El Congreso de los Diputados inicia este martes el proceso de reversión de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, bautizada por la oposición como 'ley mordaza', que el PP aprobó en solitario en 2015. Se trata de una de las normas emblema del Gobierno Rajoy, junto a otras como la reforma laboral o la LOMCE. Al igual que estas dos, va camino de ser reformada por el nuevo Parlamento. La Cámara baja aborda hoy la toma en consideración de sendas proposiciones de ley de PSOE y PNV para revertir aspectos fundamentales de la norma. La iniciativa saldrá adelante y puede que cuente incluso con la colaboración de los populares, que se han abierto a negociar cambios y han trasladado a los nacionalistas vascos que su propuesta puede ser "un buen punto de partida" para alumbrar un texto que genere más consenso.
La Ley de Seguridad Ciudadana fue la respuesta que dio el Gabinete de Rajoy a las protestas que se desencadenaron al inicio de su mandato y que generaron importantes disturbios callejeros. Entre otras cosas, endureció las sanciones para quienes se manifestaran ante las Cámaras parlamentarias sin permiso, difundieran imágenes de agentes de las Fuerzas de Seguridad u ocuparan ilegalmente la vía pública o viviendas ajenas. La oposición recurrió ante el Tribunal Constitucional parte de esa reforma y en noviembre aprobó una moción en el Congreso para emplazar al Gobierno a derogarla.
Ahora, se trata de ir un paso más allá e iniciar el trámite legislativo para acabar con ella. Los grupos contrarios a esta ley no esperarán a la resolución del TC y tampoco a ver si el Ejecutivo inicia por sí mismo la reforma, como le ordenó el Congreso que hiciera.
"Es conocida como 'ley mordaza' precisamente porque cercena derechos fundamentales, principalmente el derecho de reunión y manifestación y el derecho a la libertad de información, y trata de disuadir de su ejercicio, imponiendo una 'mordaza' a ciudadanos y medios de comunicación", indica el PSOE en la exposición de motivos de su iniciativa. Los socialistas añaden que "la ley además afecta a otros derechos también reconocidos en la Constitución, como el derecho a la dignidad de la persona, a su integridad física y moral, a la intimidad y a la tutela judicial efectiva", y critican que incluyera una disposición final "para permitir al Gobierno las devoluciones en caliente de inmigrantes en Ceuta y Melilla".
El PSOE quiere enterrar ya la ley de Jorge Fernández Díaz y volver a la de 1992 hasta que el Parlamento pacte un nuevo texto
Frente a eso, proponen una reforma "para que entre todos podamos elaborar, a lo largo de la tramitación parlamentaria, una ley respetuosa con los derechos y libertades fundamentales previstas en la Carta Magna, que asegure garantías y proporcionalidad en las sanciones de aquellas conductas que lesionen efectivamente o atenten contra la seguridad ciudadana". Hasta que eso ocurra, proponen derogar la norma del PP y volver a la anterior, aprobada en 1992 y conocida como 'ley Corcuera'.
La propuesta del PNV
El PNV, por su parte, plantea 44 modificaciones al texto de los populares con idéntico objetivo al de los socialistas: hacer una norma "más respetuosa con los derechos fundamentales y las libertades públicas". Entre ellas, están las de acabar con la catalogación de infracción grave para el uso no autorizado de imágenes de agentes o dejar de considerar infracción grave la manifestación ante las sedes de la soberanía nacional, aunque estas perturben la seguridad pública. Igualmente, proponen la reforma de las 'devoluciones en caliente' en la frontera.
Socialistas y nacionalistas vascos cuentan con el aval de Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, Compromís o EH Bildu, mientras Ciudadanos cree que la ley alumbrada por el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz es memorable en muchos aspectos, pero reniega de la derogación que propone el PSOE y prefiere consensuar una reforma amplia. En lo que sí coincide toda la oposición es en revertir la iniciativa de Fernández Díaz, algo que también negociará el PP.
Ciudadanos es crítico con la Ley de Seguridad Ciudadana del PP, pero prefiere alumbrar una nueva norma que volver a la de hace 25 años
Tras la toma en consideración, llegará el mucho más difícil proceso de pactar un texto de consenso. Se trata de una ley orgánica, que para ser aprobada requiere de la mayoría absoluta del hemiciclo. Cuando acabe el proceso de enmiendas parciales en Comisión que se inicia ahora, habrá de volver al pleno en busca de al menos 176 votos para ver la luz. Luego pasará al Senado y, si los populares utilizan su mayoría absoluta en esa Cámara para alterar los propósitos del Congreso, de nuevo tendrá que ser votada en la Cámara baja. Un trámite largo y complejo que concluirá, como pronto, a finales de este año.
De momento, el pleno de este martes vuelve a escenificar lo difícil que lo tiene el PP para gobernar en esta legislatura. El Congreso ya le ha tumbado un decreto ley, ha aprobado multitud de mociones para oponerse a medidas estrella de Rajoy y ha iniciado la reversión de algunas de las más importantes. Cada semana que pasa, el legado de la mayoría absoluta del PP sufre un nuevo jirón.
