Publicado: 27/06/2024 04:45
Actualizado: 27/06/2024 04:51
Diversos magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, y el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón -que se jubilará el próximo mes de septiembre- han descartado de momento plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la ley de amnistía, que ya ha empezado a aplicarse por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a una veintena de casos. Entre los primeros beneficiados, el que fuera conseller de Interior, Miquel Buch, y el sargento de los Mossos d´Esquadra Lluís Escolà, que actuó como guardaespaldas de seguridad de Carles Puigdemont en Bélgica durante su huida.
De las tres principales opciones que manejan esos magistrados, la única desechada por ahora es la de elevar al TC una cuestión específica para aclarar el alcance constitucional de la amnistía, o cuál sería el rango real de su aplicación, fundamentalmente para los delitos de malversación de caudales públicos, incluso sin fines de enriquecimiento personal, para la desobediencia y para el terrorismo. Básicamente, las otras dos alternativas que manejan esos magistrados son las siguientes. Primero, una aplicación selectiva y restringida de la amnistía para algunos delitos de los regulados en la ley como amnistiables, y en paralelo un rechazo a aplicar la norma pactada por el Gobierno y por Junts, entre otros, a Carles Puigdemont u Oriol Junqueras.
Condonada por un indulto su condena, a Junqueras le queda por ver ‘limpiada’ la pena de inhabilitación que sigue en vigor, y que le impide presentarse como candidato a cualquier proceso electoral. El caso de Puigdemont es mucho más complejo por varias razones de interpretación jurídica, entre otras, porque la malversación que pudo cometer puede chocar frontalmente con la regulación de una directriz europea que impediría amnistiar por el desvío de fondos públicos. Y también, porque está inmerso en otro proceso ante la magistrada Susana Polo por terrorismo como presunto inductor de Tsunami Democràtic. Al margen queda la novedad planteada el pasado viernes por el juez de Barcelona Joaquín Aguirre, que anunció la elevación de una exposición razonada al Supremo por la eventual comisión por parte de Puigdemont de un delito añadido de traición.
La segunda opción que manejan diversos magistrados del Supremo y la Audiencia es elevar lo que se denomina una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en el mismo acto jurídico de ser admitida a trámite paralizaría de inmediato la aplicación de la amnistía. En ese caso, probablemente, el magistrado Pablo Llarena se vería forzado a levantar la orden de detención que sigue pesando sobre Puigdemont. Eso no tendría por qué ocurrir si Llarena decidiese, seguramente mañana viernes, y de acuerdo con el criterio de cuatro fiscales de la Sala Penal del Supremo, que la actual regulación de la malversación en la ley de amnistía no es aplicable al caso de algunos de los líderes del 'procés'.
En cualquier caso, fuentes judiciales sostienen que no tendría demasiado sentido elevar en paralelo una ‘consulta’ al Tribunal Constitucional español, y otra al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo. Con toda probabilidad, en ningún caso el TC, presidido por Cándido Conde-Pumpido y con una mayoría de votos siempre asegurada en favor de las tesis de La Moncloa, paralizará cautelarmente la aplicación de la amnistía, independientemente de que tardara unos meses en preparar una respuesta al Supremo. Además, ello provocaría un problema añadido. El magistrado del TC Juan Carlos Campo, ex ministro socialista de Justicia con Pedro Sánchez, se sabe ‘contaminado’ tras haber afirmado, precisamente en su condición de ministro, que la amnistía es ilegal en España, y por tanto constitucional. En teoría debería abstenerse de pronunciarse ante un asunto ante el que ya no es imparcial.
Fuentes del Supremo admiten que aunque se está produciendo en la Sala de lo Penal un debate muy "intenso y profundo" sobre la extensión de la ley para delimitar su aplicación, no tienen previsto plantear duda alguna ante el Tribunal Constitucional, precisamente para evitar que Conde-Pumpido acceda desde ahora a capitalizar un debate jurídico que difícilmente resultaría crítico para el Gobierno. Al revés. El TC está demostrando una predisposición favorable, y permanente, a avalar todo aquello que proceda de La Moncloa.
