La vicepresidenta del Grupo del PPE y portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha enviado este miércoles una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, para pedirle que “actúe” ante la Ley de Amnistía, una vez que ha sido publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado.
Tras haberla guardado el Gobierno en un cajón hasta que han celebrado las elecciones europeas, y una vez que la ley ha sido publicada, es cuando la Comisión debe poner en funcionamiento todos sus mecanismos y resortes para pronunciarse sobre su aplicación a los condenados y perseguidos por la Justicia por delitos tan graves como los de terrorismo y malversación de caudales públicos. En este sentido, la portavoz del GPP en el Parlamento Europeo ha trasladado su confianza en que la Comisión Europea comprenda la gravedad de la situación y las implicaciones de este ataque a los principios del Estado de derecho, no solo en España sino en toda la Unión Europea y “actúe en consecuencia para salvaguardarlos”. Así, Montserrat ha advertido a la Comisión de que “esta norma supone un ataque frontal al Estado de derecho en España con la que el presidente Sánchez solo busca borrar los delitos -incluidos los de corrupción y terrorismo- a otros políticos a cambio de permanecer en el poder”.
“Lejos del propósito de reconciliación con el que se ha tratado de justificar y como ya ha reconocido la Comisión de Venecia, esta ley resulta profundamente divisiva y ha generado un profundo rechazo en la clase política, en las instituciones, en el poder judicial, en la academia y en la sociedad española”, señala Montserrat.
La portavoz 'popular' en el Parlamento Europeo ha recordado a la Comisión que “esta ley no tiene cabida ni en la legislación española ni en la Constitución, algo que el propio Gobierno de España defendía antes de necesitar los votos de los que redactaron esta amnistía y son hoy los beneficiarios de ella”.
La Ley de Amnistía ha recibido un cuestionamiento unánime del mundo judicial por su clara y evidente inconstitucionalidad. Así, además de las críticas de la Comisión de Venecia —órgano consultivo del Consejo de Europa--, se han sumado las de los letrados del Senado que advirtieron de hasta 16 tachas de inconstitucionalidad en el texto, así como los de la Comisión de Justicia del Congreso, que censuraron su ilegalidad. A estas críticas se han sumado también el Consejo General del Poder Judicial, además de la mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales.
