La decisión del Gobierno en funciones de no pagar a las 17 comunidades autónomas los 4.739 millones de anticipo a cuenta por ingresos 2019 mientras no haya investidura va a obligar a todas ellas a un reajuste en los presupuestos para 2020 que muchas habían comenzado ya a elaborar para presentar en sus parlamentos a finales de septiembre, reconocen diversas fuentes consultadas por Vozpópuli.
Con el reparto de ese dinero, iban a hacer frente al pago de nuevos compromisos de gasto ineludible -por ejemplo, el incremento en 2,5% del sueldo de sus funcionarios- y ahora tendrán que sacar dinero destinado a otras inversiones, cuya finalización quedará pospuesta a los siguientes ejercicios.
Más allá de que el PP ha puesto el grito en el cielo por eso y ha pedido la comparecencia en el Congreso de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para explicar por qué no presenta un techo de gasto -fuentes de su departamento aseguran a este periódico que en funciones un Ejecutivo no puede-, lo cierto es que los anticipos se han convertido en un arma de presión a los barones del PP para que obliguen a Pablo Casado a abstenerse y facilitar la investidura.
Hoy he recordado que la Hacienda estatal adeuda 700 M€ a Galicia. Es un escenario sin precedentes en la financiación autonómica. No es comprensible que se traslade la situación nacional a las comunidades que sí contamos con estabilidad pic.twitter.com/gUQRPadmOI
— Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) July 30, 2019
El problema es que también afecta a las comunidades socialistas, que llevan cinco años dando la voz de alarma sobre los desequilibrios de un sistema caduco (desde 2014), que se instauró en 2009 vía negociación entre José Luis Rodríguez Zapatero y el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, y que ha acabado generando más desequilibrios que los que venía a combatir:
?️ Emiliano García-Page ha valorado el compromiso de Pedro Sánchez de presentar un nuevo modelo de financiación autonómica
▪️ Un plan que el presidente regional ha calificado de inevitable@gobjccm @garciapage @pscmpsoe pic.twitter.com/BtwLzmiOpS
— Noticias CMM (@CMM_noticias) August 6, 2019
Este lunes, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, señaló tras la entrevista de Pedro Sánchez en Valencia con los dirigentes de Compromís que "el primer real decreto" del futuro gobierno, antes o después de una eventual repetición de elecciones el 10 de noviembre, será la liquidación de los anticipos a cuenta para que las comunidades dispongan de tesorería. Y luego se pondrá a trabajar en la reforma del sistema de financiación para tenerlo listo "en ocho meses".
El propio presidente ha admitido, a su salida de la audiencia con el Rey Felipe VI en Marivent (Mallorca) que hay Comunidades y Ayuntamientos que necesitan "certidumbre y predictibilidad" en relación "a los objetivos de déficit, de deuda pública y, sin duda alguna, también en cuanto a los ingresos públicos" para avanzar en sus presupuestos 2020.
Fedea avisa en un informe que la no entrega de ingresos a cuenta pone en riesgo el cumplimiento del 0,1% de PIB como objetivo de déficit que impone Bruselas a las autonomías
Pero la realidad es que, hoy por hoy, tras afirmar la ministra Montero en febrero pasado que el rechazo a los presupuestos 2019 y la consiguiente convocatoria electoral no debía afectar a las comunidades -se comprometió a implementar vía decreto ley los 6.671 millones adicionales que incluían esas cuentas-, las 17 autonomías y los ayuntamientos van a tener que aprobar sus presupuestos sin disponer de ese dinero.
Los gobierno regionales estimaron en sus presupuestos para 2019 unos ingresos superiores en 7.756 millones de euros a los ingresos no financieros reales al cierre de 2018. Por eso ahora tienen pendiente de cobro 4.739 millones de anticipo a cuenta.
Y la fundación la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) avisa: ha elaborado un informe en el que alerta de que, pese a que el cierre del déficit en 2018 fue del 0,23 % del PIB, muy cercano al 0,1% que se les exige en 2019, la no entrega por el Gobierno en funciones de esos 4.739 millones va a complicar a muchas de ellas el cumplimiento de ese objetivo de déficit.
Algo en lo que ya se está aplicando la Generalitat de Catalunya ordenando a las empresas dependiente de la administración autonómica, como la corporación de medios audiovisuales, creando una fuerte alarma en el sector independentista, que recuerda que las últimas movilizaciones por los recortes en sanidad y educación aclipsaron la agenda de implementación de la fallida república catalana:
El Govern de Torra ordena recortes a empresas del sector público como la CCMA https://t.co/RuaWIWqm44
— e24diari (@e24diari) August 8, 2019