De momento, han sido varias comunidades autónomas y parlamentos regionales en los que el Partido Popular tiene la mayoría suficiente como para plantear ante el TC recursos de inconstitucionalidad contra la amnistía -no es lo mismo que una ‘cuestión de inconstitucionalidad’, que sólo pueden plantear jueces y magistrados-, pero lo cierto es que ninguna ha dado el paso de momento. A priori, y salvo un cambio drástico en las circunstancias jurídicas que rodean a la ejecución de la amnistía, el Tribunal Constitucional permanecerá de momento al margen para dictaminar sobre cualquier aspecto de esa norma.
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Por suerte Sánchez no se salió con la suya y no va a controlar el TS a pesar de que lo ha intentado por activa y por pasiva desde que es presidente. Feijóo ganó en la negociación y ahora todos los partidos excepto el PP están despotricando por su renovación. Junts, Podemos, ERC y VOX en contra del pacto y Sánchez no ha conseguido imponer a los jueces. Buenísimo señal.
Lógico, este indeseable es un mercenario. Ha enmarranado al Constitucional.
Como diría Mota:
Si hay que acudir al TC, se acude, no es por no acudir, pero acudir por acudir es tontería.
En mi opinión, solamente la vigilancia y advertencias de la U.E nos puede librar de las suciedades y embustes de nuestros partidos políticos, que hoy por hoy encabeza Sanchez, su ministro de bulaños y la verdulera vocifera.
Yo no confiaría mucho en la UE.
Si la UE comprueba que los españoles aceptan sin rechistar, sin montar un pollo de mucho cuidado como sería lógico si tuviéramos un mínimo de dignidad y autoestima, si observa que no pasa nada, que el tirano sigue adelante con su agenda totalitaria y la "paz social" se mantiene intacta, entonces la UE no hará nada. O quizás pretenderá aprender el método de Pedro Sánchez para implantarlo también en toda la UE, cosa que beneficiaria sin duda a políticos y burócratas, y perjudicaría a los empresarios y trabajadores sujetos a la competencia. Perjudicaría a la democracia, al Estado de Derecho, a la justicia, a la economía, a la ética y a la moral.
Yo no confío nada. Para los europeos, España no es más que un vecino molesto. Se puso claramente a favor de Puigdemont y los huidos, se puso de perfil con la ley del Si es Si. Se ponía de perfil cuando los franceses atacaban nuestros camiones y cuando los marroquiés apresaban nuestros barcos. Ahora se pone de perfil con los conflicto de aguas territoriales en Gibraltar. ¿Cuantos desplantes d necesitais para daros cuenta de que en Europa no pintamos nada?
Tintin, aquí lo relevante, lo escandaloso no es si el PP tiene más o menos pánico a Abascal o a Alvise, aquí lo escandaloso es que Pedro Sánchez haya colocado a sus peones más sectarios y obedientes en el Tribunal Constitucional para que le bendigan todas sus tropelías.
Para que apliquen la varita mágica y consideren constitucional lo que previamente ellos mismos, Pedro Sánchez incluido, habían considerado públicamente inconstitucional.
Bueno, Wesly, parece que ahora el Pp también ha podido colocar a uno más de sus peones en el Constitucional.
El sabio puede cambiar de opinión, el necio nunca. I. Kant
Aunque en este caso, haya sido por lo que decia Samuelson, que los políticos son maximizadores de votos. Si enchironar al Puchi es lo que pedía la clá, pues enga.
Tintin, qué malos son estos del PP que hacen lo mismo que los del PSOE.
Debería estar prohibido, sólo los del PSOE deberían tener bula para colocar a sus peones más sectarios y obedientes en las principales instituciones del Estado, claro que sí. Se trata de implantar la arbitrariedad (prohibida por el artículo 9 de la Constitución), que es lo típico de la tiranía a la que nos conduce Pedro Sánchez.
Tintin, exponga Ud. casos de jueces y magistrados afines al PP que hayan cambiado de opinión tan drástica y repentinamente como los afines al PSOE en el caso por ejemplo de la amnistía. Afines al PSOE existen muchísimos, a parte de los mismos dirigentes del PSOE, que cambian de opinión según los intereses personales y partidistas de Pedro Sánchez.
Es el PP quien propone despolitizar la justicia, respetar la Constitución y volver al método en el que 12 de los 20 miembros del CGPJ son elegidos por jueces entre jueces, como pide también la UE.
Con en pacto han acordado también una tregua judicial?
Viendo las barbas del vecino cortar, el pánico a Abascal y Alvise se ha adueñado del Pp.