Más suelo, menos trabas burocráticas, más promoción, más rehabilitación y facilitar la llegada de inversiones. En definitiva, más oferta. Esas son las recetas del PP para que usted no pase de largo al ver los precios en el escaparate de la inmobiliaria de su barrio, o para que emanciparse no sea un hito que posponer hasta los 30, o para que los jóvenes llegados a la capital como a la Isla de Ellis no se queden tiritando tras pagar el alquiler, o para que las parejas jóvenes puedan alcanzar ese sueño españolísimo de proyectar la riqueza familiar sobre un piso. Para que, simplemente, la vivienda no sea un bien de lujo, sino algo más parecido a ese derecho contemplado en el artículo 47 del texto constitucional.
Al contrario que la mayoría de los debates en los que vive enzarzada la política, este sí tiene su eco en el bar de la esquina: según el CIS, la vivienda es la segunda mayor preocupación de los ciudadanos. Por ello, en plena ofensiva de su llamada agenda social, la intención de Alberto Núñez Feijóo es abanderar una nueva respuesta a un problema que está llevando a la parisificación de Madrid o a la imposibilidad generalizada de acceder a una hipoteca.
Paloma Martín (Madrid, 1970), senadora, diputada en la Asamblea de Madrid y vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, ha sido la encargada por Feijóo para pilotar el "plan integral" que los populares presentarán próximamente en el Congreso. Una estrategia que contempla la reforma de cuatro normas y una ley antiokupación que, registrada hace meses, Francina Armengol mantiene congelada en el Congreso. Es viernes y Martín espera a Vozpópuli en su despacho de la quinta planta de Génova para hablar de todo esto.
Pregunta. Antes de venir a la entrevista he mirado en Idealista pisos aspiracionales, pero me encuentro con cosas como 114 metros cuadrados, dos habitaciones, un millón y medio de euros. ¿Cómo hemos llegado a esta situación?
Respuesta. Hemos llegado a esta situación por ideas equivocadas. Las políticas tienen consecuencias, y cuando las políticas son equivocadas, las consecuencias son devastadoras. Esto es lo que ha ocurrido con la vivienda: se han dado todos los pasos para estrangular el mercado del alquiler. Se ha intervenido el mercado y se ha creado inseguridad en todos los pequeños ahorradores que han dedicado los ahorros de toda una vida a poner una casa en alquiler y tener, así, un complemento a su pensión. Se les ha creado una inseguridad tremenda. Hay que tener en cuenta que cuando uno tolera la okupación y la inquiokupación lo que está haciendo es desatender a los inquilinos y a esos pequeños ahorradores, a esos pequeños propietarios.
Cuando analizamos los datos, vemos que ha disminuido la oferta de alquiler un 15% y que se han incrementado un 13% los precios desde que entró en vigor la Ley de Vivienda; y si nos remontamos a cuando entró Sánchez en el Gobierno, un 32%. Un dato que es muy grave es que ha disminuido la inversión inmobiliaria en España un 36%, fruto de esa inseguridad jurídica que se ha creado. La okupación campa a sus anchas: son entre 15.000 y 17.000 los delitos y faltas al año relacionados con la okupación. Por lo tanto, tenemos un grave problema, y esto sólo cambiará si se produce un cambio de rumbo. Por eso el claro objetivo del plan de vivienda del Partido Popular: incrementar la oferta para que las familias y los jóvenes tengan más facilidades para acceder a una vivienda.
P. Entonces, ¿hay posibilidad de retorno? ¿Se pueden disminuir los precios o, al menos, volver a la situación anterior a esta espiral de precios tan brutal?
R. Si se cambian las políticas que nos han llevado hasta aquí, se pueden hacer las cosas de otra manera, gestionar de una manera eficaz, que es lo que no está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez.
P. Es duro decirlo, pero muchos jóvenes sólo contemplan la posibilidad de comprarse un piso tras ingresar una herencia. ¿Qué otras facilidades plantean?
