La consellera de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, Àngels Chacón, ha asegurado que el Govern no ofrecerá "ningún trato de favor ni bonificación para que vuelvan" las empresas que cambiaron su sede social de Cataluña a otras partes del Estado después del referéndum del 1 de octubre porque consideran que fue una decisión política.
"Querríamos que volvieran, pero no les haremos ningún tipo de favor", ha afirmado en respuesta a una interpelación del PSC-Units en el pleno del Parlament, en la que ha pedido al partido que sustenta el actual Gobierno central que derogue el decreto aprobado el 6 de octubre del año pasado por el anterior Ejecutivo para facilitar el cambio de sede.
"Más importante es preocuparnos por las empresas que están aquí", ha añadido, aunque ha reconocido que paralelamente entablarán conversaciones con las que se fueron.
Chacón ha afirmado que están "a punto de acabar" el informe sobre las empresas que cambiaron su sede, aunque ha apostillado que en ese momento hubo voluntad del Gobierno central y de algunos medios de comunicación de resaltar esos cambios, mientras que las cifras posteriores de PIB e inversiones se han mantenido positivas.
Ha defendido que no minimizan el impacto de esta marcha, pero que el objetivo principal que tiene la Generalitat es el de centrar "todas sus energías" en las pymes y las empresas que hay actualmente en Catalunya, que se enfrentan a retos tecnológicos que transformarán sus modelos de negocio y económicos.
Interpelación del PSC
La diputada del PSC-Units Alícia Romero ha recordado que desde el 2 de octubre hasta el 20 de abril de este año cambiaron la sede social de Catalunya a otras partes del Estado un total de 3.873 empresas, de las que un millar cambió también la sede fiscal: "Tenemos la sensación de que ustedes minimizan mucho las consecuencias".
Ha rechazado derogar el decreto de 6 de octubre porque ha asegurado que facilita que vuelvan, y ha acusado a Chacón de mostrar una "sensación de menosprecio" cuando habla de las empresas que se fueron, ante los que ha asegurado que cambiaron su sede porque los partidos del Govern vulneraron la ley.
"Estamos convencidos de que la inestabilidad política y jurídica ocasionó esta marcha", ya que el decreto que facilitó el cambio sólo agiliza el trámite, ha asegurado, por lo que ha pedido al Ejecutivo catalán que analice el impacto y haga un plan de retorno para evitar que repercuta en la negociación de la financiación en los próximos años.
