La pareja de Isabel Díaz Ayuso ha denunciado ante el juzgado que le investiga por presunto fraude fiscal que el PSOE habría filtrado datos de su causa a través de una nota informativa que habría redactado la jefa de prensa del Consejo de Estado.
En un escrito el empresario Alberto González Amador pide que se sancione a los letrados de la acusación popular con 10.000 euros porque considera que están filtrando información del procedimiento que se sigue en su contra en los juzgados de Plaza de Castilla. De hecho, sostiene que estos letrados han revelado el contenido del sumario a la dircom del Consejo de Estado, Belén Labadíe.
En concreto apunta que se ha filtrado información de la causa en el marco de la cual tendría que haber sido interrogado este lunes a la jefa de prensa del órgano que preside Carmen Calvo. La dircom, según la denuncia, habría sido la encargada de elaborar la nota de prensa del PSOE en la que el partido cuenta que las acusaciones popular del procedimiento han pedido más diligencias contra él.
La acusación del PSOE
La titular del Juzgado de Instrucción Número 19 de Madrid ha acordado aplazar la declaración de Alberto González Amador en el marco de las diligencias que se siguen contra el empresario madrileño por fraude fiscal. La magistrada Inmaculada Iglesias actúa a tenor del escrito presentado por la acusación popular, ejercida por PSOE y Más Madrid, en el que solicita más tiempo para proceder al análisis completo de la documental del caso y que se investiguen la comisión de otros cuatro nuevos supuestos delitos.
La dirección letrada liderada por el Partido Socialista defiende la existencia de indicios suficientes para acreditar la comisión de más delitos y pide practicar nuevas diligencias para investigar la relación de González Amador con el grupo hospitalario Quirón Prevención. Tras el análisis del informe remitido por la jefa del Equipo de Inspección de la Agencia Tributaria en la Delegación Especial de Madrid, la acusación popular entiende que se deben de agravar los delitos fiscales por la existencia de "una organización" que, gracias a la utilización de personas físicas o jurídicas interpuestas, algunas de las cuales están radicadas en el extranjero, se pudieron cometer estos delitos.
Los socialistas subrayan que los hechos investigados afectan a más elementos contables que los señalados inicialmente por el Ministerio Fiscal, a la cuantía defraudada y a los responsables de los hechos, de tal modo que pudieran aparecer nuevos involucrados en la presunta comisión de dichos delitos. Por ello, instan a la jueza a investigar los movimientos bancarios de las empresas investigadas entre 2019 y 2022 y que piden que se aporte la escritura de compraventa de sus viviendas entre el 2020 y 2024.
Acuerdo con la Fiscalía
La pareja de la dirigente popular estaba citada a declarar este lunes en calidad de investigado por dos delitos de fraude fiscal y un delito de falsedad en documento mercantil. La jueza acordó el pasado mes de marzo abrir diligencias contra el novio de Ayuso y otros cuatro empresarios a raíz de la denuncia presentada por la Fiscalía sobre un presunto fraude tributario relativo al Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021, atribuido a la empresa Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento de Medioambiente.
Según el Ministerio Público, el presunto delito radicaría en la indebida deducción de gastos en facturas que no se corresponden realmente con los servicios prestados "con la finalidad de eludir su tributación".
Ahora, la maniobra ejecutada por PSOE y Más Madrid rompe, por el momento, cualquier acuerdo de conformidad que hubiese sobre la mesa. González Amador busca firmar un acuerdo con la Abogacía del Estado, que actúa como representante de la Agencia Tributaria, y la Fiscalía para libarse de entrar en prisión, a cambio, tendría que aceptar la comisión de los delitos fiscales que se le atribuyen y ocho meses de prisión.
