La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lleva semanas diciendo que busca mecanismos legales que permitan al Gobierno en funciones pagar a las autonomías los 5.000 millones de euros de 'anticipo a cuenta'. En junio pasado, ella misma señalaba que no había dado con la "clave" aunque lo relativizaba en la confianza de que este julio se desbloquearía la investidura de Pedro Sánchez. Eso no ha ocurrido y la alarma se está instalando en las comunidades, muchas en fase de elaboración de sus presupuestos 2020.
Desde las autonomías, tanto socialistas como populares, niegan la mayor: recuerdan que en 2016, en pleno bloqueo de la investidura de Mariano Rajoy, las Cortes reformaron por vía de urgencia -en 20 días- el artículo 15 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria precisamente para permitir que un Gobierno en funciones pudiera actualizar los objetivos de déficit y de deuda de todas las Administraciones públicas; y en ese epígrafe entra la transferencia de los anticipos.
Por eso, aunque admiten que no podrá haber un nuevo sistema de financiación hasta que el nuevo gobierno tome posesión, todos ven el 'contagio' de este nuevo retraso en la transferencia de anticipos bloqueo con "mucha preocupación", en palabras de un presidente autonómico del PSOE.
Pero fuentes del Ministerio de Hacienda insisten a Vozpópuli en que la prioridad, hoy por hoy, es esperar a que haya investidura. Y si Sánchez no la consigue en esa segunda tentativa, y el 23 de septiembre el Rey Felipe VI se ve obligado a convocar una eventual repetición de elecciones generales, el escenario ya será otro. Se argumenta desde Hacienda que el trabajo presupuestario está hecho y las cuentas públicas del Estado para 2020 serían tramitadas con la máxima celeridad en tal caso
La falta de esos 5.000 millones menos de ingresos va a provocar que muchos gobiernos regionales tengan que postergar inversiones para cuadrar sus cuentas públicas
El problema es que las comunidades tienen su propio calendario presupuestario y no pueden esperar. Cerrar este ejercicio 2019 con 0,1% de desviación del déficit público -prácticamente equilibrio presupuestario-, solo podrán hacerlo sobre la base de que el Estado les reparta esos 5.000 millones antes. Octubre o noviembre ya es tarde. Muchas, caso de Castilla-La Mancha, tienen que presentar sus presupuestos en las Cortes regionales a uno de octubre.
Todas deben absorber, entre otros nuevos gastos, el impacto de la subida salarial a sus funcionarios -2,5% para todos los empleados públicos- en Capítulo uno, personal; es decir, que si no reciben de Hacienda esos anticipos a cuenta, muchos ejecutivos se verán obligados a diferir en varios ejercicios inversiones previstas para 2020.
La queja es generalizada y transversal. El nuevo Ejecutivo andaluz del popular Juan Manuel Moreno Bonilla cifra en 400 millones los que está perdiendo su comunidad, y el valenciano, el socialista Ximo Puig, no disimula la dificultad presupuestaria que va a tener su comunidad si sigue el bloqueo de la legislatura y así se lo hizo saber al Rey el jueves de la semana pasada:
He trasladado a Su Majestad el Rey el buen momento de la C. Valenciana y también la urgente necesidad para la Comunitat de que se solucione la financiación autonómica. He percibido comprensión por parte del Rey, a quien también he agradecido su apoyo permanente a los valencianos pic.twitter.com/m3hOvNDKIw
— Ximo Puig (@ximopuig) July 24, 2019
