Se cierra la legislatura con récord de comisiones de investigación abiertas en la historia de la democracia. La llegada de las nuevas formaciones políticas a la carrera de San Jerónimo prometía poner patas arriba las inercias del bipartidismo, pero la bronca política terminó imponiendo frente a la aprobación de conclusiones que señalen a los responsables de la corrupción o de la quiebra de las cajas de ahorro.
El Congreso dio carpetazo este martes a la comisión de investigación sobre la financiación irregular del PP, por la que han pasado todos los dirigentes del partido desde sus inicios a excepción de Mariano Rajoy. Podemos y Ciudadanos querían que las próximas Cortes citaran al expresidente junto al empresario Florentino Pérez y al líder del PP en el Senado, Ignacio Cosidó. Pero PP y PSOE se opusieron tras haber dilatado durante los últimos meses la citación de nuevos comparecientes.
Ante este panorama, el órgano parlamentario da carpetazo a casi dos años de trabajos con más de cuarenta comparecencias que en buena parte terminaron convertidas en una lucha partidista con un proceso judicial paralelo. De hecho, como respuesta a la creación de esta comisión, los populares impulsaron con su mayoría absoluta en el Senado otra similar para indagar en las cuentas del resto de formaciones políticas. Por ella pasó sin mayores complicaciones el secretario general del Podemos, Pablo Iglesias.
La de la financiación no fue la única penitencia de los populares en esta legislatura. Quien sí logró aprobar sus conclusiones fue la comisión de investigación sobre el uso partidista del Ministerio del Interior por parte de Jorge Fernández Díaz, donde todos los partidos –a excepción del PP- se pusieron de acuerdo para concluir que se habían usado recursos para atacar a políticos independentistas y a contrincantes políticos durante el primer mandato de Rajoy.
Las cajas, sin mención a la 'politización'
A diferencia de las de las cuentas del PP, la Comisión que se constituyó para investigar la crisis financiera, la quiebra de las cajas de ahorro y la caída de Banco Popular sí ha logrado aprobar un dictamen con unas conclusiones que aún deben ser aprobadas este jueves por el Pleno de la Cámara Baja en su última sesión antes de la disolución de las Cortes.
Sin embargo, tampoco ha habido consenso entre los partidos, que defenderán votos particulares a las conclusiones. Unidos Podemos se abstuvo porque cree que el texto no es suficientemente duro con los causantes de la crisis. Ciudadanos votó en contra porque no se hace hincapié en la 'politización' de las cajas de ahorro como causantes de su quiebra y al posterior rescate de 60.000 millones de euros.
"Las decisiones erróneas son tomadas por personas particulares o grupos de personas independientemente de su profesión o filiación", señala el texto impulsado por el órgano parlamentario que preside la diputada de Coalición Canaria Ana Oramas. La comisión ante la que han pasado más de 80 ponentes en año y medio reprueba la gestión del Banco de España y del resto de supervisores, a los que culpa de no haber hecho "frente a sus obligaciones" para evitar la burbuja de crédito y la burbuja inmobiliaria.
