El juez del caso Lezo, Manuel García-Castellón ha decidido incluir en el caso una copia de la declaración que prestó en julio de 2018 el principal arrepentido del caso Púnica, David Marjaliza, en la que narró la disputa que protagonizaron el expresidente madrileño Ignacio González y el ex secretario general del PP madrileño Francisco Granados, por una mordida de 1,4 millones de euros, según consta en una providencia de 27 de marzo, al que ha tenido acceso Vozpópuli.
La fiscal Ana Cuenca había reclamado al juez que incluyera en el sumario de Lezo la declaración de Marjaliza, quién durante la misma aportó datos relativos a la mordida supuestamente abonada por OHL a Ignacio González por el tren Móstoles-Navalcarnero. Y por eso, la representante del ministerio público pedía al juez que aportara a estas diligencias una copia del audio: "Al ser en el transcurso de esta declaración donde hizo referencia a los presuntos pagos existentes por la adjudicación del tren de Navalcarnero".
En concreto, el juez García-Castellón investiga en la pieza separada número tres del caso Lezo, el presunto amaño de la adjudicación y explotación de una línea de tren entre las localidades madrileñas de Móstoles y Navalcarner a cambio de una mordida de 1,4 millones.
OHL en México
Y en esta causa está imputado el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, como destinatario de una comisión de 1,4 millones de euros abonados por OHL de México al empresario Adrián de la Joya, quién habría actuado de intermediario entre la empresa de Juan Miguel Villar Mir e Ignacio González.
En su declaración de 12 de julio, Marjaliza relató que en una comida de amigos, en la que participaron Francisco Granados, y el yerno del dueño de OHL, Javier López Madrid, el exconsejero de Esperanza Aguirre reivindicó su papel en la adjudicación a la empresa de Villar Mir.
El empresario arrepentido aseguró que en esa comida Granados se cabreó: "Paco [Granados] decía que le debían un millón de euros de la adjudicación de Navalcarnero, pero López Madrid me dijo que todo había sido gracias a González".
"Había una pequeña pelea cuando se adjudicó la obra", declaró Marjaliza al juez, y prosiguió: "Paco [Granados] decía que había sido por él, mientras que López Madrid decía que había sido por Nacho [Ignacio González]", explicó Marjaliza.
No impuso una multa
En el mismos sentido, la Fiscalía anticorrupción y el juez que instruye en la Audiencia Nacional los casos Púnica y Lezo, Manuel García-Castellón, tratan de determinar si el ex secretario general del PP madrileño y exconsejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, pudo haber cobrado una comisión ilegal a cambio de no imponer una multa millonaria a la empresa Obrascon Huarte Lain (OHL), una constructora que había paralizado las obras del tren de Navalcarnero, tal y como adelantó Vozpópuli.
"Sobre el tren a Navalcarnero, López Madrid me dijo que les habían pedido [una comisión de] entre 1 y 1,5 millones de euros", declaró Marjaliza, que completó que los excargos que reclamaron el dinero fueron "Granados y Nacho González".
En la misma providencia de 27 de marzo, el juez reclama a la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid que, con carácter de urgencia, aporte el estudio de viabilidad económico financiera del tren a Navalcarnero, el pliego de prescripciones técnicas y el pliego de cláusulas administrativas particulares.
También el magistrado ha solicitado al Gobierno madrileño el expediente de contratación, la publicidad de la convocatoria de la licitación, la convocatoria y acta de la mesa de contratación, las ofertas de los licitadores y un informe del proyecto definitivo presentado por el adjudicatario.