R. Se han roto todos los sueños, se ha convertido la vivienda en un bien de lujo. Lo que nosotros queremos es llevar esperanza a esos jóvenes y a esas familias. Y lo hacemos con una gran apuesta por la vivienda de precio asequible. Es decir, por generar un parque público de vivienda para que los jóvenes puedan acceder a un alquiler hasta un 30% por debajo del mercado. Lo que proponemos es más oferta y menos burocracia, más oportunidades para las familias y menos okupación e inquiokupación.
P. El Gobierno prometió construir 184.000 viviendas en esta legislatura, si bien ha materializado un número ínfimo respecto a esa promesa. Sánchez llegó a decir que la vivienda sería "el quinto pilar del Estado del bienestar". ¿Cuántas viviendas prevén que tendrá ese parque público de viviendas del que me habla?
R. Las estimaciones del INE y del Banco de España dan una previsión de creación de hogares de entre 200.000 y 275.000. Hay que tener en cuenta que la vivienda que se crea puede ser o libre –la que crea la iniciativa privada– o vivienda protegida –de la Administración pública–. Aquí es muy interesante analizar los datos. Cuando hablamos de vivienda libre, aproximadamente, se generan al año 100.000 viviendas. Ha habido años, entre el 2000 y el 2009, en los que se construyeron 400.000 viviendas cada año. Cuando hablamos de vivienda protegida, sólo se han construido en toda España 8.600 viviendas protegidas en 2023, cuando hemos tenido años donde la construcción era de entre 70.000 y 80.000 viviendas. ¿Eso qué significa? Que tenemos que poner las condiciones para que se construya vivienda y se incremente, también, la rehabilitación de las viviendas que ya están en el mercado. Esto es muy importante, si no cada vez se agrandará más la brecha entre los hogares que se crean y la vivienda que se construye.
Nuestro objetivo es generar todas las condiciones adecuadas para la construcción de nueva vivienda. Y eso se hace poniendo suelo en el mercado y reduciendo las trabas burocráticas que hacen que los procesos de producción de vivienda sean muy largos, muchas veces, por encima de los cuatro años por las trabas administrativas que hay. Y, desde luego, favoreciendo que haya nuevos desarrollos urbanísticos en los entornos de las ciudades y que se rehabiliten los centros urbanos.
P. El miércoles dio las primeras píldoras del plan de vivienda en el que lleva meses trabajando. Habló de rebajar el índice de vulnerabilidad de los arrendatarios para facilitar el acceso al alquiler de las rentas más bajas, pero también protegiendo a los caseros. Explíqueme esto, ¿por qué fue esta la primera medida que anunciaron?
R. El PP protege a los inquilinos, a los propietarios y a las familias vulnerables. Lo que sucede es que los okupas a día de hoy tienen bula para todo. ¿Por qué? Porque se les considera vulnerables aunque cobren 1.800 euros. Esto tiene un efecto inmediato: se están pidiendo nóminas de 2.000 euros para poder alquilar, porque cuando una persona es declarada vulnerable tiene unos procesos de desalojo muy superiores. Se ha pervertido absolutamente el sistema. Lo que queremos es proteger al inquilino y al pequeño ahorrador. Y lo que no queremos es proteger al okupa, que es lo que ha hecho este Gobierno. Por eso, para evitar que se exijan nóminas de 2.000 euros para poder alquilar un piso, lo que proponemos es bajar ese rango de vulnerabilidad a 1.050 euros, el ingreso medio que tiene un joven en España. Por lo tanto, podemos bajar el IPREM
[Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples] desde las 3 a las 1'5 veces para no permitir que haya okupas que adquieran la condición de vulnerabilidad cobrando 1.800 euros al mes.
