La Junta de Andalucía de Juan Manuel Moreno (PP) y Juan Marín (Cs) premiará a 7.215 empleados temporales de la era socialista poniéndoles en bandeja su contratación como fijos. Es el acuerdo que había alcanzado la expresidenta andaluza Susana Díaz y que el nuevo Gobierno ha terminado de asumir esta semana con su traslado a los sindicatos.
Más allá de algunos flecos que penden todavía de negociación, la propuesta ha sido bien recibida por los sindicatos de la mesa general, UGT, CCOO y CSIF, según ha podido confirmar Vozpópuli. Entre los 7.215 afectados, 4.500 son personal docente y el resto, de la Administración general. Entre los empleados afectados aparecen incluidos al menos cerca de 200 que entraron a la Administración antes del año 2006. El ABC de Sevilla había adelantado la propuesta inicial el pasado viernes.
Para pasar a ser fijos, los afectados deberían pasar un concurso-oposición en el que tendrán una importante ventaja frente a cualquier persona que no haya trabajado antes en la Administración pública. La propuesta del Gobierno andaluz apoyada por UGT, CCOO y CSIF fija un peso mínimo del 40% del concurso - esto es, de los méritos ajenos al mero examen -, una cifra mayor que en otras comunidades, y dentro de la que el Gobierno apunta a "primar la experiencia".
Concurso-oposición
"La temporalidad que se había acumulado en la Administración ameritaba una respuesta extraordinaria", responden fuentes sindicales, a la hora de justificar la vía del concurso-oposición. Las bases definitivas de las pruebas, dentro de los márgenes ya fijados, están a expensas de la negociación de la Junta con las mesas sectoriales, en las que están representados otros sindicatos, explican las mismas fuentes.
Así las cosas, fuentes sindicales críticas con la gestión socialista lamentan que el acuerdo rubricado por la presidencia de Moreno sea una "fotocopia" del firmado por Díaz y denuncian que, pese a los nuevos aires, "todo sigue igual". "Siempre es la misma historia, siempre es la excusa de la estabilidad para cerrar las puertas de la administración a los ciudadanos que no pertenezcan al aparato. La política de empleo público no ha cambiado", dicen desde el Sindicato Andaluz de Funcionarios, incidiendo en la falta de transparencia de muchos de los procesos por los que los temporales entraron a la administración.
"Defendemos la estabilidad laboral"
Desde la Junta reconocen que el nuevo Gobierno andaluz no ha cambiado "ni un ápice" en esta materia, sobre la que Susana Díaz había alcanzado un acuerdo a mediados del pasado año.
Responden, en cualquier caso, que con el acuerdo "no se añaden empleados" sino que se busca defender la "estabilidad laboral" en tiempos en los que la Unión Europea recomienda reducir la tasa de temporalidad al 8% de la Administración.
Así, remarcan que el "proceso de estabilización" lo están llevando a cabo distintas comunidades autónomas para reducir la temporalidad, y viene autorizado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado del ejercicio de 2017 tras un acuerdo alcanzado a nivel estatal con las mismas organizaciones sindicales, CSIF, UGT y CCOO, en marzo de 2017.
