La decimosegunda semana del juicio del 'procés' arrancó con el convento de Las Salesas convertido en el Supremo de los Diputados. El juez Marchena retomó la interminable fase testifical y se encontró con hasta siete escaños repartidos en la sala de vistas, dos en la bancada de la acusación popular que ocupan los abogados de Vox y cinco en la bancada de los acusados, forrada en terciopelo granate. De entrada, sirva la foto como argumento incontestable de que todo cabe en democracia cuando las urnas son las correctas y no las que se trae uno de casa.
Los números darían para que Junqueras, Sànchez, Turull, Rull y Romeva -este último elegido senador- formasen grupo parlamentario propio si no fuese porque en este hemiciclo la voluntad popular cuenta poco frente a las decisiones del tribunal Y eso, que no es otra cosa que la separación de poderes, no deja de ser algo perfectamente democrático también.
Parecía una semana normal marcada exclusivamente por las declaraciones de los testigos solicitados por los abogados de los acusados. Por la silla de los testigos desfilaron cargos de ERC, alcaldes independentistas de los de lazo amarillo, más mediadores con traductor, votantes en el 1-O… todos ellos con el objetivo de revertir el relato dibujado en sesiones anteriores por policías y guardias civiles y dejar claro que, si hubo violencia, fue la que ejercieron los uniformados y no al revés.
"Ganas de autodeterminarse"
“La gente tenía muchas ganas de autodeterminarse”, dijo una senadora republicana antes de que una observadora portuguesa relatase cómo su nieta le pidió que no saliese de casa durante una jornada electoral en su país. Había visto las cargas del 1-O en televisión y pensaba que ir a votar era eso. El cantautor Lluis Llach, diputado de Junts pel Sí, admitió que fue suya la idea de que los Jordis se subieran a los coches de la Guardia Civil el 20-S.
Antes dijo que tuvieron que llorar para que se bajase de ellos la gente que los había destrozado. Otro testigo se quebraba al recordar el sonido de las porras abriendo la cabeza a sus vecinos. No se pusieron de acuerdo, en cambio, sobre el papel que jugaron los Mossos de Trapero durante la consulta. Uno los vio mediar, a otro sí le multaron, otra dijo que permitieron la votación, en otro colegio ni siquiera los vieron...
Nada haría pensar que era una semana distinta, a juzgar por cómo se comportaban los protagonistas intramuros, donde los abogados de los líderes independentistas intentan su particular remontada. Pero extramuros, las sonrisas y los corrillos durante los descansos ofrecían un ambiente diferente al habitual. Por una vez no se hablaba de estrategias jurídicas ni se preguntaba por el marcador del juicio. El interés general giraba en torno a cómo lo van a hacer los acusados para ejercer de parlamentarios teniendo en cuenta el detalle de que siguen en prisión provisional. Para entonces, el juez Marchena ya sabía que se le avecina otro lío.
Precedentes
Una cosa es recoger el acta, que se puede delegar en una tercera persona. Otra es que juren el cargo, que ya tiene que ser presencial y bastaría con una salida. Y un tercer escenario plantea la duda de si podrán asistir a los plenos, empezando por el de la investidura en el que cada voto puede resultar decisivo.
Lo normal es que cuando a un diputado le investigan judicialmente, el Tribunal Supremo no mueve ficha hasta que solicita al Congreso el llamado suplicatorio para seguir adelante con sus pesquisas. La novedad en este caso es que los afectados ya llevan tres meses de juicio. En 1989 se pidió ese suplicatorio para un etarra, se le excarceló, y para cuando llegó la respuesta ya se había fugado.
Otro precedente, mucho más reciente, remite al juez Llarena en la instrucción del procés cuando impidió a los líderes independentistas ejercer en el Parlament catalán por estar en prisión y ya procesados por un delito de rebelión (artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). El Tribunal Supremo avaló esa decisión hace solo ocho meses, lo que en cierto modo ata de manos ahora al tribunal para hacer algo diferente.
En el otro bando cabe la posibilidad de que pidan la excarcelación o incluso la suspensión del juicio si se solicita el suplicatorio. Parte de los acusados tienen a su jefe en Waterloo y a día de hoy sería mucho decir que todos mantuviesen una misma estrategia. Sin prisa pero sin pausa, jueces y abogados revisan ya sus papeles sin dar excesivas pistas para no dar pasos en falso. Al argumento principal de esta serie no dejan de salirle subtramas.
