El exdirector de Trabajo Javier Guerrero, uno de los principales acusados en el caso ERE, no ha ratificado las declaraciones policiales y judiciales que hizo al estallar el caso en 2011 y 2012, al atribuirlas a que "en ese momento tenía mucha presión mediática y de la Policía para declarar".
El juicio de la pieza política del caso ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, se ha reanudado este lunes en la Audiencia Provincial de Sevilla con el interrogatorio a los acusados, empezando por Guerrero, uno de los principales implicados ya que era quien concedía las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis bajo sospecha durante la mayor parte del periodo investigado.
Pero tras anunciar que sólo responderá a su abogado, la Fiscalía ha solicitado que se lean sus declaraciones durante la instrucción, en las que sostuvo que siempre siguió indicaciones de sus superiores y que éstos conocían cada ayuda que se otorgaba.
Esta lectura, ante la que varias defensas han protestado, ha consumido toda la sesión y seguirá mañana, ya que Guerrero declaró varias veces ante los agentes y en el juzgado de instrucción 6.
Su primera declaración ante la instructora Mercedes Alaya, en marzo del 2012, duró tres días -tras la misma fue a prisión- por lo que su lectura ha quedado a medias y seguirá mañana, con otras posteriores, antes de que su abogado le interrogue.
Tras la lectura de cada declaración, Guerrero se ha negado a ratificarlas alegando que las hizo bajo la "presión mediática y de la Policía para declarar" y no recogen "exactamente lo que dije".
En esas declaraciones señaló que para conceder las ayudas "sólo aplicó el sistema que sus superiores le impusieron" a raíz de la firma en el 2001 de un convenio marco entre la Consejería de Empleo -entonces dirigida por José Antonio Viera- y el ente público IFA como organismo pagador -presidido por Antonio Fernández-.
Es el convenio que introdujo un "procedimiento específico" con el que entre el 2001 y el 2011 la Junta repartió 850 millones en ayudas a empresas en crisis, un sistema por cuya creación y mantenimiento se juzga por prevaricación y malversación a quienes gobernaron Andalucía durante 23 años.
Guerrero dijo en su día que el objeto de ese sistema era "evitar reticencias de la Intervención" a unas ayudas que buscaban "mantener la paz social".
Alegó que a él "no le parecía adecuado" y ordenó elaborar varias órdenes y decretos para regularlo que se quedaron en borradores al no pasar "el filtro de los consejillos" (reunión de viceconsejeros).
Con todo, dejó claro que "todo el mundo en la Junta había avalado este procedimiento, nadie lo había parado" y que siempre "daba cuenta de las ayudas" que otorgaba de las que entiende que conocía todo el Gobierno pues "no se puede afirmar que la Consejería de Empleo visara nada sin conocimiento del Consejo de Gobierno".
Además, los consejeros se preocupaban por las empresas con ERE de sus provincias y reconoció el interés especial de Viera por ayudar a firmas de la Sierra Norte de Sevilla y haber recibido una vez un escrito "directamente del Gabinete del Presidente Manuel Chaves" para dar una subvención a la empresa Bilore.
Declaró que tenía "constancia" de que a raíz del "escándalo" de Mercasevilla se "han destruido documentos" pero en el juzgado matizó que no dijo que se hayan destruido "sino que no están".
Ante la Policía declaró que tenía "constancia" de que a raíz del "escándalo" de Mercasevilla -germen del caso ERE- se "han destruido documentos" si bien en el juzgado matizó que "no dijo que se hayan destruido sino que no están".
Negó desconocer la inclusión en ERE subvencionados de "intrusos" (prejubilados en empresas en las que nunca trabajaron) ni ordenar pagos a mediadores y aseguradores, que decidían los sindicatos.
En la jornada de hoy se ha conocido que el tribunal ha rechazado suspender el juicio, como pidieron las defensas ante las nuevas pruebas y testigos de la acusación admitidos, y que el PP-A reclame a los acusados 741 millones por responsabilidad civil ya que "la acusación popular no está legitimada" para ello sino el perjudicado (la Junta, no personada en este juicio) o el fiscal (que ha renunciado a ello).
