Manos Limpias ha pedido ejercer la acusación popular en el caso Morodo, el del embajador de España en Venezuela durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La estrategia judicial, sin embargo, va más allá. Miguel Bernad, líder del pseudosindicato, busca desacreditar al juez que lleva la causa, Santiago Pedraz, el mismo que hace tres años decidió investigarle en el caso Ausbanc. En concreto, quiere que el magistrado le imponga una fianza para poder personarse lo que, a su juicio, sería una contradicción que podría utilizar en el procedimiento que se sigue en su contra.
Fuentes jurídicas consultadas por Vozpópuli han asegurado que el juez Pedraz ha trasladado la solicitud de Manos Limpias al Ministerio Fiscal antes de decidir si acepta la personación en el caso contra el exembajador Morodo y el monto a requerir como caución.
La decisión del pseudosindicato tiene lugar en medio de una retirada judicial. El equipo de Bernad ha pedido al juez Manuel García-Castellón, a cargo del caso Púnica, que le devuelva la fianza de 3.000 euros que abonó para ejercer la acusación popular en el procedimiento contra Francisco Granados. Lo ha hecho escasas semanas después de haber retirado su acusación del caso Pujol, entre otras cosas, por la imposibilidad de abonar la fianza de 20.000 euros requerida.
Esta vez, sin embargo, Manos Limpias ha decidido dar un paso al frente y solicitar su participación como acusación popular porque el encargado de la causa es el propio Pedraz. La intención: buscar una contradicción del magistrado. De aceptar su personación con fianza, expondrá la contrariedad del juez con situaciones contrarias en otros procedimientos, según ha dicho Bernad a este diario.
El líder del pseudosindicato ha insistido en que en el caso Ausbanc algunas acusaciones no tuvieron que abonar ninguna cantidad lo que, a su juicio, es una "situación irregular".
Bernad contra Pedraz
El secretario general de Manos Limpias no ha disimulado su inquina contra el juez de la Audiencia Nacional. Desde que el magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 1 decidiera investigarle en 2016, Bernad le ha llamado "mierda", "hijoputa" y "amoral", según revelaron unos conversaciones telefónicas intervenidas por orden judicial. Recientemente, ha cargado en su contra en una publicación en La Tribuna de España en la que exhorta al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a sancionar a Pedraz por "presunta prevaricación".
"El descaro burdo, maniobrero, sectario de meter en la cárcel a Miguel Bernad sin el más mínimo indicio solido de incriminación y dejar en libertad a Raúl Morodo y su hijo con pruebas contundentes, es tan grave y de tanta transcendencia en la credibilidad del poder Judicial que el CGPJ, si fuese independiente, tendría que suponer cautelarmente al Juez y con posterioridad exigirle responsabilidades penales", ha escrito el secretario general de Manos Limpias en el texto en el que se refiere a sí mismo en tercera persona.
Bernad se refiere al procedimiento que se dio a conocer el pasado 20 de mayo, cuando la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional llevó a cabo una operación contra una supuesta trama de blanqueo de dinero procedente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) que incluía registros en las oficinas de Raúl Morodo, quien fuera embajador español en Caracas durante el Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
Blanqueadores del dinero chavista
Aquella operación tuvo lugar en el marco de las pesquisas realizadas por la Fiscalía anticorrupción y el magistrado Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional. Cuatro personas fueron detenidas aquel día; una de ellas, Alejo Morodo Cañeque, hijo del exembajador. Una vez pasaron a disposición judicial, los cuatro quedaron en libertad con medidas cautelares; todos imputados por presuntamente blanquear en España el dinero que habrían facturado desde 2008 a altos cargos del entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez.
Aunque no había sido detenido, el exembajador Morodo también tuvo que responder ante el Ministerio Fiscal y finalmente se acordó la imposición de comparecencias semanales y la prohibición de salida del país.
Según ha podido comprobar Vozpópuli, el hijo del embajador de Zapatero constituyó una empresa opaca en Panamá pocos meses después de que el propio Raúl Morodo cesara como máximo responsable de la Embajada de Caracas. La escritura notarial a la que tuvo acceso este diario evidencia la firma de Morodo Cañeque y otros tres presuntos testaferros de nacionalidad panameña para la creación de Furnival Barristers Corporation, investigada por la Justicia española.
