Macarena Olona Choclán (Alicante, 1979) fichó por Vox en marzo de 2019 y, en apenas un año, se ha convertido en uno de los principales arietes contra el Gobierno en el Congreso de los Diputados.
Poco queda de la diputada novata que observaba la vida parlamentaria de los primeros meses de la abrupta y breve XIII legislatura. Lo hacía detrás de aquella carpeta blanca con el rótulo 'Por España'.
Ahora pisa fuerte por los pasillos de la Cámara Baja y presume de mascarilla antivirus con el verde de la Guardia Civil y una bandera rojigualda. No eleva el tono de voz, casi susurra, pero la abogada del Estado reparte a diestro y siniestro desde la tribuna de oradores.
En la sesión plenaria de este miércoles -ya inmersos en la legislatura pandémica- le tocó al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, del que asegura que "de su condición de magistrado no queda ni la sombra de su toga".
Convencida de que al Ejecutivo de Pedro Sánchez le sobran "debilidad y márketing" y le falta "un proyecto de país", Olona advierte que España avanza a un régimen totalitario en el que las políticas y pretensiones de Pablo Iglesias cada vez tienen más calado en Moncloa: "El siguiente paso del Gobierno es tratar de tomar el poder judicial".
¿Se identifica con la etiqueta de azote del Gobierno? ¿Le acomoda ese rol?
Lo que estoy haciendo desde que me incorporé a Vox es lo mismo que hacía en mi etapa previa profesional como abogada del Estado: sudar la camiseta pública. Me han llamado azote del PNV por trabajar duramente y aflorar irregularidades y procesos que luego han acabado en investigaciones por corrupción y, en algún caso, en condenas.
Y, ahora, soy parte de una gran familia que se caracteriza por una férrea defensa de la libertad y del Estado de derecho. Esto significa que somos azote del Gobierno socialcomunista y de todos sus cómplices y cooperadores. Intentan ocultar la gestión criminal que se está llevando a cabo de la tragedia que está asolando a España.
En esa tragedia converge una crisis sanitaria y la que algunos economistas ya consideran la peor crisis económica desde la Guerra Civil. ¿Qué soluciones aporta que los grupos parlamentarios centren gran parte del debate en arrojarse los bulos a la cabeza?
Hacer campaña con los bulos es una cortina de humo del Gobierno para distraer y confundir a los españoles. Así no se fijan en lo verdaderamente importante, que son los fallecidos. De ellos se habla muy poco.
El Gobierno ha tenido que afrontar la gestión de pandemia que no entraba en sus planes y lo ha hecho con el mismo modus operandi que venía realizando desde la moción de censura. Está llevando a cabo una política de márketing. No tienen un proyecto de país, sino un proyecto de poder.
Por eso, las políticas que aplican son estrictamente las necesarias para perpetuarse en Moncloa.
¿Está contribuyendo también Vox a que el debate en torno a las noticias falsas predomine sobre el de la cifra de personas fallecidas?
Cuando nosotros hablamos del 'Gobierno del bulo' es para poner de manifiesto que están imponiendo la mentira oficial para acallar las voces críticas y disidentes desde distintas ideologías. Las señalan en una lista negra, las desacreditan diciendo que son bulos y tratan de proceder a su eliminación.
No es casual que se nombrase Fiscal General del Estado a la ex ministra Dolores Delgado. Desde entonces, tuve claro que uno de los objetivos que se perseguía era el de nuestra ilegalización.
Nosotros hemos centrado el debate en el Estado de derecho porque tenemos muy claro que en esta crisis sanitaria, económica y social se está destruyendo nuestra democracia. Al principio elevamos la voz solos. Pero ya se están sumando otras formaciones políticas y juristas y personalidades de reconocido prestigio.
Al albur de gestionar la crisis provocada por el coronavirus, este Gobierno aprovecha para cercenar derechos y libertades y ahí es donde nosotros introducimos el debate en torno al bulo gubernamental. Las mordazas no son necesarias para combatir el coronavirus, pero hay un plan y se está ejecutando siguiendo el modelo chavista venezolano.
¿Por qué el Gobierno de España estaría tratando de seguir ese modelo?
Porque tenemos un Gobierno débil y porque hoy no reconocemos al socialismo constitucionalista. El presidente solo mira por sus aspiraciones personales. Esto hace que un comunista y sectario como Pablo Iglesias esté aprovechando esa debilidad para avanzar en su modelo totalitario.
Múltiples voces venezolanas nos gritan desde Venezuela y desde el exilio que despertemos. Nos están advirtiendo. El siguiente objetivo del Gobierno es la toma del poder judicial. Estamos pasando de un régimen democrático a un régimen totalitario.
España pertenece a la Unión Europea. ¿Ve realmente viable que el país llegue a la situación que atraviesa el pueblo venezolano?
