El Gobierno aún está valorando cuál debe ser la actuación de la Abogacía del Estado en defensa del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, a quien ha citado la justicia belga el próximo 4 de septiembre como consecuencia de la demanda presentada en ese país por el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, que acusa al instructor de la causa del 'procés' de no ser imparcial.
Un día después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) otorgara amparo a Llarena y solicitara la actuación de los ministerios de Justicia y Asuntos Exteriores, a través de la Abogacía del Estado, "para asegurar la integridad e inmunidad de la jurisdicción española ante los tribunales del Reino de Bélgica", fuentes del Ejecutivo precisan que "aún se está valorando cuál debe ser la actuación de la Abogacía del Estado".
Cualquier intervención de la Abogacía del Estado ante un juzgado o tribunal de un país extranjero debe realizarse necesariamente a través de la contratación de un abogado en ese país, pero este paso "todavía no está decidido y, por lo tanto, no se ha contratado a ningún abogado en Bélgica", sostienen en Moncloa.
Llarena pidió al Consejo del Poder Judicial que le amparase en relación con una demanda civil presentada el pasado mes de junio en dicho país por Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros, que le acusaron civilmente ante la justicia belga de falta de imparcialidad y de vulnerar su presunción de inocencia. La demanda fue admitida y un juez ha citado al magistrado Llarena el próximo 4 de septiembre.
El amparo del Consejo ante lo que el órgano de gobierno de los jueces considera "un ataque planificado a las condiciones de independencia en las que desarrolla su labor jurisdiccional", consistirá también en arbitrar las medidas relativas a la integridad económica del magistrado. Es decir, que el Estado asuma la condena --Puigdemont le reclama un euro de manera simbólica-- y las costas que se deriven de una eventual condena civil.
La demanda ha sido presentada el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y los exconsellers del Govern catalán Meritxell Serret, Antoni Comin, Clara Ponsatí y Lluis Puig.
En ella afirman que la instrucción llevada a cabo por Llarena supone una vulneración flagrante de su presunción de inocencia y de la libertad de acción política y añaden que acusarles de ser rebeldes según el Código Penal español ofende claramente su honor, su integridad política y moral y el fundamento mismo de su acción política, concluyendo que el magistrado debe reparar íntegramente el daño causado en Bélgica.
