Después de cinco sesiones y de haber declarado casi todos los acusados, ya se pueden extraer algunas conclusiones preliminares del juicio sobre el 'procés' que se está celebrando en el Tribunal Supremo:
1.- Va a ser muy complicado probar la violencia que exige el Código Penal para poder condenar a los líderes del 'procés' por un delito de rebelión. La "actuación tumultuaria" que contempla el delito de sedición será más fácil de probar, pero de momento no se han visto muchas evidencias. Serán claves los testigos y los peritos, que empezarán a declarar esta semana.
2.- El delito de malversación de fondos públicos también está en el alero, pues de momento no se ha probado que la Generalitat de Cataluña llegara a pagar alguna factura para la organización del referéndum del 1-O. Teniendo en cuenta que sus finanzas estaban intervenidas por el Ministerio de Hacienda, va a ser complicado encontrar alguna prueba en ese sentido y, de haberla, casi habría que pedirle responsabilidades al ministro de la época, Cristóbal Montoro, por haberlo permitido a pesar de que él controlaba todos los pagos.
3.- Lo que sí se ha constatado después de las declaraciones de los acusados es que incurrieron en un delito continuado de desobediencia, pues se saltaron por el forro todas las advertencias que recibieron para que no celebrasen el referéndum.
4.- Viendo la actuación de los acusados en su momento y escuchando ahora sus declaraciones, es bastante evidente que buscaron saltarse la legalidad vigente de forma intencionada, y que declararon la independencia de una parte del territorio nacional con plena conciencia de ello. El problema es que lo que todos percibimos en su momento tiene que ser probado ahora en sede judicial, y los líderes del 'procés' se cuidaron mucho de no incurrir en delitos que estuvieran tipificados en el Código Penal. Por eso siempre pusieron énfasis en el pacifismo de todas sus acciones, conscientes de que la rebelión exige violencia, y tampoco pagaron ni una sola factura de forma oficial para organizar el referéndum. Va a ser difícil pillarles, porque no son tontos y sabían muy bien dónde estaban los límites que no debían traspasar.
5.- Esa es precisamente la tarea de las acusaciones, demostrar que sí se saltaron la ley aunque dejaran pocas pruebas. El problema es que no ayudan mucho en este sentido las actuaciones de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado. Exceptuando al fiscal Javier Zaragoza, sus demás compañeros han estado muy discretos hasta ahora.
Aprendizajes para el futuro
En cualquier caso, queda mucho juicio por delante. No se puede dar nada por definitivo, pero conviene ir haciéndose la idea de que no va a ser fácil que a los acusados les caigan 20 años de cárcel, por mucho que su actuación nos parezca totalmente reprochable y lo que hicieron un golpe de Estado.
Si Zapatero no hubiera despenalizado la convocatoria de referendos ilegales todo sería más fácil. Y si el Código Penal no se hubiera modificado para exigir la existencia de violencia en el delito de rebelión, muchísimo más sencillo todavía. Pero tenemos el Código que tenemos y habrá que aplicarlo, nos guste o no.
Por eso no está de más que, como aprendizaje para el futuro, nuestros políticos se planteen seriamente si conviene volver a castigar los referendos ilegales y las declaraciones de independencia que no sean violentas. Esta semana el PP y Ciudadanos han planteado lo primero en el Congreso de los Diputados, pero se han quedado solos. El PSOE prefirió votar junto a los independentistas.