Absolutamente. Este Gobierno va a soltar todos y cada uno de los cabos que le impidan acceder al Golpe de Estado que se está dando desde el mismo poder. La UE ya ha dicho que España ha mentido en el déficit público de 2019. Cuando vayamos a Bruselas con la renta mínima vital que Iglesias quiere imponer con carácter permanente la UE no va a aceptarlo sin rechistar. A la parte dominante de del Gobierno socialcomunista no le interesa estar en la UE.
El siguiente objetivo es esa toma de poder judicial. Esta semana el vicepresidente Iglesias, la ministra de Igualdad y el portavoz Unidas Podemos en el Congreso se han dedicado a demonizar a los jueces y a sembrar la duda sobre su independencia. Venden la condena a una de sus diputadas [Isabel Serra] como si ella hubiese estado evitando pacíficamente un desahucio. Mentira. Otra vez, el bulo gubernamental.
Parafraseando a don Luis Portero, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía asesinado por ETA en el año 2000 en Granada, "no hay ni puede haber una justicia progresista ni conservadora, solo puede haber una justicia constitucional". Esto no va de derechas ni de izquierdas.
¿Teme Vox salir mal parado de las denuncias de PSOE y Unidas Podemos en la Fiscalía General del Estado? ¿Qué recorrido cree que tendrán?
Ningún temor desde el punto de vista jurídico. No tienen ningún tipo de recorrido. Lo único que buscan es amedrentar y poner una mordaza. El ministro de Interior, que de la condición de magistrado que tuvo no queda ni la sombra de su toga, ha creado lo que nosotros denominamos 'Ministerio de la verdad paraestatal' y se ha atrevido a decir en el Congreso que dirigentes de nuestra formación extienden bulos.
Pero… ¿quién determina qué es un bulo? Marlaska hace referencia a algunas de mis manifestaciones públicas en redes sociales en el ejercicio de mi libertad de expresión. En concreto, se refiere a un artículo de opinión en el que un jurista hizo un símil entre los campos de concentración y las instalaciones donde el Gobierno quiere confinar a la población asintomática sin autorización judicial.
Me hice eco de la analogía y el ministro lo señaló públicamente. Y yo pregunto: ¿por qué la libertad de expresión sí puede amparar que el Gobierno califique esas instalaciones como Arcas de Noé? ¿Por qué esa es la verdad gubernamental y si yo me hago eco de otra analogía se me imputa un delito?
Al final, si se incurre en la comisión de un delito, lo determinarán los jueces…
Por eso estamos tranquilos con las denuncias de PSOE y Unidas Podemos. Incluso si acaban aprobando la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal anunciada por el ministro de Justicia en plena crisis para atribuir la instrucción de los procesos penales a los fiscales y sustraérselo a los jueces. Mientras haya un solo fiscal que se mantenga en pie con dignidad, y hay millones en España, podemos estar muy tranquilos.
¿Cree, en cambio, que tendrán mejor recorrido las acciones emprendidas por Vox contra la gestión del coronavirus por parte del Gobierno y demás asuntos? En menos de un mes han acudido a los juzgados y tribunales hasta en ocho ocasiones…
Hemos superado el umbral de los 50 diputados que exige la normativa para poder interponer recursos de inconstitucionaldad y defender nuestro estado de derecho y eso es lo que estamos haciendo. Interpusimos recurso de inconstitucionalidad contra el blindaje de Iglesias en el CNI, interpusimos recurso de amparo contra la mordaza que se ha impuesto en el Congreso y vamos a interponer otro contra el estado de excepción encubierto.
Estamos asistiendo a la falta de memoria histórica de gran parte de la población española que no ha tenido que sufrir los estragos de otras épocas pasadas en las que no había derechos ni libertades. Ese es el motivo por el que ha habido tan poca resistencia cuando se nos han arrebatado derechos fundamentales y libertades públicas.
Este Gobierno está utilizando el miedo que atenaza a la sociedad como instrumento de sometimiento. Si estuviera gobernando un partido de derechas y estuviera gestionando esta crisis, la izquierda estaría jaleando a las masas para que incendiara las calles.
¿En qué se basa para asegurar que existe un estado de excepción encubierto?
La ley orgánica 4/1981, de 1 de junio, que regula el estado de alarma permite que, con ocasión de una pandemia o crisis sanitaria, se limiten determinados derechos fundamentales. Pero nunca una suspensión de los mismos. El Gobierno recaba la autorización del Congreso para prorrogar el estado de alarma y, en menos de 48 horas, sale ante los medios de comunicación para anunciar modificaciones sustanciales que suspenden libertades públicas y derechos fundamentales.
Hay más de 22.000 personas fallecidas y la propagación del virus no está controlada, ¿cuál es exactamente la posición de Vox sobre el confinamiento? ¿Es responsable que se relaje esta medida en favor de la actividad económica?
La posición de Vox ha sido clara. Nosotros estamos a favor del confinamiento. Es una medida que se muestra eficaz en la lucha contra la pandemia y fue recomendada por la OMS y demás organismos internacionales.
El problema es que la OMS también dejó muy claro que este confinamiento no sirve de nada si no va acompañado de la realización de tests masivos. Pero el Gobierno desoyó todas las alertas porque tenía que celebrar la manifestación del 8-M.
