Pendrives, tarjetas de memoria y demás dispositivos electrónicos; unos 40 equipos de almacenamiento en los que se recogen 8.000 gigabites de información. Así es el arsenal de pruebas que la Audiencia Nacional tiene en contra de Ignacio González en el marco del 'caso Lezo'. La defensa del expresidente madrileño considera que es "materialmente imposible identificar los archivos y datos" que puedan extraerse de estos equipos. Por ello, pide que se excluyan todas las pruebas; todas excepto aquellas que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incluyan en sus informes al juez.
En un escrito presentado ante el Juzgado Central de Instrucción número 6, al que ha tenido acceso Vozpópuli, el letrado de González alega que con tan abundante cantidad de información "se vulnera el derecho de defensa". Asegura que para examinar todos estos datos "se necesitarían programas informáticos de gran capacidad y número ilimitado de tiempo". En concreto, apunta, harían falta dispositivos con "capacidad de almacenaje superior a 8.000 GB".
El letrado se queja y hace hincapié en "la enorme dificultad" técnica que le supone tratar de garantizar el correcto desarrollo del derecho de defensa. "Ni siquiera el hecho de hallarnos en una macrocausa justifica tamaña dificultad", subraya.
Ni siquiera el hecho de hallarnos en una macrocausa justifica tamaña dificultad, apunta la defensa de González
Que la UCO haga un índice
El expresidente de la Comunidad de Madrid considera que la situación "podría solventarse con una simple identificación detallada de contenidos". Exhorta, además, a la elaboración de índices por parte de los agentes de la UCO, que son "quienes tienen en su poder los dispositivos (...) y están elaborando los informes".
La defensa del dirigente popular ha pedido también al juez Manuel García-Castellón que no facilite el contenido almacenado en los equipos al resto de partes personadas en la causa, "a fin de que no se vulnere el derecho a la intimidad personal" de González.
Asimismo, le advierte al magistrado de que, de figurar dicha información en los siguientes informes de la Guardia Civil, volvería a solicitar el expurgo de los datos que se considere "contrarios a la protección del derecho a la intimidad". En caso de que los archivos sí resultaran beneficiosos para González y los agentes de la UCO no lo incluyeran en sus informes, la defensa se reserva el derecho a utilizarlos.
Pocos agentes
La petición de González llega un año después de que el propio juez García-Castellón pidiera ayuda al Ministerio de Interior de Juan Ignacio Zoido para reforzar el equipo de la UCO. Esta unidad es la responsable de investigar, entre otros, los casos 'Lezo' y 'Púnica'.
El déficit de agentes también fue denunciado por la Fiscalía anticorrupción, quien también envió su solicitud. El ministerio público justificó su petición en "el volumen de documentación incorporada a las actuaciones, tanto en soporte papel como informático".