"Los okupas a día de hoy tienen bula para todo. Se les considera vulnerables aunque cobren 1.800 euros"Paloma Martín
P. Veo que da mucha importancia a la okupación y a la inquiokupación. ¿Tanto incide en el precio? ¿Tanta importancia tiene la okupación en que se hayan disparado los precios del alquiler?
R. Se producen al año entre 15.000 y 17.000 delitos y faltas relacionadas con la okupación. Hay 80.000 viviendas en España okupadas de forma ilegal. Y a esas hay que sumarles las 25.000 viviendas inquiokupadas, un fenómeno nuevo que deriva de los inquilinos que dejan de pagar las rentas. Los expertos vienen a decir que se está convirtiendo en algo crónico. El efecto de estas okupaciones es que ese pequeño ahorrador, propietario, ante la inseguridad jurídica y ante el riesgo de que okupen su vivienda y tener que pelear en los juzgados durante meses –muchas veces, años– para poder recuperar su posesión, retira la vivienda del mercado del alquiler. Por eso ha bajado el número de viviendas en alquiler un 15% sólo desde la aprobación de la Ley de Vivienda.
P. ¿Y no hay algo de psicosis social con la okupación?
R. 80.000 viviendas okupadas y 25.000 viviendas inquiokupadas generan un efecto devastador. Primero, porque están abusando de los ahorros de una persona que ha dedicado toda una vida a comprar un piso y ponerlo en alquiler. Es decir, están atacando la propiedad privada. Segundo, porque generan malestar entre los vecinos. Y, tercero, porque muchas veces generan inseguridad en los barrios. Hay que recordar, además, que donde más se produce la okupación y la inquiokupación es precisamente en barrios con rentas medias y bajas. Por lo tanto, a quien más perjudica es a las clases medias, algo intolerable en cualquier democracia avanzada. Cuando vamos fuera de España y contamos a nuestros compañeros europeos que aquí hay un problema de okupación, no dan crédito. Cuando les decimos que se tarda 21 meses en recuperar la propiedad, no se lo pueden creer. Con Sánchez se ha pasado de recuperar la propiedad en 11 meses a recuperarla en 21 meses. Por lo tanto, esto lanza un mensaje de inseguridad hacia esos pequeños ahorradores y desincentiva la inversión en la construcción de vivienda. Por eso también se ha reducido no sólo la oferta de pisos, sino la inversión para construir vivienda en hasta un 36%.
P. También dio el otro día un dato curioso: que con el dinero del cupo catalán se podrían construir 100.000 viviendas. ¿Puede desarrollar esa idea? ¿Cómo es el argumento?
R. Los cálculos que ha hecho Fedea en relación a lo que supondría el cupo separatista los dividimos entre lo que cuesta construir una vivienda con un precio medio, que son 113.000 euros –según datos públicos–, y arroja una cantidad algo inferior a 100.000 viviendas. Es decir, que si el Gobierno cumpliera con sus propuestas y hubiera generado el parque que señaló de 183.000 viviendas y le sumáramos las 100.000 del cupo separatista, estaríamos hablando de casi 300.000 viviendas que podrían estar ya a disposición de los ciudadanos, de los jóvenes, de las familias que más lo necesitan. Es lamentable que no sea así. Es lamentable que tengamos un presidente del Gobierno que sobrevive en la Moncloa a costa de los demás y a costa de aceptar el chantaje de los separatistas.
P. Plantean la reforma de cuatro leyes y sacar adelante una ley antiokupación. Cuando se propone la ley, el fin último es aprobarla. ¿Cree usted que sus propuestas pueden llegar de veras a buen puerto?
R. El PP presentó y aprobó en el Senado una proposición de ley antiokupación, precisamente, para desalojar a los okupas en 24 horas.