No solo eso. Grande-Marlaska cesó al responsable de Riesgos Laborales de la Policía porque el 24 de enero emitió un protocolo en el ámbito de sus competencias recomendando a los agentes que adoptaran medidas de protección. A esto se dedica el Gobierno socialcomunista: a cuidar el relato para que no se le castigue. Y por eso oculta a los muertos.
Para que ese confinamiento sea proporcionado y no tengamos que destruir la economía hay que hacer las pruebas necesarias para saber quién puede o no incorporarse a su trabajo. Es una pandemia mundial y somos el país con más fallecidos por millón de habitante. Eso es responsabilidad del Gobierno.
Como usted dice, se trata de una pandemia mundial. Los partidos que forman la coalición de Gobierno ensalzan la actitud y la altura de miras de la oposición portuguesa. ¿Por qué las fuerzas de la oposición en España no siguen ese ejemplo que les señalan?
Nuestra lealtad es con España y los españoles. Apoyamos al Gobierno hasta el momento en el que desvelaron con sus actos que están llevando a cabo una gestión criminal. No lo decimos solo nosotros. Tienen diversas querellas de profesionales sanitarios que están en primera línea de batalla.
La ineficacia, la temeridad, la imprudencia y la negligencia se traducen en muertos. La oposición sería otra si no tuviéramos un Gobierno desleal que está aprovechando esta emergencia sanitaria para imponer un régimen totalitario y adoptando medidas sin pensar en la ciudadanía y pensando en ocultar datos para que no se les castigue.
Para salir de la crisis Vox propone un nuevo gobierno "de emergencia nacional" entre PSOE, PP y su partido con perfiles técnicos. Pero, a su vez, acusan a Pablo Casado de cierta tibieza con Pedro Sánchez y se erigen como única oposición. ¿Son capaces de ponerse de acuerdo con el PP? ¿Es viable esta propuesta?
Lo que solicitamos es un gran pacto nacional que tuviese lugar en el Congreso. Es necesario dar un paso atrás, que el Gobierno dimita y que se forme uno de coalición en el que haya grandes profesionales con experiencia que sepan cómo gestionar. Es una inmoralidad que, teniendo más de 22.000 fallecidos, el lema repetido por este Gobierno una y otra vez sea que no van a dejar a nadie atrás.
Es inmoral que más del 60% de los fallecidos fuesen personas mayores en residencias a las que se les ha impedido el acceso a la UCI. ¡A ellos, a quienes tanto debemos porque con su esfuerzo e impuestos han levantado el sistema público y privado que tenemos en España! Por más que se escondan detrás de las competencias autonómicas la realidad es que tenemos un mando único que es el Gobierno de España y los Servicios Sociales son competencia de Iglesias.
¿Hay algún tipo de interlocución con PP y Ciudadanos sobre ese gran pacto nacional?
No hay una interlocución concreta abierta sobre esa propuesta que pusimos encima de la mesa porque, por desgracia, nos hemos quedado solos. El 9 de marzo solo Vox solicitó el cierre de fronteras respecto a China, Corea e Italia. Somos los únicos que pusimos de manifiesto el error que iba a suponer intervenir en los precios de las mascarillas.
El PP sí que es partido de oposición y, al menos, desde la tribuna es la actuación que muestra. Pero hay un punto en el que hay que pasar de las palabras a los hechos y en esos hechos nos encontramos solos. No meto en el mismo saco a Ciudadanos porque no es oposición, es rendición al Gobierno socialcomunista. Lo vemos en los diferentes plenos.
No somos el "capitán a posteriori". Ojalá se nos hubiera escuchado y no hubiéramos tenido razón.
En su última y sonada interactuación con el ministro Marlaska en el Pleno sobre el coronavirus salió a la palestra el tema de la homosexualidad. ¿Por qué?
No me estaba refiriendo a la homosexualidad de nadie. Fue Pedro Sánchez el que, previamente, al quedarse sin argumentos cuando respondió a Santiago Abascal, sacó a la palestra ese tema. Dijo que Vox llamaba enfermos a los homosexuales. No tuve oportunidad de responder hasta que me tocó intervenir porque así está fijado en el Reglamento del Congreso.
Ya era el turno de Marlaska. Dejé claro que me hubiese gustado que fuese Sánchez el que estuviera delante y no él. Lo dije de corazón. Vox es el partido que ha condenado que una ministra [Dolores Delgado] se refiera a una persona por su condición sexual. Algo que no ha condenado ni PSOE ni Unidas Podemos.
Pero determinadas cadenas y profesionales muy poderosos, que son el brazo ejecutor de la parte comunista del Gobierno, ofrecieron la información sesgada y cortaron la parte en la que aclaraba que se trataba de una respuesta a Sánchez.
Tienen una gran falta de escrúpulos. Hacen daño un colectivo que, a través de la manipulación, cree que un partido les ha calificado de enfermos. He recibido mensajes con insultos y amenazas en las redes sociales. No me importan los insultos hacia mí, me importa que les utilicen.
