El Pleno del Congreso de los Diputados dio luz verde el pasado jueves al proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. La norma impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez ha provocado un auténtico revuelo en gran parte de la carrera judicial que alerta sobre la inclusión de una disposición en el texto que permitiría que magistrados suplentes y jueces sustitutos puedan "entrar por la puerta de atrás a la Carrera Judicial".
En la disposición decimonovena del texto legislativo, el Ejecutivo se compromete a presentar en las Cortes un proyecto de ley en el plazo de tres meses para "acabar con la temporalidad de jueces interinos "aumentar el número de efectivos y fortalecer la Carreras judicial y fiscal". A pesar de que el Gobierno de coalición aún no ha definido las líneas maestras de dicha propuesta, tres de las principales asociaciones de la magistratura avisan de podría tratarse de otra maniobra para "colocar a dedo a jueces en la carrera judicial".
Así lo explica a Vozpópuli, María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) quien, además, ha recordado que ya existen vías recogidas por la ley para que los jueces y juezas sustitutos puedan acceder a la carrera judicial. La primera a través de una oposición libre y, la segunda, por el cuarto turno para juristas de reconocido prestigio con más de 10 años de experiencia.
"Es inaceptable. Si la pretensión es hacer a los jueces sustitutos jueces titulares, nos vamos a oponer de forma rotunda", ha señalado la portavoz de APM. Del Barco arremete contra la justificación que pretende dar el Gobierno para colar esta nueva reforma, al detallar que dicha proposición de ley va encaminada a cumplir con los requerimientos de la Justicia europea respecto a la imposibilidad de encadenar contratos temporales para los funcionarios públicos. "No es un proceso de estabilización, pero es que además los jueces no somos funcionarios somos poder del Estado", matiza.
En la misma línea, el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria sostiene que otorgar a los jueces sustitutos la opción de entrar a la carrera judicial bajo estas condiciones "un riesgo para la independencia judicial porque no está garantizada por un concurso de méritos y capacidad". Todo esto sin contar, que tendría una "ventaja considerable" sobre aquellos jueces que han tenido que estudiar durante años una oposición para entrar en la carrera judicial.
Atenta contra la Constitución y la separación de poderes
Asimismo, Sergio Oliva detalla que, según los procedentes sobre funcionarios interinos, el Gobierno tendría dos formas para compensar a los profesionales públicos en situación de temporalidad recurrente; por un lado, con una compensación económica -opción rechazada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea- u otorgándoles la condición de "indefinidos no fijos". No obstante, el representante de AJFV defiende que, respecto a lo recogido en la Constitución Española, "resulta imposible que exista un poder judicial" que no haya adquirido la plaza mediante una oposición.
Si finalmente el Gobierno sigue adelante con esta idea y se aprueba una ley que fomente que existan "jueces de oposición y jueces interinos", desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria estudiarían tomar acciones legales. Incluir la figura de indefinidos no fijos en la carrera judicial "quebranta varios principios de la Constitución", sentencia.
Fernando Portillo, presidente de Foro Judicial Independiente, subraya de que además de "ir contra los principio de igualdad mérito y capacidad", permitir que los jueces sustitutos pasen a ser "de repente" jueces de carrera también "atentaría contra la separación de poderes. "Ahora mismo, los jueces ingresan en la carrera judicial lo hacen porque el Consejo General del Poder Judicial tiene definida cuál es la vía de acceso, cómo le corresponde dentro de sus competencias. Si el Poder Ejecutivo y el Legislativo deciden automáticamente convertir en jueces profesionales a los jueces sustitutos, nos estaríamos saltando también esa competencia. Esto daría pie a decir que los jueces han sido puestos ahí por voluntad política", añade.
Otras propuestas para controlar el acceso a la carrera judicial
Respecto a la voluntad política del Gobierno sobre el acceso de los jueces a la carrera judicial. María Jesús del Barco recuerda la propuesta de Sumar para reformar el examen de acceso a la carrera judicial. Una reforma que aboga por sustituir el sistema de oposición libre para que aquellos que hayan superado la licenciatura o el grado universitario en Derecho y cuenten con los mejores expedientes académicos, soliciten el acceso y superen un test psicotécnico, ingresen en la Escuela Judicial.
La presidenta de APM critica que la formación de Yolanda Díaz "parte de una idea errónea" de que los estudiantes que deciden hacer una oposición para juez son provienen de una especie casta. En consecuencia, recuerda que no es la primera vez que el Gobierno pretende controlar el acceso a la carrera judicial y "hacer titular a quien no ha acreditado a tener los conocimientos".
Sentencias del TJUE
Por su parte, Edmundo Rodríguez defiende la disposición del Gobierno para cumplir las exigencias de la Unión Europea respecto a los funcionarios interinos. El portavoz de Juezas y Jueces por la Democracia recuerda que hay varias sentencias del TJUE en el que se exige al Estado español a acabar con la temporalidad para los profesionales públicos: "Es un problema que hay que solucionar".
Por contra, el portavoz de la AJFV sostienen que no se puede utilizar un problema "que precisamente ha generado el propio Gobierno" para dejar que los jueces interinos entren a la carrera judicial "por la puerta de atrás". "Durante años no se ha hecho una convocatoria de plazas que permita cubrir las plazas de jubilados, ahora venden esto como una solución para hacer la trampa", apunta María Jesús del Barco.
Por el momento, la norma impulsada por los socialistas ha recibido al aval del Pleno del Congreso, con el voto en contra del Partido Popular y Vox. El siguiente paso será pasar el examen de la Cámara Alta, donde aún podrán incluirse nuevas enmiendas al texto final.
