La DANA que azotó Valencia y parte de Castilla-La Mancha hace unas semanas todavía sigue coleando. Al margen de las terribles consecuencias humanas y materiales, el plano político ha copado, cómo no, el asunto. Una vez superada la primera fase de emergencia, los diferentes ejecutivos comenzaron a deslizar las ayudas económicas que harían llegar a la población afectada.
Estas subvenciones, que el Gobierno central ligó, de forma partidista, a la aprobación de los Presupuestos de 2025, aún no han llegado a los más necesitados. Del mismo modo que las ayudas de la Comunidad Valenciana. Algo que, por extraño que pueda resultar, suele ser habitual en estos trámites burocráticos.
Bien lo saben en la Comunidad de Madrid donde, un año y dos meses después de la terrible DANA que destrozó nueve municipios del suroeste de la región, continúan esperando las ayudas del Gobierno de la nación. En diciembre de 2023, el Ejecutivo regional anunció una inversión de 60 millones para recuperación de infraestructuras dañadas.
Según nos confirman fuentes del Gobierno de Díaz Ayuso, Moncloa aprobó 43,7 millones de los 60 anunciados, considerando que entraba dentro de "las actuaciones subvencionables". Como estas ayudas sólo se pueden financiar al 50%, el montante final que le debe Moncloa a Sol es de 22.387.000 euros.
Esta cantidad viene de la suma de 21,8 millones de ese 50% más 400.000 euros extras que la CAM destinó a los Ayuntamientos de la zona para restablecer sus municipios. Catorce meses después de la desgracia, y habiendo sido reconstruidos los puentes de Aldea del Fresno, arrasados por la DANA, en la Comunidad de Madrid continúan esperando el pago.
Una situación que denunció el miércoles el consejero de Presidencia y mano derecha de Díaz Ayuso, Miguel Ángel García Martín. Para salir al paso de esta situación, el delegado del Gobierno, Francisco Martín, cargó ayer contra la CAM, alegando que "que mienten, mienten y a sabiendas".
La realidad es que, viéndose apretado por las informaciones y declaraciones desde Sol, el Gobierno puso en marcha la autorización de dicha subvención, la cual tiene como objetivo cubrir los 22 millones de euros que se le deben a Madrid por hacerse cargo, en su totalidad, de los gastos ocasionados por la DANA. Sin embargo, Vozpópuli puede confirmar que ni la orden de transferencia ha sido dada ni la CAM ha recibido dicho dinero.
"A pesar de sus desplantes, a pesar de sus mentiras, a pesar de sus campañas, el Gobierno de España, como hemos demostrado, ha estado asumiendo su responsabilidad y después de haber declarado zona catastrófica toda esta zona del suroeste de la Comunidad de Madrid".
"Y, como les he dicho, falta realizar la transferencia, que está ya autorizada la subvención, con un total de 64 proyectos que serán subvencionados por el Gobierno de España, alcanzando satisfactoriamente los 22.387.000 euros", expuso ayer el delegado del Gobierno en Madrid. Un claro aviso a navegantes de lo que puede suceder en Valencia en una situación similar con la Generalitat.
Expediente con la Confederación Hidrográfica del Júcar
La Confederación Hidrográfica del Tajo inició en octubre un expediente sancionador contra la Comunidad de Madrid por ocupación de cauces para la reconstrucción de los puentes que asoló la DANA de septiembre de 2023. En concreto, el organismo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica propuso una sanción de 4.500 euros a la Comunidad de Madrid.
El expediente sancionador, con fecha de 27 de septiembre de 2024, es por una infracción administrativa leve por la ocupación del cauce del Arroyo Grande mediante la construcción de dos puentes provisionales sin la autorización o concesión administrativa de dicho organismo.
Una propuesta de sanción que desde el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid ya han anunciado que van a recurrir. Así lo confirmó el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de esa semana.
En palabras de García Martín, el ministerio liderado por Teresa Ribera es "como el perro del hortelano, que ni come ni deja comer". Además, ha afeado que el Gobierno de Pedro Sánchez no haya entregado aún ninguna de las ayudas prometidas tras los desastres provocados por la DANA del año pasado en municipios del suroeste de la Comunidad de Madrid.
Un expediente sancionador que el delegado del Gobierno niega rotundamente, afirmando que es "una mentira más, y hay que dejárselo claro a los ciudadanos madrileños". Según explicó, la CHT ha abierto un expediente ordinario porque la Comunidad de Madrid, en uno de los 15 expedientes que se estaban trabajando, no ha presentado a posteriori la documentación que se le estaba solicitando.
"Es decir, ha habido 15 expedientes. Todos se han tramitado con normalidad, excepto uno en el que a posteriori la Comunidad, a pesar de que se le ha requerido en varias ocasiones la presentación de una documentación, no la ha presentado", remataba el delegado.
