La gestora abrió ayer expediente a los 15 diputados del PSOE que el sábado mantuvieron su ‘no’ a la investidura de Mariano Rajoy. La opinión mayoritaria en ella es que no conviene aplicar medidas demasiado severas contra ellos, por lo que es probable que todo acabe en una simple multa que el reglamento del grupo socialista prevé puede llegar, como máximo, a los 600 euros. Sin embargo, algunas voces del partido creen que no conviene tanta tolerancia, pues han sentado un precedente peligroso que puede acarrear nuevos problemas cuando lleguen dos debates estelares: el de la reforma de las pensiones y el de la reforma laboral.
En el PSOE hay opiniones enfrentadas sobre la dureza del castigo que debe aplicar a los diputados desobedientes
Una de las diputadas que mantuvieron el ‘no’ a Rajoy hasta el final, la magistrada en excedencia Margarita Robles, avanzó ayer que esta indisciplina de voto obedeció a una “situación excepcional” que no tiene por qué volver a repetirse en el futuro. Sin embargo, hay otras voces dentro de su grupo parlamentario que no dudan de que el mismo episodio suceda de nuevo, teniendo en cuenta las enormes diferencias que separan al PSOE del PP en ambas reformas y la tentación que los socialistas pueden tener de marcar bien su impronta en políticas san sensibles como las que afectan al mercado laboral y a los pensionistas.
El PP encontró serios problemas con Ciudadanos para aunar posiciones en ambas áreas. A pesar de que el partido de Albert Rivera defendió el contrato único, al final no quedó plasmado en su acuerdo con los populares, pues se limita a contemplar la reducción a tres de las modalidades de contratación: la indefinida, la ‘protección creciente’ y la de formación. Sin embargo, los socialistas proponen que cualquier contrato temporal de una duración superior a los tres años se convierta automáticamente en indefinido.
En su intervención del sábado en el Congreso, Mariano Rajoy dejó claro que no piensa deshacer la reforma laboral, en contra de lo que le exige el PSOE. En el Gobierno se opina que en esta reivindicación, los socialistas siempre han jugado con bastante demagogia, entre otras razones porque ellos fueron los primeros que abarataron el despido en 2011, hasta el punto de provocar una huelga general y echarse encima a los sindicatos.
Desacuerdo sobre las pensiones
En las pensiones tampoco va a ser fácil sumar a los socialistas al acuerdo, al menos a un sector considerable de ellos. Rajoy se ha comprometido a convocar antes de fin de año el Pacto de Toledo y aunque el PP coincide con el PSOE y Ciudadanos en la necesidad de ajustar con cierta urgencia el modelo para hacerlo sostenible, las desavenencias son grandes y han venido alimentadas por un continuo cruce de acusaciones de maltrato a los pensionistas.
El PP ha manejado la idea de introducir un fondo de capitalización al estilo de la polémica “mochila austríaca”, pero será muy complejo llegar a un acuerdo sobre quien paga este modelo, si los trabajadores o las empresas. Además, el actual Gobierno en funciones maneja la posibilidad de prolongar voluntariamente la vida laboral más allá de los 67 años fijados por la ley, mediante incentivos que permitan hacerlo mientras al mismo tiempo se cobra la pensión.
Presionado en todos estos debates por Podemos, el PSOE se verá en la obligación de llegar a un equilibrio entre las posiciones que debe mantener como partido de Gobierno y, al mismo tiempo, como primera fuerza de la oposición. “Serán momentos muy delicados para nosotros, en los que pueden volver a surgir los problemas de desobediencia dentro del grupo parlamentario”, admiten fuentes socialistas. Eso explica la controversia interna que ha suscitado el carácter de las sanciones que deben aplicarse a los diputados que no acataron el mandato del comité federal en la investidura.
La gestora solo puede castigar a seis de los 15 diputados ya que el resto son del PSC o no militan en el partido
El protocolo del PSOE establece que corresponde al máximo órgano del partido entre congresos fijar la dureza del castigo, que puede ir desde multas de entre 200 y 600 euros hasta la expulsión del grupo parlamentario, algo que ahora solo puede aplicar la gestora, comité federal mediante, a seis de los 15 diputados levantiscos ya que dos de ellos no militan en la organización y siete lo hacen en el PSC.
