El sindicato Manos Limpias, acusación popular en el juicio de los ERE, ha retirado la acusación contra el expresidente de la Junta Manuel Chaves, el exinterventor Manuel Gómez y el exjefe del Gabinete Jurídico Francisco del Río, así como el delito de malversación para los 22 ex altos cargos procesados.
El abogado Rafael Prieto ha modificado sus conclusiones provisionales para retirar a todos los enjuiciados la acusación por delito de malversación -y con ello las penas de cárcel de entre 6 y 8 años a la que se enfrentan-, ante las "dudas jurisprudenciales y doctrinales" que en su opinión se han puesto de manifiesto sobre el subtipo de este delito aplicado a las conductas de los acusados.
Así, mantiene sólo las acusaciones de prevaricación -con petición de 10 años de inhabilitación- para los procesados, a excepción de Chaves, Gómez, Del Río y el exsecretario de Hacienda Antonio Estepa (adhiriéndose para este último a la retirada de la acusación del fiscal).
Respecto al exinterventor general, cree que su responsabilidad penal queda en "entredicho" cuando sus homólogos que han testificado en el juicio han declarado que "hubieran actuado exactamente igual" que él alertando en sus informes de irregularidades, pero sin elevar un informe de actuación que hubiera obligado a paralizar las ayudas al no detectar riesgo de menoscabo de fondos públicos.
Según el letrado, sus "errores" entran en el ámbito de las responsabilidades administrativas pero no penales como prueba el hecho de que "los interventores delegados de la Consejería de Empleo, con una actuación análoga, no han sido ni siquiera investigados".
En el caso de Chaves y Del Río, aunque el abogado de Manos Limpias considera que tiene "la intuición" de que pudieron ser informados de los hechos investigados, "no deja de ser una sospecha" sin haberse acreditado "indicios" de delito, por lo que para no causar perjuicio al principio de presunción de inocencia retira toda acusación contra ambos.
