Algunos de los abogados de los acusados por el ‘procés’ independentista catalán son muy buenos. Tanto, que han logrado, como por arte de magia y con la complicidad de unos cuantos periodistas, transformar el juicio del Supremo y convertirlo en una causa contra el Gobierno de Mariano Rajoy y, en concreto, contra las cargas policiales que vimos a primera hora de la mañana del día del referéndum del 1-O.
Pero conviene decirlo alto y claro. Aquí no se juzgan las cargas, ni si fueron proporcionadas ni quién las ordenó. El juicio trata de esclarecer si los doce acusados que se sientan en el banquillo cometieron los delitos de rebelión, sedición, malversación y desobediencia durante septiembre y octubre de 2017. Lo que se tiene que dilucidar es si los políticos independentistas catalanes se saltaron la ley cuando convocaron el referéndum, lo celebraron y, posteriormente, declararon la independencia de Cataluña. Nada más, y nada menos. Si alguien quiere buscar responsabilidades por las lamentables cargas policiales que se produjeron el 1 de octubre está en su derecho, pero tendrá que buscar otro foro y presentar la correspondiente denuncia por los delitos que considere que se produjeron y, a poder ser, aportando pruebas.
Estos últimos días, con las comparecencias de Rajoy, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, Juan Ignacio Zoido, exministro del Interior, y José Antonio Nieto, ex secretario de Estado de Seguridad, ha dado la sensación de que la democracia española se sentaba en el banquillo y que los que acudían allí como meros testigos se habían convertido de repente en acusados. Era, obviamente, lo que pretendían los independentistas.
A ello contribuyeron también los propios afectados, con respuestas evasivas e incluso amnésicas. Ante un interrogatorio tan dirigido hacia la supuesta violencia policial por parte de los abogados defensores, algunos de los testigos se acongojaron en exceso. El caso más evidente fue el de Zoido, que por momentos pareció que estuviese siendo procesado por su actuación de aquellos días… cuando en realidad él estaba en el Supremo para intentar aportar pruebas que demostrasen los delitos que se les imputan a los secesionistas. Y, tan acorralado estuvo, que poca luz pudo aportar en lo que de verdad importaba.
Nieto cambia el guión
La declaración de Nieto ha sido algo mejor. Ha soportado un interrogatorio de varias horas, pero ha tenido algo más claro cuál era su papel en el juicio y ha tratado de ofrecer su ayuda para el esclarecimiento de los hechos juzgados. Y, cuando se le ha interrogado por la violencia policial del 1-O, no ha tenido ningún reparo en asumirla como responsabilidad propia. Al contrario de sus predecesores, que escurrieron el bulto.
Esa es la actitud correcta. El Gobierno de Rajoy, con todos sus defectos, no se sienta en el banquillo. La democracia española, con todas sus imperfecciones, no tiene nada de lo que avergonzarse. Esto es un juicio para aclarar si hubo un golpe de Estado contra el orden constitucional, no para determinar si las cargas policiales fueron excesivas. Los testigos no están para dar explicaciones, sino para aportar su testimonio en aras de probar los delitos que se juzgan.