El Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, ha insinuado que los ocho exconsejeros del Govern catalán encarcelados este jueves podrían haber evitado la prisión incondicional decretada por la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela si hubieran prometido acatar la Constitución y hubieran abandonado la "línea delictiva" de la República catalana.
"Si hubieran dicho que aceptaban la Constitución y que dejaban de estar en la línea delictiva, a lo mejor alguna cosa hubiera cambiado. Pero se han negado a responder a la Fiscalía", ha afirmado Maza en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press.
Maza ha explicado que la prisión incondicional solicitada por la Fiscalía se sustenta, sobre todo, por la "evidencia" de que el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y los otros siete exconsellers encarcelados seguirían cometiendo delitos "creando la hipótesis o sugestión de que existe la República independiente de Cataluña".
Sin embargo, Maza ha apuntado que la medida cautelar "no es una pena anticipada" y los miembros del Govern encarcelados mantienen su presunción de inocencia, recordando que su ingreso en prisión se fundamenta también en el riesgo de fuga y la posibilidad de destrucción de pruebas. "Y lo más importante, impedir el riesgo de reiteración delictiva", ha añadido.
Paciencia con el Govern
El Fiscal General del Estado también ha afirmado que el Estado de Derecho "bastante paciencia ha tenido" con el Govern independentista de Carles Puigdemont porque "los hechos arrancan hace dos años", y ha asegurado que no le produce "ninguna satisfacción" que "unas personas estén durmiendo sin sus familias en una prisión".
"Aquí ha habido unos hecho tan evidentes delictivos que no ha habido más remedio que actuar", ha explicado Maza. "El derecho penal siempre llega tarde porque se aplica cuando el delito ya se ha cometido", ha añadido.
Maza también ha asegurado "con rotundidad" que la actuación de la Fiscalía contra los miembros del Govern catalán se ha producido sin ningún tipo de injerencia del Gobierno de Mariano Rajoy, con el que asegura no haber tenido ningún tipo de comunicación. "Quién me quiera creer, que me crea", ha dicho para defender que el Ministerio Público es "absolutamente autónomo" y no se ha visto "instruido" para actuar contra el presidente cesado de la Generalitat y su gabinete.
"Hay datos para que cualquier observador vea que no hay sintonía en este caso entre el Gobierno y la Fiscalía. Le aseguro con toda rotundidad que yo no pido permiso al Gobierno. No me he visto presionado ni instruido", ha asegurado el Fiscal General del Estado
