El Partido Laócrata ha denunciado ante la Fiscalía del Tribunal Supremo a la ministra de Igualdad Irene Montero por haber elegido mayoritariamente a mujeres para los altos cargos de su departamento. En la denuncia, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, se acusa a la dirigente de Podemos de haber quebrantado "a sabiendas" la Ley Orgánica de Igualdad efectiva entre mujeres y hombres, "vulnerando el principio de presencia equilibrada 40/60".
En este sentido, le imputan un presunto delito de prevaricación recogido en el artículo 404 del Código Penal. Según los cálculos en que basa su denuncia el Partido Laócrata, el porcentaje de hombres es del 21% frente a un 79% mujeres, que ocupan 11 de los 14 altos cargos de dicho ministerio.
La denuncia da por acreditado que la ministra actúa con "dolo" a la hora de ejecutar los nombramientos. Y se remite a las declaraciones realizadas en una entrevista en La Sexta, donde aseguraba no encontrar problema en que "las personas más competentes para desempeñar posiciones de responsabilidad sean mujeres", ya que "durante muchos siglos la sociedad ha sido gobernada exclusivamente por hombres".
Incumple varios artículos
Según el texto, la política de nombramientos implantada por Montero "incumple los artículos 4, 14.4, 16 y 52, la Disposición Adicional" de la ley de Igualdad. "La Ministra, sabía que no podía nombrar sólo mujeres, así que esperaron casi 15 días para culminar el cumplimiento de su caprichosa voluntad que era que todos los cargos y nombramientos fueran mujeres, e incluir en cargos inferiores del Ministerio y el Instituto de la Mujer, tres hombres para tratar de disimular el flagrante, abusivo y a sabiendas incumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007", reza el escrito.
La denuncia, presentada el pasado cinco de marzo por Sergio Cebolla ante el Alto Tribunal en representación del Partido Laócrata, solicita que la ministra sea llamada a comparecer ante la Fiscalía. El artículo 404 del Código Penal al que hace referencia dice que "a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años".
