El Gobierno ha traspasado al País Vasco las competencias sobre el tramo de la autopista AP-68 a su paso por esta Comunidad que, de esta forma, y tras recibir recientemente el tramo vasco de la AP-1, pasa a asumir todas las vías que discurren por su territorio.

La AP-68 es una autopista de 294 kilómetros de longitud que enlaza Bilbao y Zaragoza, y que actualmente gestiona Abertis a través de un contrato de concesión.

En cuanto el traspaso se materialice, el Gobierno vasco pasará a hacerse cargo de la titularidad, funciones y servicios de esta vía desde el punto kilométrico cero, en Bilbao, hasta el kilómetro 77,5, en el límite entre Álava y Burgos, según informó el Gobierno central en un comunicado.

El Gobierno vasco asumirá la posición que hasta ahora tenía el Estado hasta año 2026, fecha en la que concluye el referido contrato de concesión con Abertis.

Al asumir estas competencias, el Ejecutivo autonómico descontará anualmente de la suma que aporta al Gobierno central unos dos millones de euros. Este importe equivale al 6,24% de los algo más de 31 millones de euros que el Gobierno central presupuesta anualmente para financiar las autopistas del Estado.

Con el traspaso del tramo vasco de esta autopista a esta Comunidad, firmado este martes por el Gobierno central y vasco, las instituciones vascas, tal y como se recoge en el Estatuto de Gernika de 1979, pasan a ser titulares del cien por cien de la red de carreteras que discurren por la comunidad autónoma.

Además, con este traspaso, que se produce tras un acuerdo similar sobre la AP-1 alcanzado en noviembre, se completa un proceso que comenzó en 1980.

"Lealtad y colaboración"

Para el Gobierno central, este traspaso "da cumplimiento" al reconocimiento de un título competencial recogido en el Estatuto vasco y en la disposición adicional primera de la Constitución, tal y como ha sido interpretado por doctrina del Tribunal Constitucional.

El acuerdo responde a la voluntad del Ejecutivo de "dar cumplimiento al marco estatutario, a través de unas conversaciones que, con todas las comunidades autónomas, deben estar presididas por la lealtad y la colaboración".

De su lado, el Ejecutivo autonómico considera que este pacto es un paso "positivo" para seguir avanzando en el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika.

Además, estima que "reconoce y refuerza el modelo histórico de relación pactada y bilateral del Concierto Económico" y que este acuerdo sea "el preludio" de nuevos pactos.