P. La misma que tiene congelada Francina Armengol en el Congreso.
R. Esa es la ley que tiene la presidenta del Congreso sin tramitar. Sánchez, un presidente del Gobierno al que le sobra el Poder Legislativo, desprecia la voluntad del conjunto de los ciudadanos que está representada también en el Senado. Esto es de una enorme gravedad. Además, el PP, que no sólo hace esa labor de oposición al Gobierno, sino que también pone encima de la mesa soluciones, ha anunciado en este plan de vivienda una ley con medidas para reformar cuatro leyes. Es una ley absolutamente ambiciosa, reformista, que va a suponer un antes y un después. Vamos a proponer la reforma de la Ley del Suelo para dar una seguridad jurídica que a día de hoy se ha perdido. Pero también vamos a reformar aquellos nudos que están estrangulando el mercado de la vivienda, que es lo que recoge la vigente ley aprobada por el señor Sánchez. Lo que son las declaraciones de zona tensionada o del índice de precios de los alquileres que están causando un enorme daño.
P. Me llama la atención que ha mencionado a Bildu, ERC y Podemos como culpables del "fracaso" de la política de vivienda. Y no sólo porque votasen a favor de la Ley de Vivienda hace 16 meses, sino también porque no cita ni al PNV ni a Junts, quienes tendrían que ser los compañeros de viaje para poder aprobar esta ley. ¿Han hablado ya con ellos?
R. El Gobierno ha elegido a sus compañeros de viaje, y ha querido desde el principio que sus socios preferentes fueran Bildu, ERC y Podemos. Nosotros somos un partido que lleva en su programa electoral un pacto de Estado por la vivienda, porque somos conscientes de que se trata de una política que requiere de estabilidad, y que es una política que surte sus efectos a medio y largo plazo. Por lo tanto, buscamos ese acuerdo mayoritario no sólo con los grupos parlamentarios, sino también con las comunidades autónomas y las entidades locales.
P. Pero estando las trincheras tan claramente definidas –con una alternativa basada en aumentar la oferta, rehabilitar viviendas y disponer de más suelo para crear nuevas promociones frente a un Gobierno cuya principal apuesta es topar los precios del alquiler–, parece evidente tendrán que buscar a Junts y el PNV.
R. Nosotros hablaremos con todos los grupos parlamentarios cuando registremos nuestra iniciativa. Pero, sin ninguna duda, se han puesto de manifiesto dos modelos diferentes: el de intervenir el mercado y el de promover la construcción y la habilitación de viviendas para que haya más oferta y que los jóvenes y las familias puedan acceder más fácilmente a una vivienda. Hablaremos con todos los grupos en la dinámica ordinaria de tramitación de las leyes que llegan a las Cortes.
P. ¿Y no serían PNV y Junts los más proclives?
R. Hablaremos con todos los grupos políticos y esperemos que algunos de ellos reflexionen.
P. Creo que van a seguir el mismo camino que con la Ley de Conciliación y anunciarán por goteo las medidas propuestas. ¿Me puede anticipar alguna? ¿Cuál será la medida estrella del plan de vivienda del PP?
R. Hemos ido anunciando distintas medidas. La primera de ellas la anunció el presidente Feijóo, proponiendo unas deducciones muy importantes para los jóvenes en el IRPF durante cuatro años cuando entraran en el mercado laboral. Pero tenemos más medidas, como la bonificación del 100% cuando haya una donación por parte de un familiar a un hijo para independizarse, alquilar una vivienda o comprarla. También proponemos deducciones en el IRPF para aquellos pequeños ahorradores que pongan en el mercado su vivienda cuando lleve dos años en desuso. Proponemos seguros de impago, precisamente, para favorecer y dar tranquilidad y seguridad a esos pequeños ahorradores y propietarios.
Además, acompañamos esas medidas fiscales con otras propuestas. ¿La más importante? Generar un gran parque público de viviendas asequibles poniendo suelo que tienen las Administraciones públicas a disposición del mercado para que se construya vivienda, se explote, se gestionen los arrendamientos durante un periodo largo de 70 años y se ofrezcan a los ciudadanos a un precio hasta un 30% inferior al del mercado. Esa es nuestra gran apuesta: incidir en la generación de oferta de viviendas. Y a la pregunta de cómo se hace eso: más suelo, menos trabas burocráticas, simplificación, más promoción, más rehabilitación y facilitando que las inversiones puedan llegar.
