El Ministerio de Pablo Iglesias, el de Derechos Sociales y Agenda 2030, no está involucrado en los asuntos sobre seguridad y estabilidad del Estado, sin embargo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha optado por forzar la Ley reguladora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para incluir al líder de Podemos en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia. Al igual que el resto de miembros, Iglesias tendrá a partir de ahora acceso a todos los secretos del Estado.
Tal y como informa el diario El Mundo, la negociación terminó el pasado 20 de febrero y está previsto que el próximo martes el Consejo de Ministros derogue el Real Decreto 1886/2011, que define la composición de la comisión en los mismos términos que la Ley del CNI, y apruebe uno nuevo.
La Ley 11/2002, reguladora del CNI, solo contempla que la Comisión de Inteligencia esté presidida por un vicepresidente del Gobierno, puesto que en principio ocupará Carmen Calvo. Además, establece a los ministros de Interior, Defensa, Economía y Exteriores, junto con el director del Gabinete de Presidencia del Gobierno, el Secretario de Estado de Seguridad y el director del CNI, como miembros permanentes de la comisión.
El Ejecutivo se acoge a que en la ley se define quién compone la citada comisión, pero no recoge que no se pueda a incluir a otras personas. "Podrán ser convocados a las reuniones de la comisión los titulares de aquellos otros órganos superiores y directivos de la Administración General del Estado que se estime conveniente", marca la Ley, que no se refiere a que estén presentes de forma permanente.
Comisión de Inteligencia
Entre las tareas que desempeña la Comisión de Inteligencia destaca la elaboración de la Directiva de Inteligencia, de carácter secreto y anualmente se entrega al CNI. En ella se recogen los objetivos a conseguir que, de ser aprobados por Pedro Sánchez, se incluyen en la directiva.
Además, la comisión sigue y evalúa periódicamente estos objetivos y las operaciones del centro. Asuntos como la crisis en Cataluña o los intereses económicos de España con Venezuela y Bolivia pueden tratarse en la Directiva de Inteligencia.
