semana será clave para saber si el Eurogrupo acuerda las condiciones de las ayudas del MEDE. Aunque todo apunta a que el gasto sanitario no implicará intereses financieros. El dinero restante que llegará para la reconstrucción estará vigilado por los países acreedores. “Y es normal, porque son los esfuerzos de los ahorradores de esos países”, tienen que reconocer incluso en área socialista.
En el Ejecutivo y en varios foros económicos de prestigio barajan el aumento del déficit este año hasta un 10%. Se trata de una cifra que preocupa, porque si se acompaña con un repunte descontrolado de la prima de riesgo en los bonos del tesoro puede determinar una suspensión de pago, es decir, el default.
Esta última opción no está de momento sobre la mesa del Gobierno. Sánchez considera, al igual que los economistas y centros financieros más relevantes, que el BCE intervendrá. Pero también sabe que la entidad dirigida por Christine Lagarde no podrá cubrir toda la emisión de deuda. Así que la mirada está puesta en la Comisión, y en los tiempos de su intervención.
Compra de bonos y recortes
Fuentes del Ejecutivo señalan a los países del norte de Europa como los más reticentes en permitir que la UE actúe cuanto antes. En el cuartel general de Moncloa se mira más a Holanda que a Alemania. Así resume la problemática una fuente gubernamental: “Con un 10% de déficit el problema es que la deuda se dispara y puedes tener problemas a colocar los bonos. La BCE intervendrá y también lo hará la Comisión, pero obligará a hacer recortes”.
Incluso las apelaciones de Iglesias para evitar las recetas de austeridad durante la etapa de Zapatero caerán en saco roto, según estas previsiones.
La palabra recortes sobre la cuál una generación de nuevos dirigentes construyó su éxito político puede ahora dar la vuelta como un bumerán. En los ministerios económicos del Ejecutivo ya nadie niega que el Estado va a tener que reducir el gasto público en el capítulo de las transferencias. “Todo eso entrará en el presupuesto de 2021”, revelan.
La primera en ser golpeada será la administración pública. Las autoridades europeas exigirán la reducción de partidas consideradas superfluas. Duplicidades o gastos no justificados. Por ejemplo, la excepción a las leyes presupuestarias que aplicó Sánchez en plena pandemia para asegurar a las Comunidades Autónomas 100 millones de euros contra la violencia de género, aún sabiendo que el año anterior no habían sido eficaces en su ejecución, como desveló Vozpópuli.
"Bruselas vigilará el salario mínimo vital"
Hay más. “En Bruselas vigilarán el gasto del salario mínimo vital”, aseguran fuentes conocedoras de los movimientos en Europa. El Ejecutivo ha prometido llevar a cabo una medida anticrisis cuyo coste es todavía desconocido. Los economistas barajan que servirá entre 5.000 y 6.000 millones de euros al año para garantizar pagas de unos 500 euros a personas más desfavorecidas. En la situación actual y con la mirada de países acreedores esta iniciativa puede resultar muy polémica. De ahí el trabajo puntilloso del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y las apuntes críticos de Pablo Iglesias por los retrasos.
Luego están las previsiones del Fondo Monetario Internacional y del Banco de España, que arrojan escenarios de una caída del PIB de entre el 7% y el 13%. En el Gobierno creen que la situación no es tan mala, y que la bajada será inferior. Las inversiones extranjeras es probable que no se reduzcan y la economía está resistiendo mejor de lo que se temía hace un mes. Pero el Ejecutivo reconoce que la deuda se disparará a cifras récord y que, con ella, habrá que asumir un nuevo enfoque del gasto presupuestario.
La sensación que se desprende en la Moncloa es de la existencia de una espada de Damocles sobre la cabeza del Presidente. La sombra de 2008 y los recortes, que Iglesias y Sánchez intentan exorcizar a través de expresiones como el “escudo social”, está destinada en reproducirse en esta nueva crisis. “Y todo esto sin tener en cuenta un posible rebrote en otoño”, admiten en el Gobierno. Muchos en el PSOE creen que la legislatura está mutilada y asumen un nuevo ciclo electoral en el corto o medio plazo, aunque no lo pronuncien públicamente. Es probable que los ánimos en Podemos no difieran mucho.
