El Gobierno tiene a punto todas sus armas de respuesta ante la posible convocatoria de un referéndum en Cataluña. "Se hará todo lo que se tenga que hacer", han declarado algunos miembros del Ejecutivo. Carles Puigdemont ya ha adelantado que anunciará este viernes la fecha y la pregunta. El siguiente pasó, será presumiblemente la convocatoria formal de la consulta.
En el momento en que esto ocurra, el Gobierno moverá sus piezas en el plano jurídico. La fórmula inmediata es la presentación de una querella por parte de la Fiscalía por desobediencia a los dictámenes del Constitucional. El Alto Tribunal ya ha fallado en varias ocasiones que la Generalitat no puede dar ni un solo paso mediante la aprobación de medidas que impliquen avanzar en el proceso secesionista. Esta vía podría incluso llevar a la inhabilitación, pero el procedimiento es lento y culminaría posiblemente después de la celebración del plebiscito.
La vía más rápida es la del Constitucional, como ya se ha hecho en otras ocasiones. La abogacía del Estado está preparada para interponer el correspondiente recurso ante el TC a fin de que suspenda la celebración de la consulta, en la línea de lo que ha venido actuando hasta ahora.
Dado que la Generalitat, tanto en los tiempos de Artur Mas como con el actual presidente, Carles Puigdemont, suelen hacer caso omiso a los fallos del TC, debería irse en esta oportunidad algo más lejos, con la adopción de medidas más drásticas, como la suspensión en sus cargos de los miembros del Gobierno o del Parlamento catalán que tomen parte en esta iniciativa. La abogacía del Estado puede dar el paso. La cuestiones la repuesta que dé el Constitucional.
El control sobre los Mossos
Miembros del Alto Tribunal ya han hecho saber que no asumirían la responsabilidad de apartar de su puesto a miembro alguno del Ejecutivo catalán. Menos aún, del propio 'president', algo que sí entra en los planos del Gobierno central. Si no hay suspensión, quizás no haya posibilidad de atajar el plebiscito. La Generalitat sigue en su línea hacia la 'desconexión'. Acaba de recibir las propuestas para el concurso de la fabricación de las urnas.
El Constitucional pretende que las decisiones sobre el desafío secesionista se lleven a cabo por unanimidad de todos sus miembros. No la habrá seguramente si se les pide la suspensión de altos cargos. Así ocurrió con el 9N, que el TC sentenció en contra de su celebración pero no fue más allá para actuar directamente contra el expresidente Mas.
En su momento se argumentó que este paso ha de darlo el Gobierno o la Fiscalía y no un Tribunal. Es posible que la Abogacía del Estado incluya en su escrito esta petición. El TC ya ha anunciado cual será su respuesta. Entonces, pocas alternativas le quedarían al Gobierno salvo, quizás, la de recurrir a la Ley de Defensa Nacional y asumir por unas horas o días el control del Gobierno central sobre los Mossos. Una posibilidad que también se maneja en algún despacho de Moncloa.
