Enrique Álvarez Conde, el director del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos -suspendido de su cargo tras la reunión del Consejo de Gobierno celebrada el pasado viernes-, pagaba a su hija con fondos del propio instituto por una supuesta colaboración, según publica La Sexta.
Quien fuera director del Máster en Derecho Público cursado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, habría hecho al menos cinco pagos por valor total de casi 9.000 euros a su hija, ingeniera de materiales y que vive fuera de Madrid, de acuerdo a la misma cadena.
La filtración de las notas supuestamente falsificadas en el expediente de la política del Partido Popular a eldiario.es por parte del profesor Salvador Perelló llevaron a Álvarez Conde, autor de uno de los manuales de mayor calado entre los estudiantes de Derecho de decenas de universidades españolas, a salir de la 'cueva' y comparecer públicamente en una rueda de prensa junto al rector de la URJC, Javier Ramos, y Pablo Chico,el profesor que mandó cambiar la nota de una materia del máster de Cifuentes en 2014 en un correo electrónico.
Urgían las explicaciones y, al fin y al cabo, Álvarez Conde era el director del instituto universitario del que dependía el título. "Fue tratada (Cifuentes) como cualquier otra alumna de esta Universidad", defendió durante su intervención. Preguntado por el acta del Trabajo de Fin de Máster de la estudiante llegó a asegurar, en un tono algo chulesco, que no lo podían enseñar "por la ley de protección de datos". Pero el trabajo no aparecía por ningún sitio, un dato que tanto el director del Instituto de Derecho Público como el profesor Chico prefirieron ocultar a Ramos.
Pero el bochorno de la rueda de prensa iba dando paso a un incendio en el despacho donde trabaja el equipo de Gobierno de Cifuentes en la Puerta del Sol. Maite Feito, asesora del consejero de Educación y fiel conocedora de las bambalinas de la URJC, donde es profesora, habría acudido a la Universidad para tratar de justificar que el procedimiento para obtener el título del máster se habría llevado a cabo de forma regular.
Así, Álvarez Conde haría llegar un acta de evaluación falsificada del TFM de Cifuentes a la Universidad -aún está por comprobarse si motu proprio o a petición de un tercero- y la institución, se lo rebotaría a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Al descubrirse que el documento había sido fabricado el mismo día, el director del instituto trató de salir del paso explicando en 'Onda Cero' que fue Ramos quien le habría pedido "reconstruir" un acta que ya "existía", un encargo que el rector negó "rotundamente".
Desde entonces, el reconocido catedrático de Derecho Constitucional, nacido en la localidad zamorana de Matilla de Arzón en 1952, ha caído en el ostracismo por recomendación de sus abogados.
