Pedro Sánchez llegó a La Moncloa el uno de junio, hace cien días, aupado por una moción de censura basada en la idea primigenia de convocar elecciones "cuanto antes" para acabar con el bloqueo político al que había abocado Mariano Rajoy a España; pero ahora, una vez conformado un Gobierno muy bien recibido por los medios de comunicación, con pesos pesados tipo José Borrell o Nadia Calviño, pretende quedarse hasta 2020 so pretexto de "estabilizar" el país.
Las encuestas llegadas a La Moncloa en los primeros días confirmaban que el electorado ha recibido bien a Sánchez. Su problema es que los primeros cien días de ejecutoria están llenos de desmentidos y rectificaciones.
La última rectificación, este mismo viernes tras la amenaza de Arabia Saudí con cancelar contratos como las cinco corbetas contratadas con Navantía -1.800 millones y trabajo para 6.000 personas en los astilleros de San Fernando (Cádiz)- o el AVE a La Meca, si no se da marcha atrás en la negativa a venderles 400 misiles guiados por láser.
La Moncloa derivó aprisa y corriendo el lío a una comisión interministerial cuyo único objetivo, aunque no declarado, es desautorizar a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que había paralizado la venta de esas bombas al todopoderoso Reino saudí.
Pero antes que la metedura de pata de Robles vino otra, de gran calado político para el PSOE como fue la publicación el 4 de agosto en el BOE de la legalización del sindicato de prostitutas barcelonés OTRAS, que ha costado el puesto a la directora general de Trabajo, Concepción Pascual.
La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, una de las personas de mayor confianza del presidente del Gobierno se declaró abochornada y llegó a reconocer que estaba pasando los peores días de su vida política porque "me han metido un gol por la escuadra".
El no a pagar el abogado belga a Llarena, el impuesto a la banca que será a "transacciones financieras" -pagan los clientes-, o los "días contados" del diésel son ejemplos
Otro tanto pasó hace una semana con la determinación inicial de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, de que el Estado no pagara al magistrado Pablo Llarena, la defensa en Bélgica frente a la querella presentada por el expresidente de la Generalitat huido, Carles Puigdemont. Tuvo que intervenir hasta el ministro de Exteriores, Josep Borrell, ante el presidente , para hacerle ver el tremendo error internacional que iban a cometer España, y finalmente Justicia ha hecho una provisión de fondos de 540.000 euros.
Por no hablar del fichaje fallido del exministro de Cultura Maxim Huerta -una semana duró por un problema fiscal-, y de las promesas incumplidas o muy matizadas, como el impuesto a la banca que, después de las presiones ejercidas por el Santander y otras entidades -llegaron a especular con el traslado de la sede social al extranjero-, se va a quedar en un impuesto a las transacciones financieras; de los "días contados" para los vehículos diésel, que anunció la ministra de Transición ecológica, Teresa Ribera, que finalmente se va a quedar en una subida del precio de ese carburante.
Pero, sin duda, el aspecto más preocupante para el PSOE y el presidente del Gobierno, por encima de las novatadas para muchos es la debilidad parlamentaria. Se sabía desde el mismo momento de la moción contra Rajoy pero la investidura de Sánchez creó un espejismo de mayoría de 176 diputados que se ha ido diluyendo en estos cien días.
De hecho, el Grupo Socialista solo puede presumir de haber sacado adelante en estos meses el nombramiento de Rosa María Mateo como administradora única de RTVE y eso después de un rocambolesco episodio de negociación con Podemos en el que antes que se especuló con que presidieran el ente desde el director de Radio 3, Tomás Fernando Flórez, hasta la directora de Público Ana Pardo de Vera -ella misma desveló las interioridades de la negociación- pasando por el redactor jefe de eldiario.es Andrés Gil.
La Moncloa presume que haber restablecido con Cataluña un diálogo en "tiempo récord" y cree "absolutamente descartado" un adelanto electoral a 2019
Pese a todo esto anterior, la ministra portavoz, Isabel Celáa, presumió el pasado viernes de el gobierno de Pedro Sánchez ha recuperado "en tiempo récord" el diálogo roto con la Generalitat de Cataluña y con su presidente, Quim Torra, y en general toda la política española.la ministra avisó que no habrá elecciones generales en 2019 porque el Gobierno va a sacar adelante los presupuestos: "Está absolutamente descartado".
Celaá comenzó así la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, con un repaso de las actuaciones que ha llevado a cabo el Gobierno en estos tres meses afrontando los conflictos "siempre con el diálogo por delante y la negociación en el marco de la ley".
"Nos encontramos una política aletargada inmersa en complicadas situaciones de conflicto y con unas relaciones con Cataluña que estaban muy enquistadas" por el conflicto soberanista, que "era necesario construir de forma paciente y respetuosa", y por la "ausencia de iniciativas para responder a las demandas de la sociedad", señaló Celaá.
La titular de Educación defendió que el Ejecutivo ha puesto en marcha medio centenar de medidas, entre ellas 15 reformas legislativas, y que quiere celebrar el 40 aniversario de la Constitución para que esta celebración ayude a "todos los españoles a recordar lo que nos ha unido estos 40 años y no lo que nos separa y todo lo que España ha avanzado".
Según Isabel Celaá, el Gobierno trabaja por blindar el Estado de Bienestar con políticas sociales en sanidad y educación, "es un Gobierno ecologista" que apuesta por reformas en cambio climático y transición energética, "un Gobierno feminista que trabaja contra la desigualdad", que quiere "dignificar la memoria histórica" e impulsar un proyecto europeo y común y la lucha contra la xenofobia y el populismo.
