El tribunal del 'procés' en el Tribunal Supremo retomará hoy a las 9.30 horas sus sesiones con el interrogatorio a los dos últimos acusados que aún no han podido ser escuchados, el presidente de Ómnium, Jordi Cuixart y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, cuyo testimonio previsiblemente consumirá toda la jornada del día 26. A partir del miércoles dará comienzo la fase testifical, que pretende concentrar entre el miércoles y el jueves la comparecencia de un total de veinte personas.
Además, la Sala deberá dar respuesta al presidente del Parlament, Roger Torrent (ERC), citado como testigo para el próximo miércoles, después de que éste haya enviado una carta al Tribunal Supremo alegando que el día 27 hay Pleno en el Parlament de Cataluña y por lo tanto no podrá acudir al juicio.
Jordi Cuixart, procesado por rebelión
La Fiscalía pide 17 años de prisión y 17 años de inhabilitación para Cuixart por el delito de rebelión agravada por condición de jefe o promotor y por la malversación de caudales públicos. La Abogacía del Estado solicita 8 años de cárcel por sedición; mientras que VOX pide 62 años de prisión por dos delitos de rebelión y organización criminal.
El Ministerio Público le acusa de participar en las reuniones organizativas para la consecución de la independencia, en la que se destacó su capacidad de movilización. Al igual que al líder de Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez, le imputa reiterados llamamientos para votar un referéndum en las distintas manifestaciones, como en la concentración del 20 de septiembre de 2017 en la que se dirigió a los concentrados para que defendiesen la independencia e instó a hacer una movilización permanente.
Su defensa ha denunciado reiteradamente la vulneración del derecho de reunión pacífica y derechos civiles y democrático del líder social y advierte que si se le condena, la Justicia internacional sancionará a España por la vulneración de los derechos humanos.
Carme Forcadell
Forcadell también se enfrenta a una pena 17 años de prisión y 17 años de inhabilitación por el delito de rebelión agravada por condición de jefe o promotor y por la malversación de caudales públicos. La Abogacía del Estado solicita 10 años de cárcel por sedición; mientras que Vox pide 62 años de prisión por dos delitos de rebelión y organización criminal.
La Fiscalía le acusa de haber permitido la tramitación y aprobación de las leyes de desconexión y convocatoria de referéndum, incumpliendo las sentencias del Tribunal Constitucional. En su escrito de acusación provisional destaca también la participación de la exmandataria en actos y llamamientos a favor de la independencia de Catalunya.
La defensa de la expresidenta del Parlament la desvincula de cualquier decisión de la convocatoria del 1-O, así como de la aprobación de la DUI, sobre la que explica que llegó al Pleno de la cámara autonómica a petición de los grupos parlamentarios. Argumenta que nunca participó en la toma de decisión del Govern en torno al proceso soberanista y que cuando Junts pel Sí y la CUP pidieron debatir y votar las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica, se limitó a actuar de acuerdo al reglamento del Parlament.
Rajoy y otros testigos
La Sala ha concentrado los próximos miércoles y jueves la comparecencia de los primeros veinte testigos del juicio, lo que supone fijar para el 27 de febrero -una día más tarde de lo inicialmente previsto- la comparecencia del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. Ese mismo día también están citados el presidente del Parlament Roger Torrent -aunque es probable que la cita se cambie a otra jornada tras su petición- la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, el expresident de Cataluña Artur Mas y el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro.
