Entre los planes de la dirigente de la CUP, Anna Gabriel, no está volver a España. La exdiputada viajó a Suiza el pasado sábado y allí continúa, pese a que este miércoles tiene un cita en el Tribunal Supremo para declarar como investigada por delito de rebelión. A pesar de que esta ya ha notificado que no piensa acudir, el juez Pablo Llarena mantiene que la exdiputada deberá estar presente a las 9.30 horas, no solo eso, una vez se confirme su ausencia en el juzgado, Llarena dictará la orden de detención nacional e internacional, paso previo a pedir al país helvético su extradición, según El Periódico.
Llarena, tras recibir el escrito de Gabriel en el que expone que no irá a declarar al Supremo porque cree que en la causa abierta por el proceso hacia la independencia de Cataluña no tiene derecho a "un juicio justo", ha optado por mantener su citación.
Una vez que se confirme su ausencia, al juez le tocará decidir qué pasos da y si inicia el procedimiento para pedir su detención y extradición a las autoridades suizas.
La Fiscalía va a estudiar si solicita al juez que emprenda ese camino, al tratarse de una extradición (en Suiza no rige la euroorden), el juez podría activarla con independencia de que lo soliciten las acusaciones.
En cualquier caso, Llarena ha evitado hasta el momento activar los mecanismos internacionales para conseguir la detención y entrega de los otros cinco fugados: el expresidente Carles Puigdemont y los exconsellers Antonio Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y Lluis Puig.
De hecho, al hacerse cargo del caso optó por desactivar las órdenes (europeas e internacionales) dictadas por la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela contra los fugados y tan solo mantuvo el mandato de su arresto en el caso de que regresaran a España.
Esa es una de las opciones que tiene sobre la mesa en el caso de Gabriel, al menos hasta que decida pedir a Bélgica la detención del resto, algo que prevé hacer cuando termine la investigación y dicte auto de procesamiento.
En el caso de Suiza no sería aplicable la orden de detención y entrega europea (euroorden), por lo que Llarena debería solicitar la detención a través de la Interpol e iniciar los trámites de extradición mediante el convenio suscrito entre ambos países.
El Gobierno suizo ha anticipado que, "a priori", este caso parece estar ligado a delitos políticos, por lo que si España pide la extradición sería eventualmente rechazada.
La estrategia de defensa anticipada por Anna Gabriel pasará por denunciar una persecución por motivos políticos, dado que Suiza contempla el rechazo a las peticiones de extradición si el procedimiento abierto en el extranjero "tiende a perseguir o castigar la persona por sus opiniones políticas, su pertenencia a un grupo social específico, o por consideraciones de orden racial, religioso o de nacionalidad".
La legislación suiza determina que para aceptar una petición de extradición, "por regla general", al menos una de las infracciones imputadas debe estar sancionada tanto en Suiza como en el país solicitante y dar lugar a extradición en las dos legislaciones.
