La mayoría de ayuntamientos de España está en pie de guerra contra la Ley Montero, que el Gobierno quiere utilizar para embolsarse la mayor parte de los ahorros municipales de los últimos años. Al margen de la negociación sobre los remanentes, muchos consistorios han trasladado al Ministerio de Hacienda su preocupación por las llamadas inversiones financieramente sostenibles -conocidas por sus siglas IFS-, que son de los pocos gastos cargados contra el superávit que se permiten a las entidades locales.
Según ha sabido Vozpópuli, los ayuntamientos temen perder las IFS del 2020. Estas inversiones son gastos extraordinarios que Hacienda permite a las administraciones municipales y que deben cumplir algunos requisitos de empleo y sostenibilidad, entre otros criterios.
Las fuentes consultadas por este diario explican que los proyectos de este año están paralizados hasta que el Gobierno convalide o no el decreto de la ministra María Jesús Montero. La norma flexibiliza la vigilancia de la ley de estabilidad presupuestaria del PP.
"El tema de las IFS es un chantaje", dicen fuentes de uno de los ayuntamientos más grandes de España. "En realidad, todo el proyecto es un chantaje. Por eso tiene ese nivel de rechazo".
Hacienda: "Las IFS se prorrogan"
La reforma del PSOE ofrece a los ayuntamientos la posibilidad de gastar un 35% de los remanentes ahorrados por los municipios en los últimos años, a cambio de entregar el resto al Estado. El Ejecutivo se compromete a devolverlo en diez años e insiste en que no es obligatorio acogerse a este plan. El plan ha concitado el rechazo de los alcaldes del PP, de Podemos y de muchos regidores socialistas.
Desde el Ministerio de Hacienda explican a este diario que el decreto recoge la prórroga de las IFS de 2019 cargadas contra el superávit del 2018. Y que también se prórroga el marco para realizar inversiones en 2020 contra el superávit del 2019.
El problema, señalan fuentes municipales, es que esta prórroga llega muy tarde. "Estamos en agosto. Lo normal es que este gasto se apruebe por lo menos en marzo", aseguran. "Ahora no tenemos tiempo".
En esa misma línea, un alcalde socialista señala que las IFS de este año se quedarán en el limbo si el Gobierno es incapaz de sacar el decreto adelante en el Congreso. De momento, no tiene los apoyos. Montero ha instado al PP a presentar una alternativa y ha recordado esta semana que el Ejecutivo está abierto al diálogo con los grupos para mejorar la norma.
"Si el decreto decae, tendría que haber otro decreto para autorizar las IFS que se publicaría en el último trimestre del año", asegura este alcalde. "No habría tiempo para ponerlas en marcha".
Eliminar regla de gasto en 2021
Los ayuntamientos aseguran sentirse otra vez como el eslabón más débil de la crisis. Y recuerdan la situación de excepcionalidad provocada por la pandemia del coronavirus. En ese sentido, Montero y Hacienda insisten en que el decreto alivia las arcas municipales al eliminar la regla de gasto para 2020. Esta regla limita el aumento de gasto de los ayuntamientos.
Pero muchos consistorios aseguran en que esta medida también es un "chantaje". Y piden que la regla de gasto se suspenda también para 2021, cuando prevén que las consecuencias económicas de la epidemia sean más profundas que en la actualidad.
"La Unión Europea ha sido más flexible con Pedro Sánchez en la relajación del déficit, que Sánchez con las administraciones autonómicas y municipales de nuestro país", señalan estas fuentes.
