Esta undécima semana del juicio del 'procés' en el Tribunal Supremo estaba marcada en rojo por los abogados de los doce líderes independentistas. Después de varias semanas de testimonios policiales, le tocaba el turno a los testigos solicitados por los acusados. En ese contexto, la de este jueves fue una sesión especialmente bronca, que mostró la versión más airada del presidente del tribunal, el juez Manuel Marchena.
El punto álgido tuvo lugar durante la declaración del catedrático de Derecho Constitucional Enoch Alberti, cuando contestaba a las preguntas del abogado del líder de Omnium, Jordi Cuixart. El testigo se animó a explicarle a los miembros del tribunal, la élite de la magistratura con decenas de años de experiencia, en qué consiste el derecho de autodeterminación. “No podemos permitir que el juicio se convierta en una lección de un constitucionalista a los magistrados del Supremo, esto es un insulto a los miembros del tribunal", le interpeló Marchena.
El testigo formó parte del Consejo Asesor para la Transición Nacional que elaboró el llamado Libro Blanco, una suerte de piedra filosofal del 'procés' para las acusaciones y un documento de mil folios que nadie se ha terminado de leer, según declaró el exlider de la ANC Jordi Sànchez al inicio de este juicio. Su autor -que desvinculó el libro de la independencia- iba a disertar sobre el “derecho de autodeterminación interno” cuando Marchena terció con un visible enfado que fue in crescendo.
El juez más tarjetero
El juez más 'tarjetero' en lo que va de juicio -dos meses y medio- ya había cortado por razones similares a otra testigo minutos antes. La alcaldesa de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), Mayte Aymerich, se extendía en explicar el ideario político del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras a quien sustituyó en la Alcaldía del municipio. Marchena le instó a no seguir por esos “derroteros”. En su declaración, Aymerich dijo que acompañó a Junqueras a votar el 1-O, pero no pudieron hacerlo por la presencia de los Mossos.
Cargos de la CUP, de ERC, el número dos de Ada Colau en el Ayuntamiento de Barcelona, Gerardo Pisarello (A quien Marchena también cortó cuando hablaba del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1932)… así hasta 17 testigos solo en la jornada de este jueves, que comenzó con un incidente en la sala. Las autoridades expulsaron al exconcejal de la CUP Albert Boada por llevar una camiseta pidiendo la libertad de los políticos que están en prisión preventiva por esta causa.
Según fuentes del alto tribunal, la Policía se percató de que llevaba esta camiseta negra con el eslogan en catalán: "Llibertat presos polítics!" una vez que ya estaba sentado en los bancos reservados para el público. En ese momento, los agentes le invitaron a abandonar la sala, pero el hombre se resistió. Una vez fuera, también se opuso a entregar la tarjeta de identificación, que le permite entrar como público al Salón de Plenos y alzó el puño por el pasillo del Supremo.
Rechazo a Vox
Marchena se empleó a fondo para impedir testimonios largos que se excediesen de lo que afecta a la causa. Tanto que el abogado de Junqueras, Andreu Van den Eynde, -con el que juez ha tenido diversos encontronazos otras veces- le echó una mano y antes de empezar a preguntar a sus testigos ya les pedía respuestas concisas. No siempre le hicieron caso.
Entre los citados por los abogados de las defensas también estaba el exdiputado de la CUP en el Parlamento catalán, David Fernández, quien compareció ante Marchena con una camiseta que en el pecho mostraba una foto y el nombre de Giovanni Falcone, el juez antimafia que fue asesinado en 1992 por tratar de desarticular la Cosa Nostra.
El exdiputado catalán contestó sin quejas a todas las preguntas que se le formularon por parte de defensas y acusaciones hasta que le llegó el turno a Vox, que ejerce la acusación popular y que quiso saber si en esos talleres participaron miembros de Arran -las juventudes de la CUP- o de la izquierda abertzale.
Dudas jurídicas
El testigo se quedó callado entonces y tras unos segundos se dirigió al presidente del tribunal, Manuel Marchena, anunciándole que quería hacerle una pregunta, a lo que el magistrado le instó a formularla. Fernández quiso saber si en el caso de no contestar a Vox, todo su testimonio podría quedar invalidado. Marchena le recordó que los testigos en un proceso penal están obligados a responder a todas las partes personadas y a decir la verdad, a lo que añadió que él "no está para resolver dudas jurídicas".
Antes de eso, Fernández declaró que el 1-O los ciudadanos ejercieron una actitud "pacífica" de "resistencia" ante la presencia policial que consistió en "muros" o "murallas humanas" para tratar de impedir la actuación de intervenir las urnas y cerrar los locales. El término empleado es el mismo que usa la Fiscalía para sustentar su acusación por rebelión, pero Fernández matizó que en ningún caso esta actitud obedecía a una "estrategia de planificación violenta".
