El Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que promovió la Ley de Memoria Histórica de 2007, desestimó la anulación de los juicios políticos y sentencias del franquismo alegando que es "un imposible jurídico". Este asunto ha vuelto a ser reclamado esta semana por los independentistas de ERC y el PDeCAT como contrapartida a apoyar la reforma para la exhumación de Franco, y el PSOE de Pedro Sánchez comparte la reivindicación y podría incluirla en la futura tramitación parlamentaria del decreto ley para exhumar a Franco.
La Ley de Memoria declaró en su articulo 3 "la ilegitimidad de los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales o administrativos que, durante la Guerra Civil, se hubieran constituido para imponer, por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa, condenas o sanciones de carácter personal, así como la de sus resoluciones".
Expresamente, y "por ser contrarios a Derecho y vulnerar las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo, se declara la ilegitimidad del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, el Tribunal de Orden Público (TOP), así como los Tribunales de Responsabilidades Políticas y Consejos de Guerra constituidos por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa".
Ilegítimos los tribunales y sus sentencias
Y, en consecuencia, "se declaran ilegítimas, por vicios de forma y fondo, las condenas y sanciones dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia por cualesquiera tribunales u órganos penales o administrativos durante la Dictadura contra quienes defendieron la legalidad institucional anterior, pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático en España o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución".
Pero aquella declaración, junto con la carta de reparación que el Estado comprometía a expedir a título póstumo, no fue suficiente para ERC y el PDeCAT, que vienen reclamando la anulación de los juicios y condenas, especialmente por el caso del presidente catalán Lluís Companys, fusilado en 1940.
Para el Gobierno socialista de Zapatero, "en un sistema democrático no hay mayor sanción que la declaración de ilegitimidad" que ya está recogida en la ley: "No hay acto más solemne y más simbólico y emblemático que aquel que se aprueba en el Parlamento", argumentaba el entonces ministro de Justicia, Francisco Caamaño.
A su juicio, "políticamente no existe declaración más significativa que la hecha por las Cortes y jurídicamente no existe declaración con más valor en nuestro ordenamiento" que lo establecido en la ley de 2007. "Algo ilegítimo es algo mucho más que nulo", aseguraba entonces Caamaño en el Congreso.
En un debate con Esquerra en 2010 y ante la insistencia en la anulación de los juicios, el ministro de Justicia subrayó que la anulación es "un imposible jurídico": "La nulidad es la privación de efectos jurídicos y no cabe volver a privar de efectos jurídicos a aquello que el legislador ya ha declarado que carece de ellos --argumentaba--. La ilegitimidad es un plus de sanción frente a la nulidad y lo que es ilegítimo no sólo es nulo, sino que además es repudiable porque violenta la esencia del estado de Derecho".
Viraje del PSOE
Hace un año, retomando un texto del Parlamento catalán, el Congreso ya aprobó una proposición no de ley promovida por el PSOE para recalcar que la de Companys y el resto de sentencias políticas son "ilegítimas, radicalmente nulas e injustas, y carecen absolutamente de eficacia y validez".
El PSOE ya dio incluso un paso más allá al incluir la anulación de los juicios y condenas del franqusimo es un proposición de ley de reforma de la Ley de Memoria Histórica, vetada por el Gobierno del PP. Y la nueva ministra de Justicia, Dolores Delgado, se comprometió a estudiar la fórmula para llevarlo a la práctica.
En próximo meses, cuando se abra la tramitación parlamentaria como proyecto del decreto urgente aprobado para exhumar a Franco, todo apunta a que la anulación de los juicios volverá a estar encima de la mesa y esta vez PSOE, Unidos Podemos y los independentistas de ERC y PDeCAT pueden formar mayoría para aplicarlo.
