El juez que investiga en la Audiencia Nacional el 'caso Lezo', Manuel García-Castellón, ha hecho caso a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y ha requerido a la presidencia de la Comunidad de Madrid, cuyo titular es el sucesor de Cristina Cifuentes, Ángel Garrido, para que le informe sobre la decisión del Gobierno de la Comunidad de Madrid, entonces encabezado por Esperanza Aguirre e Ignacio González, de declarar de "interés general" la construcción del campo de golf de Chamberí, en el centro de Madrid.
El Consejo de Gobierno de Aguirre calificó el 18 de enero de 2007 el proyecto de construcción del campo de golf como de interés general, un mecanismo legislativo extraordinario aplicado por el Ejecutivo para iniciar las obras después de que el Ayuntamiento de Madrid, gobernado entonces por Alberto Ruiz-Gallardón, le negara la licencia.
Los hechos denunciados se remontan a 2002, cuando el Ayuntamiento de Madrid y el Canal de Isabel II suscribieron un acuerdo para que en el lugar se construyera el denominado "tercer depósito", un parque público con zonas verdes en Chamberí (Madrid). Tras las elecciones de 2003, cuando González accedió a la vicepresidencia de la Comunidad, el proyecto se varió y parte de dicho parque se sustituyó por un campo de golf.
En su declaración en la comisión de investigación sobre la corrupción política de la Asamblea de Madrid, Aguirre aseguró que la idea de la construcción de un campo de golf en los terrenos del tercer depósito del Canal de Isabel II fue suya y que se responsabilizaba totalmente de ella: "Mátenme, pero la idea fue mía. Lo había visto en Tokio y en algunas películas", dijo la expresidenta, informó Europa Press.
Pablo González
Según la investigación de la UCO, la familia de González percibió más de 500.000 euros en la construcción del campo de golf, que inicialmente había sido adjudicada a Dragados, que la subcontrató a Tecnoconcret, propiedad del hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid, Pablo González, y del cuñado de ambos, José Juan Caballero.
Este es el motivo por el que el magistrado ha acordado requerir a la Presidencia de la Comunidad de Madrid para que le dé información del protocolo que se debía seguir en 2007 para la tramitación del expediente administrativo de declaración de excepcional interés general. "Y en particular qué tipo de informes y dictámenes eran preceptivos para su aprobación y posterior elevación al Consejo de Gobierno", especifica el auto, al que ha tenido acceso Vozpópuli.
La UCO de la Guardia Civil reclamó al juez que pidiera más información del expediente tras analizar la documentación facilitada por la Comunidad de Madrid, en la que se constata que el entonces secretario general técnico de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Alfonso Moreno Gómez, fue el encargado de reclamar, el 17 de enero de 2007, un informe de la Dirección General de Urbanismo "sobre la aplicación del artículo 161.5" en la operación del campo de golf de Chamberí.
"La relevancia de este informe de índole urbanística para la investigación radica en que el documento que figura en el expediente en realidad no informa o aporta opinión alguna sobre la aplicación del artículo 161.5 de la Ley del Suelo, sino que se limita a devolver la documentación que le facilitaron al Director General de Urbanismo para redactar el citado informe", destaca el magistrado en el auto.
"Relevancia penal"
"Dada la relevancia penal que podría tener que dicho informe urbanístico fuese necesario para que el Consejo de Gobierno dictase una resolución sobre la aplicación del artículo 161.5, procede la práctica de una serie de actuaciones encaminadas a esclarecer si dicho informe era preceptivo y si el informe de Urbanismo analizado es el único que obró en el expediente", completa el juez García-Castellón.
En su declaración en la Asamblea, Aguirre defendió su actuación: "Yo no hice ninguna trampa. Al decirme el Ayuntamiento eso, me propusieron que se pudiera utilizar el artículo 161 de la Ley del Suelo que había aprobado Gallardón cuando era presidente regional. Yo creo que era de enorme interés general para la Comunidad, para los vecinos de Chamberí. Después de esto nos votaron en el 68,8 por ciento. Es que no lo digo yo: la sentencia que anula la declaración dice que el proyecto es de interés general", dijo.
"Perfectamente legal"
Aguirre explicó, además, que la aplicación de la declaración de interés público de este proyecto fue una cuestión "perfectamente legal". "Yo soy jurista y le aseguro que el artículo 161 de la Ley del Suelo está para casos como éste y no sólo lo digo yo, lo dice una sentencia que dice que la obra es claramente de interés general".
Asimismo, el juez García-Castellón reclama a la Comunidad de Madrid que indique las competencias que tenían el secretario general técnico de la Vicepresidencia Primera del Gobierno, el secretario general técnico de la Consejería de Medio Ambiente y del director general de Urbanismo y Planificación Regional en los años 2006 y 2007.
