Además de perseguir filtraciones o revelaciones internas a la prensa (será ahora "infracción grave"), hay un elemento del nuevo régimen disciplinario de Podemos que está generado amplio rechazo entre las bases. Se trata de la posibilidad de que la Ejecutiva de Pablo Iglesias pueda suspender a los críticos por un período mínimo de un año y sin resolución de la Comisión de Garantías Democráticas estatal, el órgano teóricamente independiente que hace las veces de tribunal de la organización. Sería como "medida cautelar" dentro de un expediente sancionador.
En concreto, el artículo 77.7 de los nuevos Estatutos de Podemos dice que "el Consejo de Coordinación, tanto estatal como autonómico, podrá decretar de forma colegiada la suspensión cautelar de cualquier persona afiliada a Podemos cuando se hayan producido otras situaciones irregulares o perjudiciales para la imagen de Podemos que a juicio del Consejo de Coordinación merezcan tal medida, especialmente aquellas situaciones que tengan que ver con la gestión pública o la actividad parlamentaria, los procesos electorales y/o el correcto funcionamiento de los órganos de Podemos".
En relación a ello, dichos estatutos señalan que "la medida cautelar de suspensión de militancia será durante el tiempo necesario para el esclarecimiento de los hechos o las conductas objeto de expediente, y se entenderá fijada por periodos anuales prorrogables en tanto no hayan sido aclaradas las responsabilidades que pudieran o no derivarse". Será el propio Consejo de Coordinación, es decir, la Ejecutiva de Iglesias (15 miembros), la que notifique la medida al afectado y la suspensión será aplicada desde el momento de la notificación.
En este contexto, la principal denuncia de los críticos se basa en que los nuevos Estatutos dicen que contra la suspensión cautelar de militancia cabrá interponer un recurso "exclusivamente sobre su proporcionalidad" ante el pleno de la Comisión de Garantías Democráticas estatal. Es decir, no contra la suspensión propiamente dicha decretada por la Ejecutiva del partido.
De esta manera, los críticos con la dirección morada han alertado a las bases de que la cúpula de Iglesias "podrá suspenderte un año sin resolución de Garantías y tú solo podrás pedir que se rebaje el tiempo de sanción". Esta suspensión de militancia se adoptará dentro de un expediente disciplinario por la comisión de una infracción de las regladas en tales Estatutos. Una vez concluido el expediente, el tiempo que haya transcurrido de la suspensión cautelar "será en su caso computado a efectos de la sanción".
El afectado no podrá manifestarse ni llevar a cabo actuaciones en nombre de Podemos. Además, carecerá de derecho de sufragio activo como miembro de la Asamblea Ciudadana
Dicha medida cautelar implica que el afectado no podrá hacer manifestaciones ni llevar a cabo actuaciones en nombre de Podemos, ni tampoco representar al partido en ningún ámbito o foro, público o privado. Además, carecerá de derecho de sufragio activo como miembro de la Asamblea Ciudadana, la que conforman todos los afiliados.
La redacción de los nuevos Estatutos está siendo objeto de polémica en el seno de Podemos. La secretaría de Organización de Pablo Echenique era la encargada de trasladar los documentos aprobados en Vistalegre II el pasado febrero a dicho texto reglamentario. Sin embargo, tal extrapolación no ha respetado la literalidad de artículos clave de aquellos documentos. Es por ello por lo que la presidenta de la Comisión de Garantías, Olga Jiménez, y otros miembros de este órgano declararon nulos tales Estatutos. A raíz de ello, la respuesta de la Ejecutiva ha sido abrir un expediente disciplinario a Jiménez, dejando el tribunal en manos de un presidente interno, Argiro Giraldo, abogado colombiano y excandidato de la AD M-19.
De 13 comunidades
Hasta el momento, 45 miembros de las Comisiones de Garantías de 13 comunidades autónomas, la corriente Anticapitalistas -la tercera candidatura más votada en Vistalegre II- y el colectivo 'Profundización Democrática' han cuestionado estas maniobras del núcleo duro de Pablo Iglesias. 'Profundización Democrática' apoyó al abogado y diputado andaluz Juan Moreno Yagüe en su disputa con Iglesias por la secretaría general del partido y transaccionó propuestas organizativas con el equipo de Íñigo Errejón (Recuperar la ilusión).
