"Si no se presenta a lo largo de la mañana, mandaremos a la Policía a que nos lo traiga". Así lo ha asegurado la presidenta del tribunal que juzga 'el caso espías' en la Audiencia Provincial de Madrid. Ignacio González no se ha presentado este lunes para comparecer como testigo en la causa de espionaje político en la Comunidad de Madrid.
No ha habido foto. El tan esperado rencuentro en los tribunales de Ignacio González y Esperaza Aguirre no ha tenido lugar. La expresidenta madrileña sí ha asistido a la calle Santiago de Compostela para dar declaración en calidad de testigo. Lo ha negado todo. Y en menos de quince minutos, respondió a las preguntas de todas las partes y se retiró.
Ambos estaban citados para comparecer sobre el 'caso espías'. Las acusaciones sostienen que se utilizaron teléfonos y vehículos de la Comunidad de Madrid para hacer seguimientos sin autorización oficial al menos entre abril y junio de 2008. También aseguran que los seis procesados habrían recibido nóminas y dietas como pagos por sus servicios durante dicha actividad.
Dichos seguimientos habrían tenido lugar entre marzo y mayo de 2008. Las órdenes habrían sido dadas en febrero de ese mismo año a un representante de una agencia de detectives y a varios asesores de seguridad en la Comunidad de Madrid. En concreto, a Manuel Sergio Gamón Serrano, director de seguridad; a Miguel Castaño Grande, subdirector general de seguridad; y al propio Oreja.
El juicio pretende determinar el uso de los mencionados medios públicos que, presuntamente, habrían generado gastos indebidos en el Gobierno regional. Por ello, y en contra del criterio de los fiscales, los seis acusados -el exfuncionario José Manuel Pinto; los guardias civiles José Oreja, Antonio Coronado y Luis Caro; y los policías Sergio Gamón y Miguel Castaño Grande- se han sentado en el banquillo para dar explicaciones.
El juicio no cuenta con acusación fiscal, dado que el Ministerio Público estima que no existe infracción penal alguna en los seguimientos denunciados. En su escrito, subraya que según sus investigaciones "no se ha generado perjuicio alguno a la Comunidad de Madrid".