P. ¿Qué tal fue ayer [por el jueves] la reunión sectorial de Vivienda? No sé si hablado con los 11 consejeros del PP presentes en la reunión con la ministra Isabel Rodríguez.
R. La ministra amenazó la semana pasada a las comunidades autónomas con recortarles los fondos si no declaraban las zonas de mercado tensionado. Incluso las acusó de incumplir la ley, cuando las comunidades autónomas cumplen la ley declaren o no zonas de mercado tensionado. De hecho, comunidades autónomas como Castilla-La Mancha, Asturias o Navarra [las tres gobernadas por el PSOE] no han declarado zonas de mercado tensionado, y lo hacen en cumplimiento de la ley, igual que las comunidades gobernadas por el PP. Pero la ministra –forzada por las comunidades autónomas, que le pidieron esa rectificación– ha tenido que cambiar de opinión en esta ocasión. Ayer dijo a los consejeros que no era una amenaza para no darles fondos, sino, simplemente, que iba a dar fondos extraordinarios a aquellas comunidades autónomas que sí declararan zonas de mercado tensionado. Para nosotros, en cualquier caso, ahonda en un diagnóstico equivocado y en una propuesta que allá donde se ha llevado a cabo ha dado como resultado menos casas para alquilar y más caras. Ese diagnóstico y ese resultado está avalado por todos los estudios económicos, desde el Banco de España hasta el Fondo Monetario Internacional, Fedea o el Instituto de Estudios Económicos Avanzados, que coinciden en señalar que la intervención del mercado del alquiler produce una disminución de la oferta y un incremento de los precios. Si hay menos casas para alquilar, subirán los precios si la demanda se mantiene.
P. ¿Habla con la ministra Isabel Rodríguez? ¿Tiene algún tipo de interlocución con ella?
R. Sí, en las relaciones ordinarias con el Gobierno tenemos interlocución. Por supuesto, es nuestra obligación, es responsabilidad de los grupos parlamentarios y de los diputados y de los senadores hablar con el Gobierno. Sí nos gustaría que el Gobierno, antes de tomar medidas, tuviera a bien llamar a quien es la alternativa al Gobierno. Hay que tener en cuenta que cuando el Consejo de Ministros aprueba la reforma de la Ley del Suelo y la lleva al Congreso de los Diputados, lo hace sin hablar ni con el sector, ni con las comunidades autónomas, ni con quienes somos la alternativa del Gobierno. Luego, en dos ocasiones, se ha visto obligado a retirar esa reforma de la Ley del Suelo. La primera vez, la retiró el Gobierno; la segunda, el PSOE.
"La vivienda en España siempre ha sido la hucha de las familias, y eso hay que respetarlo"Paloma Martín
P. Siempre he escuchado que, a diferencia de otros países de Europa donde el alquiler es mayoritario, los españoles dan mucha importancia a poseer una vivienda. ¿Hay algo de cultural, de genuinamente español, en el hecho de querer tener un piso en propiedad?
R. Sí, cuando nos comparamos con nuestro entorno europeo los datos lo dicen: en España hay un mayor porcentaje de propietarios. Eso va con la forma que hemos tenido a lo largo de los años de afrontar nuestras rentas futuras. La vivienda en España siempre ha sido la hucha de las familias, y eso hay que respetarlo. Lo grave es que quien quiera poder comprar un piso no pueda hacerlo, y que quien quiera alquilar un piso tampoco pueda hacerlo. Eso es lo que a nosotros nos preocupa, lo que hay que revertir para que las familias, los jóvenes, puedan alquilar o puedan comprar. Porque siempre se ha entendido que la vivienda forma parte de una decisión personal y que, en muchos casos, es la hucha de las familias.
