“Como todo proyecto de ley, sin duda es mejorable; y el Gobierno está abierto a las propuestas de esta Cámara para que entre todos podamos incorporar a nuestro ordenamiento la mejor ley de las posibles”. Así acabó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, su defensa del texto de reforma de la contratación pública, que este jueves salvó su primer escollo parlamentario. PSOE, Ciudadanos y los soberanistas ayudaron al PP a tumbar la enmienda a la totalidad presentada por Unidos Podemos contra la iniciativa, pero al mismo tiempo anunciaron su intención de darle la vuelta como un calcetín en el proceso de enmiendas parciales. Las palabras de Montoro evidenciaban que el Gobierno contaba con ello.
El titular de Hacienda explicó durante media hora el proyecto de ley con que Moncloa transpone las directivas europeas que exigen implantar un modelo más transparente y garantista en los contratos de la administración. Bruselas decidió en 2014 impulsar una reforma global para evitar la corrupción, favorecer la competencia, simplificar los concursos y mejorar la eficiencia en la gestión de los mismos. España trata ahora de ajustar su regulación a esos principios, después de que el bloqueo institucional impidiera hacerlo el año pasado.
El texto elaborado por el Gobierno es largo y complejo, “farragoso” en palabras de diputados de la oposición. Consta de 233 páginas, 340 artículos, 58 disposiciones y 5 anexos. Salió del Consejo de Ministros el 25 de noviembre y se emprendió una tramitación exprés para cumplir lo antes posible con Europa. Plazos que criticaron colectivos de la sociedad civil y que finalmente se han alargado algo. Los grupos tienen hasta este jueves para elaborar sus enmiendas parciales, después de aprobarse desde diciembre sucesivas ampliaciones en los tiempos.
Los partidos de la oposición critican el lenguaje "farragoso" y la excesiva extensión de un proyecto de ley que consta de 340 artículos
La Mesa del Congreso también optó por un procedimiento que evitaba que la ley pasara por el pleno, pero la enmienda a la totalidad de Unidos Podemos obligó a que el hemiciclo debatiera y votara sobre ella la semana pasada. Además de tumbar esa iniciativa del grupo morado, la Cámara decidió que toda la tramitación quedara ya en manos de la Comisión de Hacienda y Función Pública. PP, PSOE y Ciudadanos votaron a favor de esto último, con el resto de fuerzas en contra.
Ofensiva del PSOE
En cualquier caso, todos los partidos se proponen transformar el proyecto de Montoro. Especialmente los socialistas, que ya tienen ultimadas más de 500 enmiendas parciales, para cuya aprobación buscarán el apoyo de otros grupos. María Jesús Serrano, parlamentaria que lleva la batuta en el tema, acusó el jueves al ministro de querer “pasar de puntillas” con la reforma, presentando un proyecto que “no es bueno” y debería incluir más herramientas para “agilizar los procedimientos”, ”fomentar la concurrencia” o asegurar la “publicidad y transparencia” en los contratos de la administración.
El PSOE considera que “no cumple ni alcanza los objetivos que la normativa comunitaria impone” y tampoco subsana las deficiencias que ya apreciaron el Consejo Económico y Social y el Consejo de Estado en el anteproyecto de la norma. Los socialistas creen que este texto no persigue el “impulso del emprendimiento” que significaría eliminar las trabas a la “participación de las pymes” en los concursos públicos, que muchas veces son vetadas en la práctica por unos plazos y condiciones imposibles para compañías que “no tienen los mismos medios” que las grandes.
Los socialistas se han reunido con más de 60 entidades de la sociedad civil para escuchar sus demandas ante la tramitación de esta norma
Ferraz tratará de consensuar sus enmiendas con el resto de grupos, pero también con la sociedad civil, forjando una ley que suponga un “pacto social contra la corrupción”. En las últimas semanas, se han entrevistado con más de 60 colectivos, que les han hecho llegar más 1.300 propuestas de enmiendas al proyecto de Hacienda.
Hay un punto de la norma especialmente comprometido: el de la creación de un órgano fiscalizador de la contratación pública. Las directivas comunitarias mandatan que se confeccione un órgano autónomo para esa tarea de supervisión, pero Hacienda ha salvado la papeleta encomendándosela a un ente que ya existe dentro del Ministerio. Ciudadanos se plantea cambiar este punto, entre otros muchos.
Los nacionalistas
El PNV, crítico con el procedimiento de urgencia elegido para tramitar una norma “de gran calado”, ve carencias en materia de transparencia, publicidad, contratación electrónica, fomento de la innovación, lucha contra la morosidad o criterios de adjudicación -es partidario de dar mayor protagonismo a baremos sociales y medioambientales-. El nacionalismo vasco presentará su propia cascada de enmiendas parciales para que esta “no sea una nueva oportunidad perdida”, en declaraciones de su diputada Idoia Sagastizábal.
También el PDECat prepara numerosas enmiendas ante el “intento de recentralización” que ve en la iniciativa del Gobierno, que es “ley, reglamento y algo más”, un “abuso excesivo de la legislación básica”. Son las palabras que usó su diputado Ferran Bel en la sesión del jueves, donde animó a los grupos a aprovechar la oportunidad de unir fuerzas para revertir el plan de Montoro: “tenemos la responsabilidad de modificarlo, la aritmética parlamentaria da para que lo podamos hacer”. Los independentistas plantearán también alteraciones en los “criterios de adjudicación” y en los “procedimientos” y creen que será mejor ampliar los plazos para poder forjar una buena norma.
La antigua Convergencia anima al Congreso a aprovechar "la aritmética parlamentaria" para darle la vuelta al proyecto de ley de Montoro
ERC y Unidos Podemos discrepan frontalmente de la 'Ley Montoro', aunque los republicanos fueran partidarios de iniciar ya el proceso de enmiendas para transformarla y los de Pablo Iglesias intentaran tumbar la tramitación pidiendo su devolución al Gobierno con la citada presentación de la enmienda a la totalidad. Concluida esa batalla, se sumarán al aluvión de enmiendas parciales de la oposición para tratar de cambiar todo lo posible el plan de Montoro, primera iniciativa legislativa que sale del Gobierno esta legislatura no como decreto sino como proyecto de ley.
