El Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza, cuya titular es la jueza Mercedes Terrer, ha abierto un procedimiento judicial que obligará al alcalde de la capital aragonesa, Pedro Santisteve, y a su equipo de gobierno de Zaragoza en Común (ZEC) a comparecer ante los tribunales como investigados por un presunto delito de prevaricación administrativa, aunque este extremo ha sido negado por el consistorio, que asegura que no se ha abierto una investigación.
La querella ha sido presentada por el exgerente de la sociedad municipal Ecociudad Miguel Ángel Portero, cesado por el equipo de gobierno de ZEC, quien les acusa de nombrar a su sucesor --Joaquín García Lucea-- sin acatar las exigencias legales.
El consejero municipal de Servicios Públicos y Personal del Ayuntamiento de Zaragoza, Alberto Cubero, ha asegurado que en el Gobierno municipal "hay tranquilidad y normalidad" tras conocer la querella de Portero contra todos los miembros del equipo de gobierno de ZEC.
Miguel Ángel Portero presentó el pasado 7 de junio ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza una querella en la que acusa al alcalde, Pedro Santisteve, y al resto del miembros del Gobierno de ZEC de supuesta prevaricación administrativa en el cambio de estatutos de Ecociudad.
Este cambio de los estatutos se deriva de la decisión de ZEC de cambiar la proporcionalidad en los consejos de administración de todas las sociedades municipales para asumir la mayoría en lugar de mantener la proporcionalidad de la representación del pleno.
Portero también se querella contra el Gobierno de ZEC por su cese como gerente de la sociedad Ecociudad, y porque el nombramiento de su sucesor, Joaquín Lucea, no cumpliría con la exigencias legales, según ha informado el diario 'Heraldo de Aragón'.
La querella se admitió a trámite el 19 de junio y al día siguiente el Gobierno municipal recibió el auto judicial en el que se le informaba de la denuncia de Portero y se le pedía información.
El ayuntamiento niega que haya investigación
"No se ha abierto una investigación al Gobierno municipal", ha precisado Cubero, quien ha reconocido que la Asesoría Jurídica municipal ha emitido un informe favorable para que los nueve miembros del gobierno reciban asistencia letrada municipal en calidad de "investigados", según recoge un decreto del alcalde. "Es lo lógico", ha opinado Cubero.
En rueda de prensa, el consejero municipal ha atribuido esta querella a un "malestar" de Miguel Ángel Portero por su cese como gerente de Ecociudad y ha subrayado que se le cesó por falta de confianza, para apostillar que el nombramiento de su sucesor se hizo en los mismos términos que el suyo en la legislatura anterior.
El consejero municipal ha rebatido que Portero sostenga en su querella que no se hizo de forma correcta la modificación de los estatutos de Ecociduad, cuando el equipo de gobierno decidió el 9 de febrero de este año cambiar la composición en las sociedades municipales, incluida Ecociudad, en virtud de la interpretación de la Ley de capitalidad.
"El Registro Mercantil aceptó la modificación de los estatutos y han quedado registrado en este órgano administrativo que es el competente", ha esgrimido.
Primera vez contra todos
"Desde luego que no hubo prevaricación e informaremos al juzgado, tal y como se nos pide y la situación es de total normalidad" y "para nada va a ser motivo de dimisión", ha zanjado Cubero sobre la aplicación del código ético de ZEC al respecto.
"Es la primera vez que se interpone una querella contra los nueve miembros del equipo de gobierno que son los nueve concejales de ZEC", ha observado Cubero.
También ha recordado que las anteriores querellas de Portero se han archivado, tanto la presentada ante la vía penal contra el alcalde, la concejal de Medio Ambiente, Teresa Artigas y el mismo por cinco posibles delitos en Ecociudad; la del juzgado de lo social por el despido de Portero, y la del derecho al honor también de Portero por la vía civil contra la institución municipal.
Ha querido precisar que "no hay un calendario de interrogatorios", solo se da traslado de una denuncia y el juzgado solicita información al Ayuntamiento, que "se recaba y se enviará".
"Falta de transparencia"
Todos los grupos de la oposición han coincidido en criticar la "falta de transparencia" de ZEC y, además de pedir explicaciones, han exigido que se vuelva a la proporcionalidad en la composición de los consejos de administración de las sociedades municipales.
La concejal del PSOE, Lola Ranera, ha estimado que "es urgente que den una explicación a los ciudadanos porque no es normal que los nueve miembros del equipo de gobierno estén investigados; es absolutamente anormal y debería comparecer hoy mismo el alcalde, Pedro Santisteve, y dar alguna explicación".
Puesto que el alcalde ha pedido asistencia letrada para todos los miembros del gobierno, Ranera ha dicho que "si tienen derecho a ser defendidos por la Asesoría Jurídica, la oposición tiene derecho a conocer la querella y volver a las sociedades, como dice el acuerdo de principio de legislatura".
En rueda de prensa, Ranera ha lamentado que ZEC "utilizó la Ley de capitalidad para cambiar los estatutos de las sociedades de las que nos echaron por un Gobierno autoritario, sectario y absolutamente falto de transparencia y democracia".
La concejal de CHA, Leticia Crespo, ha destacado que es "inédito" que todo el Gobierno municipal "esté imputado por prevaricación", tras la querella presentada por el exgerente de Ecociudad, Miguel Ángel Portero, contra los nueve miembros del equipo de gobierno por el cambio de estatutos en esta sociedad municipal y por la forma "incorrecta" en la que se le cesó en el cargo.
Crespo ha recordado que ZEC "habla de dimisiones, cuando hay algún indicio de prevaricación", para aseverar que "solo tenían como objetivo" con el cambio de representación en las sociedades municipales del pasado 9 de febrero "cargarse a una persona, cuestionar su profesionalidad y quitarla de su puesto".
"No se descarta nada"
El portavoz del PP, Jorge Azcón, ha asegurado que en esta situación política, el PP "no descarta nada de nada". "Cuando llegue el momento haremos lo que creamos que tengamos que hacer", se ha limitado a enfatizar Azcón.
A su parecer, se trata de la "crisis más grave" después de que los grupos de la izquierda de PSOE y CHA calificaran de golpe a la democracia lo ocurrido con las sociedades municipales, pero cuando se analizaron las distintas posibilidades, el presidente del Gobierno de Aragón, el socialista Javier Lambán, "salvó al alcalde y dijo que el PSOE no barajaba que Santisteve dejara de ser alcalde".
Tras recalcar que el PP no descarta ninguna iniciativa política, Azcón ha apuntado que "hoy tiene que responder Lambán porque frente al golpe a la democracia, el PSOE no ha querido hacer nada efectivo y no va a querer quitar a este alcalde; lo puso y va a mantenerlo hasta las elecciones de mayo de 2019. Más claro agua".
El concejal de Cs, Alberto Casañal, ha pedido al alcalde que convoque a la Junta de Portavoces extraordinaria para que aclare las consecuencias de este proceso e intente devolver la democracia al Ayuntamiento.
"Que sea consciente de que gobernar a cualquier precio no es válido para la democracia y por eso tiene que devolver la representación a las sociedades municipales", ha dicho el concejal.
También ha pedido que remita a la oposición la información que trasladará al juzgado y conocer las consecuencias porque "podría haber una inhabilitación de los nueve consejeros de ZEC y eso es grave".
