Los agentes de Asuntos Internos de la Policía adscrito al caso Villarejo investigan si cinco ciudadanos de nacionalidad venezolana viajaron a cargos de los fondos reservados del Ministerio del Interior desde su país hasta España con la intención de amañar el denominado Informe PISA (Pablo Iglesias SA), que realizó la Policía del Gobierno de Mariano Rajoy sin orden judicial, según consta en el sumario, al que ha tenido acceso de forma parcial Vozpópuli.
La Policía realiza este trabajo después de que el anterior instructor del caso, Diego de Egea, accediera a la petición de la Fiscalía Anticorrupción de que investigaran entre los documentos y grabaciones interceptadas al comisario jubilado José Manuel Villarejo cualquier prueba de la elaboración del denominado Informe PISA, en referencia a "Pablo Iglesias SA".
La diligencia tiene su origen en una petición, realizada por el abogado de Podemos en la causa, que había reclamado al juez que se dirigiera a la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior: “A fin de que informe si los ciudadanos venezolanos Martín Rodil Adam Kaufman (quien vino acompañado con su pareja Viviana), Manuel S. Varela, Adrián José Velásquez Figueroa y Claudia Patricia Díaz Guillén, [esta última enfermera de Hugo Chávez], vinieron a España por razones de colaboración con el Gobierno español“, según consta en el escrito adelantado por este periódico.
Fondos reservados
Con su documento, Podemos pretende que la Secretaría de Estado aporte el expediente administrativo que justifique la supuesta colaboración de los ciudadanos venezolanos, sus resultados y los gastos incurridos en dicha actuación: “Especificando si los mismos provienen de los presupuestos asignados regularmente o de los fondos reservados asignados a algún organismo de seguridad del Estado”.
La formación encabezada por Pablo Iglesias reclamó al juez que investigara el paso de los ciudadanos venezolanos y el posible pago de su viaje y estancia en España después de que el diario Público informara el 18 de octubre de 2016 de que la “brigada política”, encabezada según el diario por el comisario principal Eugenio Pino, había buscado testigos en Venezuela para obtener datos y elaborar un segundo informe contra Podemos antes de las elecciones general del 26 de junio de 2016.
Se trataba, siempre según este periódico, de cinco exfuncionarios del Gobierno de Hugo Chávez protegidos por EEUU: “Algunos con fortunas en paraísos fiscales corno Panamá, viajaron en abril a Madrid para ofrecer su testimonio contra la formación morada”, indica Público.
Hugo Chávez
Y Podemos reclama los expedientes de inmigración de la enfermera de Hugo Chávez y de los otros exfuncionarios venezolanos porque consideran que podrían facilitar la investigación del origen del presunto informe policial PISA.
En una entrevista concedida a El Mundo, Claudia Patricia Díaz Guillén, la que fuera enfermera de Hugo Chávez reconoció haberse alojado en un hotel de Madrid, donde un policía del entorno de Villarejo intentó ponerse en contacto con ella: "Este es un tema muy delicado”, explica la exfuncionaria venezolana, que esa persona quiso aprovecharse de ellos: "Pero no quisimos. Creían que teníamos una información que les beneficiaba", completa este mujer en la entrevista.
La enfermera buscó entonces un abogado porque vio que “esa situación era irregular. Fue muy incómodo, porque nunca me esperé que en España sucedieran este tipo de cosas”, resalta Claudia Patricia Díaz Guillén, sobre quién el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió no extraditarla a Venezuela.
Pablo Iglesias
En concreto el Informe PISA estaba compuesto básicamente por recortes de periódicos sobre noticias de los supuestos ingresos de Podemos, Pablo Iglesias y fundación en la que trabajaban los principales dirigentes de Podemos (CEAPS) de los gobiernos de Irán y de Venezuela.
Este documento fue la base de la denuncia que interpuso el pseudosindicato Manos Limpias contra Podemos y sus dirigentes en el Tribunal Supremo. El entonces magistrado José Manuel Maza no admitió a trámite la denuncia.
Posteriormente, el director adjunto operativo de la Policía en el Gobierno de Mariano Rajoy, con Jorge Fernández Díaz de ministro del Interior, envió motu proprio el documento al Tribunal de Cuentas.
